El organismo oficial es el encargado del control en los proyectos de exploración y explotación de minerales.
Por Walter Ríos
Cerro Amarillo. Es el nombre de la escombrera que la minera Los Pelambres armó en Chile y en parte de la cordillera calingastina, sin autorización de Argentina. Por orden judicial, la empresa viene retirando millones toneladas de rocas.
De 2006 a 2012, la empresa Los Pelambres sacó unas 40 millones de toneladas de rocas de su mina en Chile y las arrojó en suelo calingastino, en el yacimiento de cobre que tiene bajo concesión la compañía Pachón SA. En la investigación por la construcción de la escombrera y su riesgo contaminante, en la Justicia Federal ahora pusieron la lupa en la Policía Minera. El fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo pidieron informes al Ministerio de Minería dado que quieren determinar si el organismo estaba al tanto de lo que ocurría, si sabían que se trataba de territorio argentino y si hicieron los controles en el emprendimiento que se encuentra en exploración. De lo que surja del análisis de la información, el representante del Ministerio Público o el magistrado definirán si se debe o no investigar a uno o más funcionarios de esa época por algún tipo de responsabilidad, negligencia u omisión en la tarea de verificación, explicaron fuentes vinculadas a la causa.
El dato surgió luego de que Rago Gallo indagara a tres exdirectivos de Pachón SA, que cumplieron funciones en la empresa mientras se armó la montaña de escombros (Ver recuadro). La sospecha contra los exjerarcas es que no hicieron nada para evitar que se construyera la escombrera dado que Los Pelambres estuvo depositando millones de toneladas de rocas en el área que tienen en concesión y bajo custodia. Desde Pachón presentaron la demanda contra la minera chilena en 2014 y un año después hicieron la denuncia. En la causa ya están imputados (y a la espera de la resolución de su situación procesal) ejecutivos de la minera chilena, que se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
Como la investigación está abierta, tanto el juez como el fiscal pueden ampliarla hacia otros supuestos implicados. Las fuentes indicaron que Maldonado le solicitó medidas a Rago Gallo y que este le hizo lugar, entre las que se encuentran informes sobre la actuación de la Policía Minera durante el lapso en el que se armó la escombrera. Entre sus funciones, el organismo oficial ejerce el control sobre los trabajos de prospección, exploración, explotación y procesamientos de minerales. Los investigadores buscan establecer si hay o no responsables de algún accionar negligente o una omisión en el control. En ese punto, bucearán sobre qué chequeos se realizaron y dónde y si se conocía, por ejemplo, que la escombrera estaba en suelo argentino. Si encuentran alguna irregularidad, se formalizará recién una sospecha y una imputación contra uno o varios supuestos implicados. En cambio, si no hay nada y el accionar fue el correcto, no es necesaria ningún tipo de resolución dado que no habrá responsables y la causa seguirá tal cual está hasta el momento.
Como están sacando las rocas, en Los Pelambres analizan pedir la extinción del caso.
Retiro
Tras la orden judicial, la minera Los Pelambres ha sacado 13 millones de toneladas de rocas de las 40 millones que conformaban la escombrera. A ese ritmo, desde la empresa calculan terminar antes del plan presentado en la Justicia Federal.
Sanción
Por la escombrera, el Gobierno sanjuanino le aplicó a la empresa Pachón SA la sanción más dura que contempla el Código de Minería. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos, entre los que se encuentra la falta de protección ambiental.
Los descargos de exdirectivos de Pachón
Luis Enrique Lucero (exdirector titular de Pachón SA) y Julián Patricio Rooney (exvicepresidente) fueron los que completaron la ronda de indagatorias por la investigación de la construcción de la escombrera. Ambos explicaron que no tenían conocimiento sobre el depósito de los residuos, ya que ninguno trabajó en la zona, dijeron fuentes calificadas. Es que Lucero se encargaba de la parte administrativa y legal, mientras que Rooney lo hacía en el área contable.
La semana pasada, el juez Rago Gallo había interrogado al expresidente de la empresa, Xavier Luis Ochoa Paressini. El exgerente estaba al frente de Pachón cuando se dio el armado de la escombrera. Sin embargo, manifestó que no estaba claro el límite entre Argentina y Chile, por lo que no podía saber si los desechos estaban de un lado o de otro o dentro o fuera de la propiedad cuando se arrojaron.
Fuentes calificadas explicaron que los límites entre ambos países están establecidos desde el año 1900. Los tres están en la mira por el delito de contaminación. El que falta es Robert Frank Drabik, quien fue gerente y aún no puede ser localizado
Diario de Cuyo
