Tucumán: La querella de la UNT intentó dilatar, una vez más, el juicio por el robo de la Ciudad Universitaria

Sainete judicial

Rodolfo Tercero Burgos, abogado disfrazado de querellante de la causa cuyo juicio comenzó el pasado lunes, utilizó una situación personal para intentar posponer la segunda audiencia programada para la primera semana de junio. El Tribunal Oral Federal rechazó su pedido por “improcedente”.

“Proveyendo el pedido de suspensión de audiencia de Debate formulada por el representante de la querella particular, Dr. Rodolfo T. Burgos, no ha lugar por improcedente”. Con esta contundencia respondió el Tribunal Oral Federal de Tucumán al pedido realizado por el abogado encubridor disfrazado de querellante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que el pasado jueves solicitó posponer la segunda audiencia programada del juicio que comenzó ayer por el desfalco de fondos que debían destinarse, por ley, a la construcción de la Ciudad Universitaria.

A pesar de haber confesado ante la Justicia provincial de que no ejerce como abogado "hace años", Burgos es el elegido para velar por la universidad en la causa Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, en la que el delito precedente es el escandaloso Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán (y su encubrimiento institucional, mediático y judicial).

A días de comenzar el juicio, que padeció escandalosas dilaciones hasta llegar al día de su inicio, se supo que Burgos solicitó el pasado jueves postergar la segunda audiencia programada para el martes 4 de junio, aduciendo que debe tratar una cuestión judicial de índole personal con su expareja Marina Moris. “Se trata de una causa en la que soy víctima, es decir que más que un tema profesional, se trata de un problema personal y familiar”, explicó.

Ante esta solicitud, el TOF negó el pedido de la querella para dilatar una vez más el juicio, argumentando tres puntos. “a) es de público y notorio la compleja labor de quienes integran el Tribunal, y sus agendas interjurisdiccionales; b) la pluralidad imputados que se integran en el proceso; c) la antelación con la que se notificó la celebración de audiencia; d) la potestad de designar sustituto (Arts. 104 y 111 del C.P.N.); y e) la calidad de parte eventual no necesaria del querellante”.

La causa en la que múltiple agente de la UNT se califica como “víctima” se da el marco de su delicada situación procesal, que comenzó en 2021, cuando fue denunciado por el abuso sexual de su hija menor, que por ese entonces tenía 3 años. La causa judicial derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell - y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.

En junio de 2022 la fiscalía a cargo de Fernando Blanno había expresado que se encontraba acreditado el delito en contra de la menor: “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”, habían expresado en un decreto en el que se decidió “no hacer lugar” al pedido de ampliación de la denuncia por “Corrupción de Menores” ,contra Burgos.

El avance de la causa y las contundentes pruebas en su contra, provocaron que Burgos quede a las puertas del juicio oral, a pesar de las numerosas dilaciones que la Justicia le concede al también docente de la Facultad de Derecho.

“En lo concreto, me acusa de desobediencia judicial, que significa impedimento de contacto con la hija. Hay declaraciones de abogados, portero del edificio. Hay informes de Telecom que dicen que no ha llamado en más de un año, hay fotografías, números de WhatsApp, mensajes que dicen que el periodo que él no la veía, si la estaba viendo, que es durante el covid. Yo me separo por su violencia, y se va amenazándome que me iba a llenar de juicios, que es lo que hace. Este juicio es todo una mentira”, le contó Moris a FM latucumana 95.9.

Y agregó: “Dentro de este juicio y con posterioridad a este otro juicio que me realiza, está involucrada una niña a la que llaman a cada a ratos tribunales y cuya salud está cada vez más delicada”.

Hasta marzo, el letrado, además de su rol en la querella de la UNT,  se desempeñaba como director de Canal 10 de Tucumán en representación de la universidad, cargo al que renunció en total hermetismo y cuya dimisión fue aceptada el 26 de marzo por el Consejo Superior.

La salida de Burgos de la señal tucumana se dio mil días de que Moris lo denunciara por abuso sexual, evidenciando una protección por parte de las autoridades universitarias encabezadas por el Rector Sergio Pagani y el histórico secretario general José Hugo Saab, que mantuvieron en su cargo al abogado a pesar de la gravedad de la denuncia en su contra y con sanciones a otros integrantes de la UNT que por acciones de menor envergadura fueron desplazados de sus cargos.

