Tucumán: La Cámara Federal ratificó que los fondos de YMAD debían y deben destinarse a la Ciudad Universitaria: 20 empresarios procesados

Fallo contundente

Tras el inicio del juicio por el desfalco de fondos que debían destinarse a la Ciudad Universitaria, fueron procesados y embargados 20 empresarios por las obras realizadas con los fondos mineros para que Cerisola firme el acta que declaró "terminado" el campus de San Javier.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ha confirmado los procesamientos y embargos contra 20 empresarios tucumanos por presuntos sobreprecios e irregularidades en las obras realizadas en la órbita de la Universidad Nacional de Tucumán por las que se "reemplazó" a la Ciudad Universitaria de San Javier.

Se trata de 16 obras por un total de más de $78 millones, que según las pericias tenían un monto real de casi $34 millones, por lo que hay una diferencia de $44 millones entre el monto que se cobró por las obras y el que se debería haber cobrado. A valores actuales, se estima que se pagaron sobreprecios por U$S 11 millones.

Los magistrados ratificaron que esos fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio debían destinarse a la Ciudad Universitaria de San Javier en el marco de esta segunda causa, que se suma al juicio en marcha por administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público contra el ex Rector Juan Alberto Cerisola y funcionarios de su Gabinete.

La vigente Ley 14.771 de creación de YMAD indica que los mismos deben destinarse a construir la Ciudad Universitaria de San Javier "conforme a los planos ya aprobados".

El 27 de junio de 2006, el Rector Juan Cerisola inicia el Expediente UNT N° 713/06 por el que solicita a la Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios, CPN Mónica Huerta de Labastida, pidiéndole Informe de Plan de Obras Programado y en Ejecución y solicita se listen dichas obras y/o proyectos  y el estado de ejecución de las obras programadas y en construcción a esa fecha.

En tan sólo 48 horas, la Secretaria de Planeamiento de la UNT Mónica Labastida eleva al rector una nota titulada “Ciudad Universitaria de Tucumán” que – según la propia comisión investigadora de la UNT - no era sino tan sólo un listado improvisado de obras confeccionado a las apuradas y denominando “Plan de Obras”, elaborado en forma ligera sobre la base de una estimación de superficies y costos sin asignación de montos y metros cuadrados. Para colmo, este precario lista fue posteriormente reformulado tres veces - y que en algunos casos corresponde sólo a proyectos en vías de elaboración y carentes de documentación respaldatoria.

El 2 de enero de 2008 Cerisola firmó el acta que declaró "satisfecha" a la UNT en su derecho de recibir los fondos para el campus en los cerros tucumanos al considerar que esas obras reemplazaban a la Ciudad Universitaria, basándose en una serie de dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT a cargo de Augusto González Navarro y realizando las obras mediante un régimen especial de contrataciones de obras a partir de un expediente iniciado por el secretario general José Hugo Saab. Ambos funcionarios aun hoy ocupan esos cargos, pero no fueron procesados y solo declararon en calidad de testigos.

El 27 de diciembre de 2007, los directores por la UNT en YMAD, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, firmaron el acta N°498 del directorio de YMAD, donde se redactó el acta que luego firmaría Cerisola. Además, se confirmó que los anticipos llegaron desde 2005, cuando la UNT recibió un primer millón de la minería que Marigliano destinó al MUNT y no a la Ciudad Universitaria.

La Cámara Federal investiga la "ruta del dinero" de los fondos mineros hacia las obras, mientras que se omite o busca tapar el delito principal: la no-construcción de la Ciudad Universitaria tal como manda la ley. Los camaristas Marina Cossio, Ricardo Sanjuán y Patricia Marcela Moltini, y la secretaria de Cámara Myriam Depetris plantearon:

“Se observa un manejo arbitrario y riesgoso de los fondos aportados por YMAD. Se da por satisfecha, de manera arbitraria y discrecional, la obligatoriedad de la YMAD de transferir el 20% de sus utilidades a la UNT sin tener certeza sobre el monto exacto de esas utilidades. Al reconocer que el monto necesario para la terminación de la Ciudad Universitaria ya había sido recibido, implicó que los fondos que ingresaran desde ese momento fueran considerados de “libre disponibilidad”, razón por la que fueron utilizados para gastos diversos”.

Funcionarios implicados

La segunda causa involucra al ex Rector Cerisola y los ex funcionarios Olga Cudmani, ex directora de Construcciones Universitarias, y Osvaldo Venturino ,ex director de Inversiones y Contrataciones. El 18 de abril de 2022 el juez federal Fernando Poviña (hoy camarista federal) amplió el procesamiento sin prisión preventiva de Cerisola y trabó embargo sobre sus bienes en $ 20 millones (ya estaba embargado por $ 50 millones en 2016); Cudmani (iguales sumas) y Venturino ($50 millones). En esta causa no está implicado el ex subsecretario administrativo Luis Sacca, ya que él se encuentra imputado por las colocaciones financieras y esta causa se limita a las obras con fondos mineros.

La defensa de Cudmani insistió en que el Régimen especial de contrataciones de obras fue creado "a instancias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del entonces Secretario General de la UNT José H. Saab y de la Unidad de Auditoría Interna de la UNT, cuyos responsables dictaminaron favorablemente sobre su procedencia, por lo que cualquier tipo de reproche correspondería solo a ellos", y recalcó "que nada tuvo que ver su defendida con la creación de dicho “régimen”, ya que es ingeniera civil y ajena al mundo jurídico".

Vale recordar que el 10 de abril de 2023 el fiscal federal general Gustavo Gómez señaló la mora en el trámite judicial y planteó que hay responsables que no "aún no fueron traídos al proceso" como "María Luisa Rossi de Fernández (vicerrectora); Augusto González Navarro (responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos); José Hugo Saab (Secretario General de la Universidad); los integrantes del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio:Manuel Benitez como presidente, Bustamante y Colombo como directores por la provincia de Catamarca y Campero y Marigliano como representantes de la UNT. Funcionarios de la Dirección General de la Administración, Francisco Castillo, Guillermo Daniel Figueroa y Ronald Parada Pareja".

Los empresarios procesados

Fueron procesados los empresarios Marcelo Eduardo Boero ($ 5 millones); Pedro Alberto Varela Otonello y Juan Manuel Peña ($ 2 millones cada uno); Juan Carlos Aranda y Norma del Valle Zóttola ($ 4 millones cada uno); Ricardo Aníbal Fernández y Ruth Soledad Fernández ($ 3,5 millones cada uno); Manuel Guillermo Galindo y Roberto Antonio Galindo ($ 9 millones cada uno); Javier Martínez Riera y Oscar Enrique Prado ($ 6 millones cada uno); Juan Vicente Guzmán ($ 15 millones); Horacio Eduardo y Fernando Adrián Gordillo ($ 10 millones cada uno); Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace ($ 4 millones cada uno); Luis Exequiel Movsovich ($ 18 millones); Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martín Preatonio ($ 10 millones cada uno).

Para la Cámara Federal, todos ellos "considerados prima facie partícipes necesarios (art. 45 del C.P.), penalmente responsables del delito previsto y penado por el art. 174 inc. 5º en orden al art. 173 inc. 7º del Código Penal (administración fraudulenta contra la administración pública), por percibir sobreprecios en distintas obras realizadas con sus empresas en la UNT”.

En su fallo, la Cámara Federal rechazó los pedidos de Gómez tanto de que la causa se enmarque en un caso de lavado de activos como los pedidos de detenciones que requirió el fiscal federal.

Eltucumano.com