La medida del Gobierno nacional de aplicación de retenciones a las exportaciones no cayó bien en los sectores productivos, quienes en el marco de la crisis económica, ahora deben afrontar el pago de los aranceles que el mismo presidente Mauricio Macri, desde San Juan en 2016, había dejado sin efecto. Tras escuchar cómo afecta esta nueva decisión a la mayoría de los exportadores, el gobernador Sergio Uñac pidió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que considere extender el plazo de estos pagos de 15 a 60 días, solicitud que el funcionario nacional se comprometió a evaluar.
En este marco, la actividad minera en la provincia no está exenta y ve un futuro complicado, no sólo por este nuevo embate, sino porque en este contexto de inseguridad jurídica las inversiones tardan en llegar. El expresidente de la Cámara Minera de San Juan Jaime Bergé, que ejerció el cargo por 26 años, habló al respecto en el programa Habla San Juan, que se emite por Radio Blu y Canal 8.
- ¿Cómo está hoy la actividad minera en San Juan?
- En "stand by", porque prácticamente hasta el 2010 sólo se pusieron en marcha tres proyectos productivos metalíferos y desde esa fecha hasta ahora ninguno, que tenga perspectiva a corto plazo, arrancó. Esto se da por las condiciones, ya que cualquier inversor del mundo -especialmente los de grandes negocios- quieren seguridad jurídica, que incluye la seguridad impositiva. La ley de inversiones mineras de 1995 establecía que los proyectos se iniciaban con un coeficiente de pago de impuestos y a lo largo de los 30 años se conservaba el mismo, es decir, se pauta cuando comienza el proyecto. El Estado fue cambiando esta disposición, como ocurrió ahora con el retorno de las retenciones.
Las grandes empresas productivas hoy deben recurrir a la seguridad de la Corte de Justicia para decir que están protegidas bajo esta ley con la cual se hizo la inversión, por lo tanto deberían respetarle el coeficiente impositivo. Pero eso será decisión de cada empresa. Desde la Cámara siempre se fomentó que recurrieran a la Justicia para buscar protección, porque el Estado no puede, por un decreto presidencial, modificar un coeficiente que afecta el negocio.
- En el 2016, Mauricio Macri anunció desde Calingasta la quita de retenciones a la minería, ¿qué cambió desde ese momento hasta la actualidad?
- Cambió la situación de Gualcamayo y Casposo que estaban prácticamente en un cierre de mina y se les extendió la vida por 4 o 5 años más, conservando alrededor de 1500 puestos de trabajo directo que para San Juan. Eran muy importantes. Además hubo avances en la exploración de varios proyectos, por ejemplo Los Azules, que pegó un salto muy grande al igual que Altar y Rincones de Araya, fundamentalmente los de cobre. San Juan es una gran potencia de este metal y debería lograr que se desarrolle el proyecto pionero, porque cuando alguien inicie los trabajos de construcción de caminos de alta montaña y ponga las líneas de alta tensión eléctrica, fomentarán el desarrollo de otros proyectos que estén cerca. Todos están dentro de un área bastante próxima y logrando el desarrollo de uno se potenciará el resto.
Actualmente hay una empresa australiana que mostró interés, pero este tipo de decisiones que se toman (retenciones a la exportación) afectan mucho, creo que hay que tocar las cosas desde otro punto que sea más justo. Por ejemplo Perú tiene un impuesto a las ganancias mucho más grande que las mineras argentinas, se trata del segundo impuesto nacional que más impacto tiene después del IVA. Esto se podría utilizar en Argentina con grandes corporaciones como Coca Cola para que paguen más impuestos a las ganancias que las Pymes y, de esta manera, fomentar una empresa y compensarla con las otras. Creo que los ingresos brutos o retenciones a las importaciones es ir para atrás, porque no generan condiciones de inversión.
- ¿Que va a pasar de aquí en más con estas medidas y cómo va a impactar en la provincia?
- Si se generan condiciones, políticamente se mostrará una solidez (cosa que hoy no está sucediendo por la grieta y la debilidad del presidente que genera incertidumbre), si se lograra que de acá a un año Macri se afirme o venga otro que muestre mayor confianza, esto puede acelerar la negociación de las retenciones. Una vez que el proyecto entra, no se va más, entonces no es solo cargarle peso cuando se instalan, sino que hay que construirles caminos, por ejemplo, una inversión fundamental que se recupera a los dos años.
- ¿No ayuda el Gobierno cuando viene este tipo de proyectos?
- Muy poco, en general les importa cuánto les va a dejar a la provincia. Con esos aportes se hicieron las líneas de alta tensión de 500 kV y la ayuda a las comunidades locales con el 1,5% del fondo minero.
- ¿Qué opina de los cuestionamientos con las regalías que quedan en el lugar donde se realiza la explotación en la provincia?
- Las regalías, a diferencia del aporte que hacen las empresas para el desarrollo de las comunidades, son de toda la provincia, no del departamento. Iglesia tiene tres veces más de dinero en regalías que en presupuesto propio y malgasta esos fondos, porque no está capacitado para manejar un presupuesto cuatro veces mayor al que habitualmente tiene.
- ¿Entonces nunca estuvo capacitado porque no creció al ritmo de la minería?
