Esta semana, La Opinión Austral publicó en exclusiva que, finalmente, y tras 14 años de iniciada la demanda civil, la Justicia Federal reconoció que las familias de los mineros muertos en la tragedia de Mina 5, en 2004, deben acceder a una indemnización.
Sin embargo, para el abogado del caso testigo, el de José Armella, la indemnización por alrededor del millón y medio es insuficiente, ya que no se actualizó a los valores actuales.
Carlos Muriete explicó ayer en declaraciones a "En El Tintero" por Radio LU12 AM680 que el fallo de Javier Leal de Ibarra "sienta un precedente", aunque "nosotros a esa sentencia la apelamos, porque estamos parcialmente conformes: por un lado, bien porque salió la indemnización, pero, por otro lado, se tardó 14 años y el dólar estaba $ 3 y ahora a más de $ 45".
Es decir que "la situación social cambió completamente y ese dinero no refleja en nada la reparación de los hechos" sostuvo el abogado de los padres de Armella.
En este sentido, indicó que el nuevo Código Civil "permite esa actualización para que el juez la haga" porque, entre otras cuestiones con la que no están conformes, es con que se hubiese fijado una tasa pasiva para actualizar el valor de la indemnización y no una activa que es al que utilizan los bancos.
Por otra parte, y tal como lo publicó este diario, la Justicia le reconoció a la familia del minero que perdió la vida trágicamente a los 26 años, el lucro cesante, es decir "la expectativa de vida que tenía" y además, también les da la razón a su reclamo por daño moral, debido al trauma que la pérdida dejó en su padre.
Muriete, que defiende a otras cinco familias de mineros fallecidos como consecuencia del incendio en la mina, contó que entre los demandantes hay casos de viudas y de hijos, pero que el caso de Armella es especial porque el obrero era sostén económico de sus padres y hermanos.
"Es una familia que estuvo contenida afectiva y económicamente en la zona, pero esperaban una justicia que tardó catorce años en llegar y encima mal, porque esta indemnización no corresponde, es insuficiente" concluyó.
En marzo, La Opinión Austral publicó que luego de años de inactividad en el expediente, la causa por daños y perjuicios iniciada por familiares de las víctimas que fallecieron durante el incendio de Mina 5, el 14 de junio del año 2004, estaba para dictar sentencia. Finalmente, eso ocurrió el 26 de abril, pero recién la semana pasada fueron notificadas las partes.
Vale recordar que el juez federal subrogante, Javier Leal de Ibarra, resolvió hacer lugar a la demanda iniciada hace 14 años por Sebastiana Subelza y Delfín Máximo Armella, contra la Intervención de YCRT y el Estado Nacional, por la responsabilidad civil que tuvieron en la muerte de su hijo.
El magistrado obligó así a que los resarcieran con $ 1.304.177,35, con más la suma de $ 500.000,00 para cada uno en concepto de daño moral, "a pagar desde que la deuda sea incluida en el ejercicio presupuestario correspondiente de conformidad con la normativa vigente", se lee en el fallo.
El 14 de junio de 2004, en la Unidad Nº 9 de la mina, comenzó el fuego en una derivación de las cintas transportadoras, entrando en combustión el material alojado en ellas, expandiéndose a las tablas de entubación para luego propagarse por efecto de la ventilación. Esto desató una gran humareda que impidió que los que quedaron atrapados pudieran ver la salida, provocando que el camión que evacuaba a los trabajadores chocara contra los arcos que sostienen el techo. Así, 14 mineros, entre los que se encontraba el hijo del matrimonio que ganó la demanda, quedaron encerrados y fueron intoxicados con monóxido de carbono, 700 metros bajo tierra.
La Opinión Austral
