La localidad mediterránea se encuentra a la espera de una respuesta por parte de las dos mineras, a las que se les pidió fondos en concepto de responsabilidad social empresaria para que el Municipio pueda repartir entre los vecinos que no pueden afrontar las boletas de gas.
Tal como lo publicara este diario la semana pasada, la Legislatura aprobó por unanimidad el pedido para que las dos compañías mineras instaladas en Gobernador Gregores, y que no hacen aportes al fideicomiso Unirse, destinen una ayuda mensual a la población que se vio fuertemente impactada con la eliminación de los subsistidos al GLP.
Si bien se trata de una resolución, ahora el Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría de Estado de Minería, debería remitir un informe detallando la situación de las empresas radicadas en la jurisdicción gregorense, para entonces notificarlas del pedido que se aprobó y esperar una contestación.
Según sostuvo el diputado por Municipio, autor del pedido, Claudio Barría, la situación en esa localidad es grave y si bien ya el Ministerio de Desarrollo colabora con las familias en situación de pobreza, el Municipio pretende distribuir de manera equitativa el paliativo.
"Lo que estamos buscando en la responsabilidad social empresaria, apuntamos a eso. Hoy muchas de las mineras fueron beneficiadas con la quita de impuestos nacionales y la suba del dólar, cotizando todo al doble de años anteriores", sostuvo el legislador, aclarando que las boletas están llegando con sumas de entre $ 8.000 y $ 12.000 y que, por eso, "hoy el pueblo está muy dolido porque pocos lo pueden pagar y muchas familias están acumulando facturas".
El Municipio tiene 1.860 usuarios registrados para el servicio de gas licuado y su idea es que los aportes de Triton y Cerro Cazador lleguen a la administración de Héctor Vidal, para ser distribuidos en base a un relevamiento social que determinará su situación financiera y de consumo.
"El Gobierno de Santa Cruz nos está ayudando, atendiendo más de 278 casos con gente que está imposibilitada de pagarlo, pero nosotros queremos incluir a todos y hacer algo equitativo, colaborando un poquito para cada uno. Entregarles $ 2.000, $ 3.000, que en una factura de $ 10.000 hace una diferencia", aseguró el legislador del FPV.
Finalmente, Barría advirtió que por ahora la tesitura de Cerro Cazador y de Triton es reticente. "Las mineras quieren que sus aportes perduren en el tiempo y no en pagar una boleta de gas. Pero el factor social está siendo embestido por las políticas nacionales. En dos meses van a venir temperaturas muy bajas, va a aumentar el consumo y a subir el valor de la factura. Su puerta es una de las tantas que hemos golpeado", dijo, además de las de la Justicia, con un amparo que todavía no se resolvió para que el Gobierno de Mauricio Macri dé marcha atrás con los aumentos. Por eso, "si las empresas no están dispuestas a colaborar, vamos a decir que cuando hablan de responsabilidad social empresaria, no es tan así".
La Opinión Austral
