Tucumán: Declaró Luis Sacca y afirmó que "no se robó nada"con las colocaciones financieras de la UNT y acusó al fiscal Brito de "terrorismo de Estado"

El exsubcretario administrativo de la UNT y exdiputado radical habló de las colocaciones financieras que se realizaron con los fondos de YMAD, con el objetivo de "resguardarlos" de la inflación.

“Todo salió bien”, recalcó, y sostuvo que la UNT “ganó más” que si hubiera adquirido dólares. "La UNT me querella por lo mismo que hace hoy", advirtió. Severas acusaciones contra el fiscal Brito por vincularlo a los Panamá Papers y perseguir “patrimonial y físicamente” a sus hijos.

“La administración de la UNT no es una carnicería de barrio, es todo lo contrario: funciona como un reloj, trabajó muy bien y tuvo los controles necesarios. Cada ingreso y egreso quedó registrado”

El contador público nacional Luis Sacca declaró este miércoles en el marco del juicio oral y público por el desfalco de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), luego de que ya prestó declaración el ex Rector, Juan Alberto Cerisola. El ex subsecretario administrativo y exdiputado nacional radical es investigado por las colocaciones financieras que se realizaron con las utilidades mineras para resguardarlos –según detalló- de la inflación, hasta que se concretó el plan de obras por el que Cerisola reemplazó el campus de San Javier en su Ciudad Universitaria del S XXI.

Sacca agradeció al juez Abelardo Basbús la oportunidad de declarar en la causa que –recordó- inició por “una denuncia anónima” que llegó “en el mejor momento de mi carrera política, cuando venía mi reelección en Diputados”. Sacca cuenta con el patrocinio del doctor Víctor Taleb, preparó una serie de diapositivas para su presentación y se sentó hoy en el banquillo de los acusados luego de que años atrás era una de las grandes promesas del radicalismo tucumano, saltó del Rectorado al Congreso y se jacta de haber tenido “asistencia perfecta en 3 de 4 años, ser uno de los diputados que más proyectos presentó y el que más habló en el recinto” cuando explotó la denuncia por el desmanejo de los fondos en el marco de una interna “política” en el seno del oficialismo universitario: el exfuncionario sostuvo que "no se robó nada" con las colocaciones financieras y que "todas las decisiones fueron correctas" y "todo salió bien" con las mismas.

En su alocución, Sacca reprochó que fue “caricaturizado” con "bolsos con dinero" y en "cuevas" en las notas alusivas de “los medios”, refiriendo al diario La Gaceta y su abordaje de la interna universitaria y la denuncia contra Cerisola y su Gabinete. El exsubsecretario administrativo cargó en más duros términos contra el fiscal Carlos Brito, quien estuvo a cargo de la investigación que concentró en presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones, y apenas dedicó un párrafo al delito de fondo: la falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria tras la reducción de utilidades a favor de la UNT tras la firma del acta del 2 de enero de 2008 al declarar “terminada” dicha Ciudad Universitaria, según manda la vigente Ley 14.771. La UNT y Catamarca acaban de rubricar un acta interpretativa que dice que la misma no está terminada y que a la Universidad corresponde percibir el 40% de las utilidades y que ya fue refrendada por el Consejo Superior y presentada como hecho nuevo en el marco del presente juicio.

Sacca denunciaría en el final de su presentación a Brito por ejercer "terrorismo de Estado" por perseguirlo a él y su familia en la investigación. El exdiputado recordó que Brito le inició otras dos causas por “haber vendido un auto que a los fines de la indagatoria explicamos que se había vendido mucho antes de la época del proceso, por mi oficio de contador guardo los papeles y tenía todo” en la que fue sobreseído, y otra donde “se me acusaba de haber percibido de la Universidad un adicional en mi sueldo, cosa que es cierto: no fue solamente para mí, sino para otros funcionarios y muy bien otorgado por el entonces Rector Juan Cerisola, quien en plena capacidad de su poder der administración que le brinda el estatuto de la UNT y en la cual fui sobreseído”.