Garante de la impunidad

El rol de Burgos al frente de la seudo querella de la UNT en la causa por el desmanejo de los fondos que debían ser destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria comenzó a tener sus primeras acciones el pasado lunes, cuando hizo uso de la palabra durante el inicio del juicio que se desarrollará de acá hasta fin de año en la sede del TOF.

Hasta la fecha se desconocen actuaciones encabezadas por el también lobbista del diario La Gaceta, que no se especializa en derecho penal. Sin embargo, a pesar de no tener experiencia en este tipo de casos, Burgos es muy cercano a la política universitaria, ya que fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora a la que defiende en una causa en la que se acusa por "malversación de fondos" universitarios. Luego fue designado en el directorio de Canal 10 en representación de la UNT; desde 2019 fue contratado por la Universidad en el Rectorado de José García para ejercer la querella que estaba a cargo de Diego Lamoglia y fue ratificado en esa función y recontratado por Sergio Pagani. En 2022, apoyó públicamente la candidatura de Augusto González Navarro a Decano de Derecho.

Antes de ser recusado y apartado de la causa, el fiscal Federal Gustavo Gómez afirmó en una entrevista con eltucumano.com desconocer "una actividad importante de la querella”. “La actividad del querellante tiene que ser incluso mucho más efectiva que la del fiscal. Se supone que el querellante tiene que tener un interés mayor. Nosotros defendemos el interés público, pero el querellante defiende el interés particular. En ese marco, tengo que pelear por la recuperación de los fondos”, explicó el Fiscal.

Ayer, durante la primera audiencia del juicio por la causa por corrupción más importante de la historia de Tucumán, Burgos tuvo sus primeras acciones como querellante y apuntó contra el dictamen de su amigo y compañero de militancia saabista, “Hochi” González Navarro. "Al pasar del 40% de las utilidades a recibir solo el 20%, de libre disponibilidad, el ex Rector había dado por ciertos hechos inexistentes, en particular la conclusión de la Ciudad Universitaria, y que para resolver un acto de esas características carecía de facultades, atendiendo las disposiciones del estatuto universitario, que juró cumplir y hacer cumplir, y que establece que los actos de disposición sobre los bienes universitarios son materia de su Consejo Superior y no del Ejecutivo", explicó Burgos al momento de hacer uso de la palabra.

"A partir de allí y con fundamento en una posición doctrinaria en el derecho administrativo que señala que no serían obras públicas las obras que se construyen cuando el dinero no proviene del Tesoro Nacional. Es una posición de la doctrina, no es unánime, al contrario, hay muchísimas posiciones que no concuerdan con esa doctrina", acusó contra el delictivo dictamen de González Navarro, más conocido como "doctrina Hochi".

González Navarro está señalado como el padre de un nuevo paradigma delictivo en el Derecho Público, según el cual los dineros públicos de un ente público se transforman en dineros privados cuando ingresan a las arcas de la UNT para que el rector disponga a su antojo. Está sospechado de ser el ideólogo y autor del mecanismo jurídico que permitió convertir los fondos públicos en privados y malversar, así, las arcas universitarias mediante el saqueo de los fondos provenientes de YMAD.

El informe jurídico firmado por González Navarro sostiene que "no proviniendo los fondos destinados a financiar las obras de aportes derivados del Tesoro de la Nación a través de las partidas presupuestarias que el mismo asigna por ley a las Universidades Nacionales, sino de una empresa que constituye sujeto de derecho privado, con actividad predominantemente industrial, ajena a los cometidos estatales y sujeta a un régimen jurídico ajeno al ámbito del derecho administrativo, las contrataciones de obras a efectuar con tal financiamiento resultan excluidas del régimen de la Ley 13.064 y demás reglamentaciones de contrataciones del Estado".

