Entre 2006 y 2010 la plata de las regalías mineras inundó el suelo de la Universidad Nacional de Tucumán hasta las raíces. Hubo entusiasmo y expectativas porque se suponía que iba a cambiar un panorama de eterna falta de dinero y de obras, con la idea de que el yacimiento de Farallón Negro ?cuyos dividendos, en parte, le corresponden a la UNT por el legado de su descubridor, Abel Peirano- cristalizaba en los beneficios que repartía la mina de La Alumbrera y que, se creía, iban a durar mucho tiempo.
Hasta 2014 llegaron regalías y fue ese año cuando el geólogo Florencio Aceñolaza, ex delegado de la UNT en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), empresa creada entre la UNT, Catamarca y la Nación, advirtió públicamente que la UNT había dejado de percibir 500 millones de pesos en concepto de regalías desde 2008.
Es que el entonces rector Juan Alberto Cerisola (ostentó ese cargo entre 2006 y 2014, porque fue reelecto en 2010) había cambiado el uso y el destino de esa marea de dinero que entraba de la minería. Según el legado de Peirano (plasmado en la Ley Nacional 14.771), las utilidades mineras debían ser usadas exclusivamente para terminar la Ciudad Universitaria, que alimenta los sueños de grandeza de la UNT desde la época del rector Horacio Descole, entre los 40 y los 50. Pero mediante un acta firmada con el directorio de YMAD en la oscuridad del 2 de enero de 2008, Cerisola declaró que, con un plan de obras que había presentado poco antes para toda la UNT, la Ciudad Universitaria quedaba concluida y por lo tanto el dinero que ingresara por la minería quedaba de libre disponibilidad.
La matriz del mal
Ese papel, en realidad, pasaba a ser el acta de defunción de ese sueño, y la matriz del mal. El dinero que inundaba la tierra universitaria fue un veneno que contaminó las obras y la mente de la comunidad universitaria, que siempre tuvo dudas acerca de la razonabilidad y de la ética de recibir dividendos de una actividad -la minería- siempre mirada como potencialmente contaminante. De hecho, hubo episodios de contaminación ambiental, pero hubo otra contaminación, la moral: las regalías desencadenaron los pecados capitales de la avaricia y la gula. Eso va a estar plasmado en el juicio oral que -posiblemente antes de fin de año- se lleve a cabo en la Justicia Federal, contra Cerisola, su ex subsecretario administrativo, Luis Sacca, su ex directora de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani y su ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino. Se los acusa por el uso irregular del dinero proveniente de la minería, por presuntos sobreprecios en una veintena de obras realizadas en la UNT y por esa acta de 2008, que fue posteriormente declarada nula por el Consejo Superior de la UNT, organismo del que dependen los bienes de la Universidad.
El video escandaloso
¿Influyeron los fondos que llegaron de YMAD en la supuesta compra de voluntades de la que se habla en el video por el que fue procesado -en otra causa- Ramiro Moreno? El ex secretario de Bienestar Universitario aparece filmado tiempo antes de los comicios que permitieron la reelección de Cerisola en 2010. Era tiempo de la inundación de dinero minero. ¿Hubo compra de voluntades universitarias en ese tiempo? La defensa de Moreno lo negó, pero el fiscal federal II, Pablo Camuña, avanzó con la pesquisa contra el ex funcionario. La Cámara Nacional de Casación Penal le acaba de ordenar al Tribunal Oral federal -que había considerado que el tema del video no era de su competencia- que se ocupe del juicio oral contra el ex secretario de la administración de Cerisola. "Tenemos el deber de evitar una posibilidad de impunidad y debatir en juicio el caso", dijo en 2017 Camuña. Acaso se analice la cuestión de la corrupción durante el proceso oral, que tendrá lugar, probablemente, bastante después del juicio por las irregularidades de YMAD.
Algo que puede acotarse, a propósito de ambos procesos -que tienen en común la vinculación con Cerisola- es que, después de las elecciones de 2010, el nuevo Consejo Superior eliminó, en su primera sesión, la comisión investigadora que se había formado a raíz del escándalo surgido de las resoluciones del ex rector sobre las obras con la plata de YMAD, hechas por fuera de la ley de Obras Públicas. Entre su creación, en abril de 2010, y su disolución con el nuevo Consejo Superior, esa comisión investigadora duró apenas un mes. Es que Cerisola había sido reelecto.
Estas idas y vueltas del Consejo Superior han mostrado la fragilidad del órgano democrático de la Universidad frente a los embates del poder. Eso se va a ver también en el juicio contra Cerisola, en el que habrá de analizarse cómo intervinieron los distintos estamentos universitarios frente a las maniobras que se investigan.
Cambio de modalidad
Quizá se vea que esa fragilidad sigue vigente hoy, cuando YMAD es muy diferente a la fábrica de dinero de entonces, pese a que en el imaginario colectivo sigue habiendo una expectativa de que continúe el riego de utilidades. Pero ahora han cambiado las cosas. La Alumbrera, tras anunciar su cierre, se rectificó primero con un anuncio de explotación del yacimiento y luego con un cambio de modalidad por la explotación de Agua Rica ?yacimiento que por estar fuera de Farallón Negro no generará utilidades para la UNT- para el cual YMAD se posiciona como proveedor de servicios.
Según se anunció hace pocos meses, la minera dará adelantos a cambio de futuras utilidades ?ya se entregaron $ 130 millones, parte de los cuales se usará para la red de electricidad hacia Agua Rica- y ese dinero se utilizará para el mantenimiento de YMAD. La empresa, llena de empleados, es deficitaria y eso se va a notar fuertemente en este tiempo durante el que no habrá producción minera por lo menos hasta 2024, cuando empiece a operar Agua Rica.
La decisión del cambio de modalidad del funcionamiento de YMAD fue informada, según se supo, en tres reuniones del rector y el vice con los decanos, donde hubo quienes pidieron que el tema fuese tratado en el Consejo Superior. Pero no hubo convocatoria al Consejo. ¿Se arrepentirán en el futuro, como lamentaron desde 2014 el drama generado por el acta casi secreta de 2014? Aunque esta fue declarada nula, hoy no se sabe si podrá la UNT recuperar esos $500 millones que denunció Aceñolaza y volver atrás los pasos para concretar algún día la Ciudad Universitaria.
Este tema se va a debatir también en el juicio a Cerisola, en el que el acusador será el fiscal Camuña. Y por detrás de eso habrá otras cosas, como el hecho de que el fiscal federal I, Carlos Brito (que es quien hizo la investigación previa al juicio) tiene que seguir investigando, por cuerda separada, otras 71 obras realizadas en el mismo período ?de 2006 a 2009- con fondos mineros, y también determinar qué participación tuvieron en los hechos denunciados empresas contratistas.
En el fondo, algo que está en debate en estos juicios es el control del dinero público. Puede creerse que es de la Universidad, pero siempre hay que tener en cuenta que se trata de plata de todos. Los roles del rector, que manejó el dinero, y del Consejo Superior, que debió supervisarlo, van a estar en la palestra. El primer rol del funcionario debería ser cuidar el patrimonio público. Lástima que la inundación de dinero suele generar confusión de roles y de objetivos.
AUTOR Roberto Delgado
LA GACETA
