Santa Cruz: Siguen tensando la cuenta en YCRT. Violencia, desacuerdos y política, amenazan seriamente al yacimiento Río Turbio

En las últimas horas los trabajadores de YC

En las últimas horas los trabajadores de YCRT han decidido "profundizar la protesta" con "medidas sorpresivas", en contra de la intervención de YCRT y la decisión del gobierno nacional de reestructurar la empresa, haciendo perder privilegios a un sector importante del personal jerárquico, que no es aceptado especialmente por la dirigencia gremial que actúa dentro del complejo minero.

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 Por Rubén Lasagno

Paralelamente anoche YCRT emitió un comunicado con el adjunto de dos videos donde se observa al señor Ramón Morales, a quien en la nota adjudican ser propietario de una radio en Río Turbio que alienta el caos y agita a los trabajadores de la empresa, rompiendo los relojes biométricos dentro de las oficinas de acceso a la empresa y al paritario de ATE Daniel Castellón cortando los cables de las cámaras de seguridad para dejar "ciega" a la seguridad de YCRT, a fin de que no puedan identificar a los saboteadores.

El comunicado asume que los culpable de los destrozos "no son más de 30 o 40 personas" y el mensaje está dirigido exclusivamente a los trabajadores mineros, pero guarda una importancia que tal vez no se perciba a simple vista: admite que si los mineros no se ponen a trabajar seriamente y de manera urgente, las instalaciones, las herramientas y en general todos los elementos electromecánicos que operan en el yacimiento, sufren un deterioro por imperio de la inactividad que puede atentar contra la propia seguridad de los mineros. Por ese motivo, alude a la necesidad de poner en marcha el yacimiento y buscar la producción perdida hace tantos años.

En tanto la dirigencia sindical del yacimiento, mezclados con algunos componentes políticos y otros que apoyan desde el kirchnerismo en las sombras, han decidido seguir adelante con medidas como no marcar tarjeta, hacer cortes sorpresivos y presentar a la intervención una nueva propuesta que no incluye ajuste y pide la reincorporación de los mineros despedidos, algo que desde el inicio el gobierno nacional dijo que no se dará marcha atrás.

De la asamblea surgió que "están dispuestos a dejar de percibir algunos ítems como "Dedicación funcional" y "Casa habitación", que el bono anual de producción (150 millones de pesos) sean destinado a los despedidos y que como condición innegociable, los que fueron despedidos sean reincorporados.

Emplazan a la intervención que en 48 horas defina si tiene o no "voluntad de discutir las contrapropuestas" y le "fija" una reunión en no más de cinco días, advirtiendo que en caso de "silencio o negativa" los gremios aplicarán medidas de acción directa.

Comparando una y otra posición, es clave para llegar a un acuerdo que tanto los gremios como la intervención se sienten a negociar y no a imponer; sin embargo cuando uno lee a los sindicatos, está claro que aplican un "ultimátum" donde corren de la discusión a cualquier tipo de ajuste o achique de personal, a pesar de que la intervención ha demostrado con números la inviabilidad del yacimiento con 3.000 empleados y con un sector que ganan sueldos por encima de los 100 mil pesos más todas las prebendas que tenían anualmente.

Mientras todo esto se debate en el plano "discursivo", un grupo de trabajadores pertenecientes a YCRT, movilizados por sectores políticos del FPV y de los gremios dedicados a preservar todos y cada uno de los privilegios que gozaron todos estos años, rompen todo, hace destrozos en la empresa, amenazan, cortan rutas y duplican la amenaza contra la propia población de la cuenca.

Nuestras fuentes del Ministerio de Economía de la nación (hecho que ya lo dijimos en otra nota) admitieron que el gobierno nacional no va a dar marcha atrás con las medidas de reducción y readecuación de la empresa carbonífera. Es decir, todo lo que hagan los gremios para destruir la empresa y/o impedir su funcionamiento, atenta de manera directa contra la preservación de la fuente laboral, porque al presidente Macri "no le va a temblar la mano para liquidar el yacimiento o cerrarlo", le confirmó a OPI la fuente. Sin embargo, a pesar de todo y de la cantidad de señales que llegan desde el gobierno nacional, la situación de YCRT sigue empantanada y en las últimas horas se puede comprobar que la actual intervención ya no "se dirige" a los que sostienen el conflicto, sino al trabajador minero y a la sociedad de la cuenca en general, diciéndoles que si no ponen en marcha el yacimiento los sistemas de producción sufrirán las consecuencias de la falta de mantenimiento, lo cual se traduce en problemas de seguridad. Y si llega a deteriorarse una vez más el yacimiento ¿Decidirá Macri volver a reinvertir para poner de pie lo que destruyeron los mismos empleados?.

Estamos ante un gobierno con baja potabilidad en lo que a "sensibilidad social" respecta. Plantear el conflicto de la manera que lo están haciendo algunos sectores sindicales y políticos del FPV es arriesgarse a obligarlo a Macri a tomar decisiones que no van a convenir a nadie y mucho menos a los habitantes de la cuenca. Creer, como sostienen los sindicalistas y el gobierno de Santa Cruz, que se puede presionar al gobierno nacional con YCRT, es estar lejos de una evaluación seria de riesgo político. Permitir que rompan todo, vandalicen y destruyan patrimonio de YCRT, aceleran decisiones que pueden ser irreversibles y muy negativas para los pueblos de la cuenca. Plantear desde el discurso político que "castigarán a Cambiemos" en Santa Cruz y que ante eso a Macri le doblarán la mano, decidida a achicar de 4.000 millones a 2.000 el presupuesto de YCRT, es una infantilidad absurda. A Macri no le importa Santa Cruz ¿O alguien tiene duda de ello? Y lo peor, al kirchnerismo, tampoco.

Agencia OPI Santa Cruz