San Juan: Polémica por dos ministros de Orrego que viajaron al exterior con plata de la minera Lundin: ¿incurrieron en un delito?

Se trata de Fernando Perea -Infraestructura- y Gustavo Fernández -Producción-. El tema hace ruido en la Legislatura Provincial, donde ya se presentó pedido de informes.

Santiago Staiger

A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, el gobernador Marcelo Orrego avaló un viaje del ministro de Producción, Gustavo Fernández, y otro del ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, a Chile pagado por Lundin Mining Corporation. Según se explica en los decretos mencionados, los funcionarios viajaron en misión oficial para acompañar al Gobernador a visitar oficinas y yacimientos mineros que la compañía tiene en el país vecino.

La empresa Lundin es la que está a cargo del megaproyecto cuprífero Josemaría y actualmente en negociaciones con BHP para explotar los recursos de San Juan. La situación es compleja, porque si bien para la legislación provincial no implicaría un acto deshonesto, no está tan claro respecto a la legislación penal nacional.

Mientras tanto, en la Legislatura de San Juan, el diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, elevó un pedido de informe sobre el viaje de Fernández –no el de Perea– buscando fundamentación, tal vez ante la insuficiencia de la legislación local, en derecho internacional.

El pedido de informe de Patinella, ¿flojo de papeles?

En dicho proyecto de comunicación, Patinella cita lo establecido y acordado en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana referido a la transparencia de las actividades gubernamentales.

El pedido de informe apunta a que el Gobierno de San Juan aclare las condiciones en que se recibió la invitación por parte de Lundin, además del día de la recepción y el medio por el que se le notificó.

Además, pide explicaciones sobre si la invitación solamente fue dirigida al ministro o también incluyó a más miembros del Ministerio a cargo.

“¿Quién solventó los gastos inherentes a la visita oficial?”, pregunta el Diputado. Allí, pide detalles sobre el traslado desde San Juan a Chile, el traslado interno en el país vecino y el viaje de vuelta, además del alojamiento, la alimentación e hidratación durante el tiempo de la visita, más los pagos de seguros.

Es difícil que el pedido de Patinella escale ya que –en principio- en la Ley sanjuanina estas situaciones se encuentran en un gris legal, por lo cual siempre ha habido gran cantidad de conflictos.

Aún más, lo que el Diputado del bloque La Liberatd Avanza ADN sostiene como argumento no es un instrumento internacional vinculante. La Carta Democrática Interamericana que cita no tiene jerarquía constitucional en Argentina.

En primer lugar, debería tratarse de una dádiva directa y desde el Ejecutivo podrían argumentar que el pasaje es provisto al Gobierno de la Provincia.

En segundo lugar, para incumplir una ley habría que reconocerla. La Ley nacional no aplica a los funcionarios sanjuaninos, y la que sí lo hace es la provincial 560-E. En esta Ley, la situación sería una excepción. ¿Moralmente sería reprochable? Posiblemente. Pero no sería ilegal.

Hecha la ley, hecha la trampa

La ley original es la 7.406 del 2003, que se sancionó durante el gobierno de Wbaldino Acosta antes de su salida –este mandatario estuvo desde agosto de 2002 hasta el 10 de diciembre de 2003-. Luego, Uñac le dio una nueva numeración –Ley 560E, por lo que hay quienes creen que la ley es de él-. De hecho, se trata de la misma ley que aplica para el caso de Rubén García, ex intendente de Rawson, y la expropiación de La Superiora.

El artículo 18 de esta Ley provincial indica que “es incompatible con el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de otras que se establezcan por leyes especiales (…) recibir dádivas, obsequios o regalos con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones”.

Aunque, luego aclara: “En el caso de que los obsequios sean de uso social, cortesía o de costumbre diplomática deberán ser registrados en la declaración jurada del Artículo 22 con indicación de fecha, nombre del donante, valor y motivación”.

El decreto de Orrego donde avala el viaje del ministro Perea a Chile con plata de Lundin. Este decreto no es citado por el diputado Patinella en su pedido de informe.

Perea y Fernández estarían más comprometidos si la legislación nacional estuviese por encima de la provincial. En este sentido, la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública señala que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Habrá que ver si, independientemente del proceso penal, una acción de este tipo podría tener algún efecto. Solo el tiempo dirá qué sucede

Lamecha.ar