Sacca repasó la llegada de fondos de YMAD a la UNT y remarcó que respecto de las colocaciones financieras “no hubo ningún tipo de observación de la Unidad de Auditoría Interna, del control interno propio de la Dirección General de Administración, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Presupuesto, de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de la Auditoría General de la Nación (AGN), quién creo y dejo firme mi posición profesional quién tiene que auditar a la UNT, la Unidad de Información Financiera ni la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”.

“Niego toda imputación, voy a proteger mi buen nombre y honor”, exclamó, y tras enumerar todas las autoridades del Rectorado y del Consejo Superior, recordó que actuó con dictamen favorable de la dirección de Asuntos Jurídicos, “que estaba cuando yo asumí y sigue estando (a cargo de) el doctor Augusto González Navarro". También valoró las responsabilidades de los cargos que ostentaban los funcionarios Luis Francisco Castillo, director general de Administración, quien “velaba por la responsabilidad de dar ingreso a cada dinero que entraba a la Universidad, ya sea por fondos del Tesoro o recursos propios”, insistió, y también ponderó al titular de la Dirección de Contabilidad, el contador Guillermo Figueroa; la dirección de Presupuesto, a cargo de Rodolfo Succar; y el titular de la Unidad de Auditoría Interna, contador Sergio Méndez. En el equipo económico también mencionó a Ronald Parada Parejas y otros asesores y funcionarios.

“No se puede mover un centavo, ni de ingreso ni egreso de la UNT sin que esté perfectamente registrado: ya sean cheques millonarios o sueldos o la compra de borradores y tizas o cualquier insumo necesario. Todo tiene el debido respaldo financiero en la Contabilidad Financiero de la Universidad. El Ministerio de Educación y Economía determinaban el sistema a utilizar. En la Dirección de Contabilidad había por lo menos 10 personas trabajando en los balances que iban a ser presentados ante SIGEN, AGN, Ministerio de Educación no sin antes ser aprobados por el Consejo Superior", señaló.

Sacca planteó que “cada uno de los centavos que produjo la minería como derivados de estos ingresos fue presentado y aprobado por el Consejo Superior en unanimidad y constan todas las resoluciones”, y recalcó que “todo confluía en un balance de estado contable, la conclusión del año administrativo contable”, que –enumeró- en el 2006, 2007, 2008 se aprobaron, el 2009 no en el momento, pero después sí, ya cuando las aguas se calmaron. En ese sentido, hizo hincapié en que "toda la Universidad tenía conocimiento de cada paso".

“El balance va al Ministerio de Educación, de Economía, a la SIGEN, AGN y sus organismos de contralor. La administración de la UNT no es una carnicería de barrio, es todo lo contrario: funciona como un reloj, trabajó muy bien y tuvo los controles necesarios. Cada ingreso y egreso quedó registrado”, sentenció.

En el plano técnico de la imputación en su contra, Sacca cuestionó que el fiscal Carlos Brito sostiene que se detectaron "fondos percibidos pero no ingresados a la UNT", y recalcó que eso “no sucedió e incluso no podía suceder, por imposibilidad fáctica: acá no se manejan dineros físicos, no hay transferencias a personas, el señor Rector de la UNT, máxima autoridad administrativa de la Universidad, no puede sentarse en su despacho y hacer un plazo fijo; el secretario o el subsecretario administrativo, no podía decir 'esta plata va acá, esta plata va allá'. No es que no se hizo, no se podía hacer”.

El pedido de elevación a juicio de la fiscalía y de la querella enumeran colocaciones financieras en los bancos Río de la Plata, Banco de Servicios y Transacciones, Banco de Galicia y Buenos Aires SA, Banco Comafi, Banco Meridian SA, Banco Santander Río, Banco Patagonia, Equity Trust Company Argentina SA, Banco Credicoop, Banco Piano, Caja Popular de Ahorros de Tucumán, Banco Hipotecario Nacional.

