San Juan/intereses cruzados: Se arma un grupo de dueños de campos para pulsear con las mineras por los pagos legales

Es una asociación de superficiarios, que se consideran afectados porque dicen que las empresas dueñas de las exploraciones les adeudan dinero. La pulseada entre privados por el pago de lo que el Código Minero establece como responsabilidad a las empresas mineras que exploran y explotan la superficie, ha ganado un nuevo eslabón.

Es una asociación de superficiarios, que se consideran afectados porque dicen que las empresas dueñas de las exploraciones les adeudan dinero.

La pulseada entre privados por el pago de lo que el Código Minero establece como responsabilidad a las empresas mineras que exploran y explotan la superficie, ha ganado un nuevo eslabón.

Acaban de anunciar la constitución de la Asociación de Superficiarios Mineros de San Juan, una entidad integrada al menos por cuatro propietarios de campos que vienen reclamando hasta ahora sin éxito que esas empresas dueñas de las concesiones cumplan el pago legal de servidumbre de paso, daños o perjuicios.

Según ellas, las empresas que operan en sus propiedades mayoritariamente no han cumplido con esa obligación legal establecida por el Código Minero de la Nación, y por ese motivo han conformado este grupo para avanzar con el cobro, en este cruce que se da entre privados: las empresas por un lado y los dueños de la superficie por el otro.

En la Argentina, el sistema de exploración y explotación de minerales está regido por el Código Minero, que establece una serie de normas para la adjudicación de las áreas, que luego realiza cada provincia. Ese sistema consiste en que la autoridad de aplicación ?es decir, las provincias- son las que otorgan las concesiones en las áreas que, exploración previa, revelan potencial de explotación de minerales, pero suele ocurrir que esas áreas de concesión caen en terrenos privados.

Según la ley, la autoridad otorga acceso al yacimiento, pero la empresa debe abonar al dueño del terreno los conceptos de servidumbre de paso (los caminos que debe abrir para llegar hasta el lugar) y daños y perjuicio (por los movimientos de tierra, etc.).

Pero el problema es que no está claramente establecido cuál es el monto a calcular por esos tópicos, y en consecuencias se desatan largas diputas legales que concluyen en que esos pagos no se realizan. Por ese motivo es que ahora los dueños de los terrenos están haciéndose escuchar para reclamar lo que legalmente les corresponde.

El que hizo punta es el emprendimiento Campo Cortez Monroy (CCM), una estancia calingastina que tiene en sus entrañas a varios de los potenciales grandes proyectos sanjuaninos, como Altar, Azules, Campos de Araya o Pachón. El abogado apoderado de esa propiedad, Gabriel Guevara, viene presentando expedientes de cobro ante esas empresas de manera sistemática, hubo algunas audiencias de conciliación, pero el procedimiento sigue empantanado. Según sostienen, las mineras que aparecen debiendo esos conceptos son: Argentina Minera, que cedió a Fortescue algunas áreas o Peregrine Metals (Altar).

Lo que intentan es bloquear los traspasos de esas concesiones de una empresa a otra, que es la modalidad preferida de estos activos mineros que se convierten en un gran valor financiero por su potencial de compra-venta pero jamás alcanzan categoría de proyecto de extracción, como atestiguan los años ?décadas- que tienen estos proyectos como valor hipotético pero nunca alcanzan a concretarse.

Lo que sostienen los abogados de los campos es que ante esos eventuales incumplimientos con los pagos legales a los dueños de los campos, esos cambios de manos de proyectos que se realizan en los grandes mercados mineros mundiales no podrían realizarse. Lo que, de algún, modo, sintoniza con la nueva pretensión de la conducción minera provincial, que es obligar a los dueños de los proyectos de exploración a convertirlos en verdaderas explotaciones que ofrezcan puestos de trabajo y generen riqueza exportable, un punto en el que se viene muy rezagados.

Mientras esos expedientes de cobro entre los privados permanecen en la autoridad de aplicación ?el Ministerio de Minería- que ya convocó a audiencias de conciliación, que aún no ofrecieron acuerdos definitivos pero al menos sentó a ambos sectores a la mesa, los superficiarios decidieron unirse para poder hacerse escuchar con más fuerza y defender sus intereses.

Justamente Guevara es el líder de la agrupación en conformación junto a otra abogada, Sandra Alanis Sabag, en la sede social de Santa Fe 58 Este departamento 3. Hay al menos otros tres dueños de superficies, pero sostienen que hay más interesados y que se mantienen en contacto con la federación nacional de entidades que manejan los mismos reclamos pero con la actividad petrolera

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