De acuerdo a la "Doctrina Hochi", "los procedimientos a adoptar no corresponde sean encuadrados en las exigencias formales y procedimentales emanadas de dicha normativa, pudiendo la UNT en ejercicio de sus potestades autónomas fijar los mecanismos que se estime adecuados a fin de obtener resultados ágiles y eficaces para responder a las exigencias edilicias que se intenta satisfacer", pero advirtiendo que "deben resguardar debidamente los principios de concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, que son propios de toda la actividad de los organismos estatales, aunque fijando pautas particulares que no necesariamente deben observar en forma estricta los parámetros de la Ley de Obras Públicas".

Así se constituía el "misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública" consagrado por el aún hoy jefe de Jurídico de la UNT y que durante las últimas elecciones universitarias fue socio político del hoy falso querellante, Rodolfo Tercero Burgos, con quién buscaban quedarse al frente de la Facultad de Derecho.

El fiscal general Gómez reiteró en noviembre de 2017 su pedido de ampliar la investigación sobre González Navarro, como también de María Luisa Rossi de Fernández, ex vicerrectora de la UNT y Saab, todavía hoy secretario general de la Universidad; los integrantes del directorio de YMAD, el equipo de Planeamiento y el equipo Económico de la UNT, y los integrantes del Consejo Superior ni de los representantes de las empresas contratistas.

El fiscal general destacó que los “dineros aportados por YMAD, son la consecuencia de una explotación minera/industrial que es objeto de múltiples causas penales por supuesta contaminación ambiental”, y sostuvo que debía considerarse que los investigados habían conformado una asociación ilícita por cuanto “se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para sí los roles estipulados en la función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad”.

“La estructura administrativa montada con el objeto de otorgar apariencia de legalidad, la multiplicidad e informalidad de la obra pública licitada, sumado al flujo de los dineros y dividendos generados, tal como surge de los informes de los organismos de control como la SIGEN y la AGN son indicativos de que se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos”, resaltó, y consideró que “resulta objetable la omisión que evidencia la sentencia criticada ya que se dejaría de lado una etapa del tracto delictivo que resulta indicativo de la intención que animó a los sujetos procesados en el manejo del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán”.

En otros de los tramos de su alocución frente a un tribunal federal, Burgos afirmó que “la Universidad va a defender la legalidad de la investigación, es correcta y aunque quizás fue limitada tenemos la posibilidad en este juicio de que otras conductas puedan investigarse”. Los cuestionamientos a la actuación "limitada" del fiscal federal Carlos Brito, se dio tan sólo seis días después de que tras la audiencia preliminar calificara la investigación de "muy buena".

Durante años, Burgos mantuvo en silencio sus reparos contra la investigación de Brito, que consideró que sólo el exrector Cerisola falsificó en soledad la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, cuya edificación fue ordenada por la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Pero la Casa de Altos Estudios tucumana fue víctima de una doble violación, ya que no sólo no se erigió la Ciudad Universitaria "conforme a los planos ya aprobados" tras la expropiación de 17.000 hectáreas en los cerros tucumanos, sino que ni antes ni después de que se la diera por terminada mediante un acta firmada el 2 de enero de 2008, la UNT nunca percibió el 40% de las utilidades que por ley debiera girarle YMAD.

El fiscal no tomó en cuenta el Acta Nº498 del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), publicada en mayo por eltucumano.com, donde los exrectores de la UNT Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano promovieron y avalaron con su firma la decisión del directorio de YMAD de condicionar la entrega de “créditos” a cuenta de “futuras utilidades líquidas” a la UNT. Dicha "extorsión financiera" por parte de YMAD no era otra que la de condicionar la entrega de fondos a la universidad pública tucumana a que Cerisola firmase un acta -elaborada en y por el directorio de YMAD y adjunta al acta 498- en la que el entonces rector de la UNT diera por concluída y terminada la Ciudad Universitaria de San Javier -unas 130 hectáreas parquizadas con más de 12 edificios de 7 pisos para 22 mil estudiantes, cientos de viviendas para profesores, Estadio para 30 mil personas, auditorio para 15 mil, Funiculares y Hospital, entre otros- que ordena construir la Ley 14.771 en el cerro San Javier  con el 40% de las utilidades de YMAD y "conforme a los planos ya aprobados".

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