“Es interesante analizar contextos: acompañado por medios de prensa, el fiscal Brito hablaba de 'entidades financieras de segunda línea' cuando no existen entidades de primera, segunda ni tercera línea; existen las aprobadas por el Banco Central de la República Argentina y las no aprobadas. No existen cuevas financieras donde pueda tener injerencia un organismo del Estado y menos la UNT: no puedo ir con un bolso y decir 'acá están los dineros de YMAD' en una cueva y fue lo que se dijo en una mentira. Me tiembla la voz, es una mezcla de agradecimiento de poder estar acá y años de impotencia reprimida”, manifestó.

Sin embargo, el contador Sacca aclaró que con las colocaciones “todo salió bien, muy bien” ya que “si hubiera salido mal no me quiero imaginar dónde estaría”. Insistiendo con el contexto de los hechos, sostuvo que “en 2001 el país explotó, hizo crack político y financiero y los bancos tuvieron responsabilidad porque les convenía prestar dinero al Estado que pagaba y daba más garantías que al ciudadano de a pie; estas decisiones hicieron una bola de nieve que colaboró con el estado recesivo (…), se quedaron sin respaldo y al pueblo le costó recuperar la confianza en los bancos”, por lo que “en ese contexto, al que se sumaba la inflación, había que tomar decisiones: discutimos con el equipo económico y decidimos diversificar”.

“Si algo falla, que no fallen todas. No poner todos los huevos en una sola canasta. El criterio era simple: el que más ofrece, le pedimos un punto más y nos preocupaba mantener el dinero de la Universidad “, graficó. Ante posibles desacreditaciones a las maniobras realizadas, Sacca disparó: “Hoy se está haciendo en la Universidad, donde se hacen plazos fijos del 35% y la inflación proyectada es del 80%”.  En ese sentido, aclaró que al hacer las colocaciones u otras inversiones “no se puede hacer licitación por cada peso”.

Sacca sorprendió al subrayar que desde el año 2018 la UNT tiene dictamen propio para la realización de colocaciones financieras, y se refirió al plazo fijo donde a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán en mayo de 2020 se deposita el 20% del 40% de las utilidades a cargo del Juzgado Federal de Catamarca, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la construcción de la Ciudad Universitaria: “Estoy seguro, y si estoy equivocado me rectifico, que estos miles de millones de pesos que están en un plazo fijo colocados por la Cámara Federal de Apelaciones, sabiendo que no se puede perder el tiempo con todo lo que hay atrás de la minería esos millones, si hay seis mil millones si le ponemos un número, sabemos que hemos perdido unos quince mil millones más”.

El exparlamentario radical ratificó la labor del equipo económico que “funcionaba aceitadamente” hasta que “en 2009 hay una ruptura política y se dividieron las aguas en cada Facultad y en el Consejo Superior, que quedó con una mayoría circunstancial en contra: se cuestionaba todo y no se aprobaba nada. Fue una época horrible”. Luego, enfatizó: “En el Consejo le preguntaron a Castillo si "se hicieron bien las cosas", y respondió: "Tan bien se hicieron las cosas, que haciendo una analogía, si todos los dineros de YMAD se hubieran invertido en dólares, se hubieran perdido 10 millones de pesos, unos 3 o 4 millones de dólares"”.

