San Juan/Ley de Glaciares: los cuatro proyectos de cobre sanjuaninos que podrían limitar su crecimiento si no se aclara la norma

La Nación incluyó la Ley de Glaciares en las sesiones extraordinarias. San Juan espera una definición que destrabe miles de millones en inversiones.

Por Elizabeth Pérez

El gobierno de Javier Milei convocó este lunes a sesiones extraordinarias en el Congreso e incluyó entre los temas a tratar el proyecto de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial -Ley 26.639-, que será enviado en los próximos días.

En el Gobierno de San Juan celebran el anuncio: la falta de definiciones precisas en la normativa vigente mantiene en jaque a los principales proyectos de cobre de la provincia. Hay cuatro emprendimientos estratégicos que requieren inversiones multimillonarias y que no avanzarán hacia la etapa productiva algunos o en sus futuras expansiones otros, hasta que exista una ley que clarifique los criterios técnicos: Pachón, Altar y Los Azules, en Calingasta; y Vicuña (que integra Josemaría y Filo del Sol), en Iglesia.

Fuentes oficiales repitieron a Tiempo de San Juan lo que el Ministerio de Minería provincial ha advertido en reiteradas oportunidades: mientras persistan las ambigüedades de la Ley de Glaciares, los proyectos no pueden dar los próximos pasos, porque no saben con precisión dónde están parados.

El Pachón y el glaciar de roca

El caso más emblemático es El Pachón, en Calingasta. Con la ley actual, el proyecto ni siquiera puede presentar su Informe de Impacto Ambiental, debido a la presencia de un glaciar de roca dentro de su área.

El CEO de Glencore, Martín Pérez de Solay, explicó a Tiempo de San Juan el 19 de noviembre pasado que los estudios realizados por la UNSJ concluyeron que ese glaciar “no tiene funciones hídricas por su composición y por la forma en que está”.

Añadió que “se hizo todo un estudio que muestra cuál es el proceso que sucede dentro del glaciar de escombros. No es un glaciar como tal; es un glaciar de escombros, lo que se denomina zona periglacial”.

Aunque la provincia cuenta con estudios que indican que ese glaciar de roca no contiene agua ni cumple funciones hídricas, la empresa evita presentar el informe ambiental porque teme que no sea aprobado. Una alta fuente oficial lo resumió así: la provincia no podría siquiera recibir ese informe hasta que la ley esté definida.

Pérez de Solay insistió en que la normativa vigente genera incertezas: “La forma en que la ley está escrita hoy genera un montón de incertidumbre y suspicacias en un país donde el reclamo judicial suele frenar cosas de la noche a la mañana”. Glencore presentó el proyecto al RIGI en agosto, con una inversión inicial prevista de US$ 9.500 millones.

Vicuña y el conflicto de inventarios

Vicuña, operado por Vicuña Corp. (alianza entre BHP y Lundin), es el proyecto de mayor inversión: promete un desembolso de US$ 15.000 millones mediante el RIGI. Ya obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para su primera fase y cuenta con una proyección productiva superior a los 50 años.

El problema aparece en la etapa de expansión de Josemaría, donde las fuentes indicaron que existe un glaciar de roca cuya existencia es controversial: figura en el inventario nacional del Ianiglia, pero no en el inventario elaborado por la provincia. Esa discrepancia debe ser resuelta para que el proyecto pueda avanzar.

Altar y Los Azules, las trabas

Altar: Operado por Aldebarán Resources, Altar está en etapas preliminares. En octubre presentó su Estudio Económico Preliminar, que estima una inversión de US$ 1.590 millones para producir cobre durante 50 años. Según las fuentes, también en este caso existe un glaciar de roca en el área donde se proyecta una ampliación futura, lo que obliga a esperar definiciones de la ley.

Los Azules: El proyecto calingastino de McEwen Copper cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental para su fase inicial, y se preve que avanzará sin conflictos. Además, cerró su estudio técnico y proyecta iniciar construcción en 2026, producir en 2029 y obtener su primer cátodo en 2030. Su inversión total asciende a US$ 3.170 millones, luego de ser aprobado dentro del RIGI. Pero, al igual que los demás, su expansión futura se enfrente con un glaciar de roca. Para avanzar en esa zona necesitará que la ley nacional establezca definiciones claras.

Inversiones frenadas y sus efectos

La minería en San Juan está hoy condicionada a que el Congreso avance en una norma aclaratoria que elimine las barreras técnicas y legales derivadas de la ambigüedad actual.

Los gobernadores de las provincias mineras que impulsan el desarrollo del cobre -con Marcelo Orrego como una de las voces más firmes- impulsan una ley que no modifica el espíritu central de la Ley de Glaciares, sino que busca precisar definiciones para distinguir correctamente glaciares, glaciares de roca y zonas periglaciales.

El mayor conflicto está en el término “ambiente periglacial”, definido hoy de manera tan amplia que incluye zonas donde a veces hay glaciares y a veces no.

También se pretende reafirmar que las provincias poseen la potestad sobre sus recursos naturales, un principio establecido en la Constitución argentina.

En síntesis, una normativa tan restrictiva como la vigente hace 15 años tiene efectos concretos: frena la mayoría de los proyectos de cobre, en un momento en que el mundo demanda ese mineral para la transición energética. Y lo que está en juego no solo es inversión: son empleo, divisas y el desarrollo económico de San Juan

Tiempo de San Juan