-No he visto que transformaran ese dinero en nada. Desde el 2011 hasta el 2013 ha recibido 3 veces más dinero que su presupuesto por regalías y ahora todo el pueblo tiene un subsidio de parte del municipio y eso no sirve. La regalía tiene que ir a un fondo para el desarrollo futuro de San Juan, la mina tiene una vida útil. Se trata de un resarcimiento económico por la explotación de un recurso no renovable y deben generar uno renovable con ese dinero, como riego por goteo para los productores o conseguir insertarlos en el mercado nacional e internacional. Hay que tratar de que beneficie a todo San Juan, no sólo a un sector.
- ¿Cuánta gente trabaja directa e indirectamente en los proyectos mineros en la provincia?
- Cerca de 10 mil personas de forma directa entre Barrick, Lama y los que están en exploración, los de Calingasta y Gualcamayo. Indirectamente son alrededor de 30 a 40 mil puestos más de trabajo. Estos últimos son retornos al Estado en ingresos brutos, porque todos la masa salarial sumada a los repuestos, reparaciones, subcontratistas y servicios, todos pagan este impuesto y crece brutalmente esa recaudación. Es así que la provincia se ve beneficiada por muchos aspectos y debería sentarse con Nación y decir que necesita una cierta cantidad de proyectos en San Juan, aunque tenga que asumir compromisos, pero una vez que estén instalados no se van más.
- ¿Qué puede llegar a suceder si no se revierte esto?
- Va a ir muriendo. Cuando se cierre Casposo se van a perder 500 puestos de trabajo.
- ¿Cuánta vida útil tiene Casposo?
- Un par de años más. Esto va a depender del valor del dólar y del oro, del costo interno y de un montón de variables. Eso en este momento está a favor, estuvo bastante mal a principio de este año con un dólar a $17 pero hoy, en términos de 6 meses, la moneda norteamericana subió más del 100% y eso mejoró mucho la ecuación del costo interno, ellos compran casi todo en pesos y exportan en dólares, ahí generan diferencia.
- ¿Por qué el Gobierno nacional no puede mantener la quita de retenciones si es un ingreso tan importante para el país y la provincia?
- Nación tiene que hacer lo mismo que San Juan: equilibrar sus números internos y ser más austero. No es justo que una persona que trabaje todo el día gane 100 mil pesos por mes (como un muy buen sueldo) y un funcionario gane 200 mil pesos. Me parece que es una estructura demasiado cara para administrar un país que no es tan grande desde el punto de vida poblacional, con 45 millones de habitantes. Aparte cada una de las 24 provincias tiene su propia administración. El Estado tiene que achicarse de alguna manera, rápidamente.
- Desde su punto de vista, ¿está achicando desde donde no debería?
- Lo hace en pequeñas cosas. El presidente tiene que mejorar las cuentas del Estado porque si no las pagamos todos, como ocurre con el déficit. Es que en este país, por ejemplo, hay 5 millones de trabajadores que sostienen a otros 40 millones entre los cuales están los empleados públicos, los subsidiados y jubilados, y cuando entrás a sumar, el esfuerzo es grande para el que trabaja. Eso hay que corregirlo.
- La minería es una actividad que genera ganancias y que tiene un dólar competitivo: ¿hasta qué punto eso no se puede tocar? El propio presidente pensó que con esta medida llegarían las inversiones.
- La minería no tuvo inversiones en San Juan. En algunos otros sectores ocurrió, como en Catamarca y Jujuy, lugares donde se desarrolló el litio. Además en Salta hay un proyecto de cobre y de oro que se está poniendo en marcha en este momento. Hubo algunas inversiones con los anuncios de Macri de quitar las retenciones, pero esta vuelta atrás genera ese tipo de incertidumbres. Ojalá no impacte tanto la devaluación del dólar y la minería siga. No escuché que ninguna empresa cierre, el problema es que no llegan nuevos proyectos. Deberíamos hacer una redefinición del país en ese aspecto. Yo aprovecharía que está el G20 en Argentina para hacer un foro internacional y discutir una ley que beneficie tanto al país como a las empresas. Si se ponen condiciones unilateralmente no las aceptará nadie, entonces no hay otra forma de arreglar esto que no sea en el marco de una negociación justa.
- ¿Qué se discute internamente en el sector?
- Fundamentalmente la inseguridad jurídica que hay, por ejemplo en la ley de glaciares. Las mineras cuidan los glaciares en todo el mundo, en muchos de esos lugares se trabaja muchos días al año bajo suelos congelados con hielo y se realizan tareas porque hay una norma razonable. Los glaciares no son grandes aportantes de agua dulce, están fundamentalmente en los polos, no en la cordillera, y representan el 1% del agua dulce del mundo. Si en San Juan no nieva no hay agua y de los glaciares sólo se disolvería el 1% nada más. Hay que conservar los glaciares madre como los que relevaron en San Juan.
- ¿Cree que esta discusión es política y no medioambiental?
- Escucho a Elisa Carrió hablar de muchos temas como diputada y es muy ignorante. Lo menos que puede hacer un legislador es tener cierta prudencia al hablar, es nuestro representante, no es plata de ella la que cobra, sino la que sale de nuestro esfuerzo de todos los meses para pagar los impuestos. Tiene que ser respetuosa con la gente, que no diga cualquier estupidez y no sea agresiva a la hora de hablar. Necesitamos legisladores que sean razonables respecto a los temas en cuestión.
Sanjuán8.com