“Hay algo que sí hizo bien el fiscal Brito: enredar. Enredó tanto que explicar cosas muy sencillas él las ido difícil durante catorce años. El fiscal Brito cita como prueba a la PROCELAC, organismo dependiente del Ministerio Público que fue convocada por el fiscal para ayudar a la investigación:  Brito, rápido de reflejos, envió esta planilla de cálculos a PROCELAC, que armó su informe del año 2013, donde encontró "inconsistencias". Las hubo, había errores. PROCELAC después dice "se verificaron severas discrepancias entre los rendimientos de las colocaciones informadas". Brito cita y habla de "diferencias millonarias" en la elevación a juicio y la querella: lo cierto es que según PROCELAC eran unos 7 millones las diferencias; ciertamente millonarias. El fiscal en su elevación a juicio dice que según PROCELAC el perjuicio es de más de 60 millones de pesos. ¿Cómo hizo el fiscal para pasar de 7.100.000 a 60.000.000 citando la misma prueba? Los números, contrariamente a lo que piensa el doctor Burgos, no mienten. No hay contador que haga magia”, arremetió Sacca.

En ese sentido, repasó las actuaciones del fiscal a cargo de la investigación, y denunció que “en otro informe PROCELAC dice que no eran plazos fijos, eran fideicomisos financieros” pero “Brito ni se fija y dice 'más información' en 2014 y PROCELAC hace un informe mucho más amplio y pide más información; se hizo otra preliminar y el último informe: el primer informe en la hoja 4 dice que hubo "diferencias millonarias", Brito se quedó ahí y eso cita en elevación a juicio y Poviña confía en él. En análisis de respuesta de entidades bancarias se reconocen "algunas discordancias" que llevaron "leves diferencias de rendimientos en ciertas inversiones”. Ante lo que llama un "posible caso de corrupción" donde "si bien no se constató que algunas porciones de los cuantiosos fondos públicos hayan sido desviados en beneficio particular de alguno de los involucrados o algún tercero", fechado en diciembre de 2014”.

“Brito dejó de pedir información, quizás no le gustó que hablen de "leves diferencias": en el 2016 me llama a indagatoria, que falta plata, que no falta. El fiscal pidió mi procesamiento en el mejor momento de mi carrera política, cuando venía mi reelección como diputado nacional; me procesó y me inhibió. Desde el 2016 al 2019 no tuvo alguien que le diga 'fiscal, debe revisar, están las pruebas de los bancos'”, aseveró.

El exfuncionario cerisolista cuestionó que al armar la denuncia “Brito y la querella utilizan la frase 'el destino final' que era la cuenta única en el banco Galicia y ahí iban los intereses, era un destino final en sí mismo”, y fustigó: “Según Brito, 60 millones o más no regresaron. $7.100.000 según PROCELAC. $8.400.000 según la querella. Solicitamos una pericia en la instrucción. Se nos negó la ampliación indagatoria. Se concedió una pericia, firmada el 4 de diciembre de 2021 por Daniel Fontana (perito de Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuerpo de peritos especializado en delitos contra la administración pública), entre otros. Todos firmaron en conjunto la pericia que se elevó en el año 2021. Esa pericia buscaba que se acabe esa locura de creer que había bolsos de dinero; que iba Sacca con una bolsa, cosas que se dijeron en los medios: se dijo y se caricaturizó así”.

“Se buscaba siempre el mejor rendimiento. En toda la maraña del expediente no hay una línea que siga que se podrían haber hecho mejor. Hice en el año 2017 una consulta de opinión a quién corresponde, al secretario general, José Hugo Saab; de puño y letra firma el paso a la dirección de Asuntos Jurídicos, donde Augusto González Navarro dice 'no advertimos obstáculo de orden legal´ y hace hincapié en "preservar el valor adquisitivo de los fondos". Luego pasa a la Unidad de Auditoría Interna. Los tiempos y la legislación apremiaban, pero teníamos consultas jurídicas. La opinión de Asuntos Jurídicos es vinculante en temas patrimoniales: ¿si no, para qué está?”, planteó, respecto de las actuaciones de Saab y González Navarro, cuyas detenciones fueron requeridas por el fiscal federal general, Gustavo Gómez.

Saca lamentó irónicamente que el aval para las colocaciones “pasó por tantas manos, tantas opiniones... y no los veo a ninguno acá, aun cuando considero que estuvo todo bien. PROCELAC dijo que investiguen a todo el equipo que funcionó muy bien, pero se limitaron a Sacca-Cerisola, Cerisola-Sacca”. En ese marco, alegó que “consta en el expediente el seguimiento físico y patrimonial de mis hijos de 5 y 7 años; es complejo entender tanta saña”, y añadió: “La querella es quién copió y pegó la elevación a juicio del fiscal salvó en los montos: Brito dice 60 millones o más, la querella dice es $8.400.000".

Sobre la querella, la propia UNT, alertó que tiene vigente un equipo para realizar las pertinentes colocaciones financieras, lo mismo por lo que ahora se denuncia a Sacca: "Lo siguen haciendo ahora: la querella me querella por lo que ellos hacen”, arremetió. Desde 2018, la UNT aprobó su propio régimen para colocaciones y el imputado advirtió que al hacerlo “ya era querellante” contra Sacca por –según entiende- eso mismo.

La actual comisión encargada de aconsejar sobre la adjudicación a la oferta más conveniente para las colocaciones financieras temporales en el ámbito de la administración central y escuelas experimentales de la UNT, integrada hoy por Gastón Martín Lagarrigue, Guillermo Daniel Figueroa y María Beatriz Lanciotti.

Finalmente, repasó los 8 puntos de la elevación a juicio que copió la querella, y consideró que “al realizaron las colocaciones financieras eran plazos fijos a tasa nominal porque nos valíamos de los intereses para ir financiando las obras”, aclarando que “puedo entender que el fiscal Brito se equivocó” pero sin perder de vista que “el punto 1 es la mayor parte de la imputación del fiscal” y que “eso explica el 60% de la imputación de la querella”.

"No eran plazo fijo, era fideicomiso y se cobró todo", recalcó, y explicó que “lo que faltaba en ese momento, después no faltó” en las arcas universitarias pero “destruyeron mi carrera política”.  “PROCELAC habla de más de 200 plazos fijos: a mí se me imputan 14. Por pedido del fiscal Brito se me investigó en los Panamá Papers”, en una acusación que fuera rechazada por la falta de sustento de la misma.

"Causaron un daño enorme desde lo moral, lo mental, lo económico. Que este juicio sirva para hacer notar que hay funcionarios judiciales que no funcionan, que usan este poder del estado para sembrar terrorismo en mi familia, en mi persona, su moral: en pocas palabras, haciendo Terrorismo de Estado", remató.

A la hora de responder preguntas de la fiscalía, aclaró el origen de su relación con Cerisola, que se inició “cuando era dirigente estudiantil coincidieron en el Consejo Directivo de Ciencias Económicas, antes de que sea Decano”, y se mostró abierto a seguir contestando ya que “pude explicar en dos horas lo que Brito no hizo en 14 años”. También recordó que denunció a Rodolfo Martín Campero a quién había vencido en la interna radical en las PASO 2011 y que cree motivó la denuncia en su contra: “Dije que no había delito en reparto del 40% al 20% (de los fondos de YMAD), pero si lo había: ¿por qué no estaba investigado?”. El querellante Burgos indagó por el financiamiento de las campañas políticas de Sacca, y le recordó que en aquellas primeras PASO se valieron los partidos de financiamiento público para las internas partidarias.

El exdiputado lamentó que tras las denuncias en su contra “cada vez que tenía un acto político ya era "el procesado Sacca"”, y respondió que no denunció a Brito porque “no es el momento”. Finalmente, sobre las colocaciones financieras ironizó: “Nos arriesgamos demasiado”, y graficó: “Era más fácil hacer lo que hacen ahora. Acá no falto nada y la suma y resta dio a favor. Se llamaba y se consultaba las mejores tasas: no hay un cuestionamiento a que no hayan sido las mejores tasas. Fueron correctas, todo salió bien”.

La próxima audiencia será el 24 de julio, después de la feria judicial.

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