Tucumán: La UNT designaría en YMAD a un abogado denunciado por la Provincia

Este martes el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán tratará la designación de José Roberto Toledo como representante de la casa de Altos Estudios en el directorio de "Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio". El letrado fue acusado por la Fiscalía de Estado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevará a cabo este martes una nueva sesión del Consejo Superior de manera virtual. En la oportunidad, entre los temas del día, se tratará la designación del

Este martes el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán tratará la designación de José Roberto Toledo como representante de la casa de Altos Estudios en el directorio de "Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio". El letrado fue acusado por la Fiscalía de Estado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevará a cabo este martes una nueva sesión del Consejo Superior de manera virtual. En la oportunidad, entre los temas del día, se tratará la designación del abogado José Roberto Toledo en el Directorio de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), en reemplazo de Alfredo Grau.

Sobre Toledo, quien de ser designado presidiría el emprendimiento minero durante cuatro años, pesa una denuncia penal de la Fiscalía de Estado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Una denuncia realizada mientras el letrado se desempeñaba como apoderado de la empresa que administra la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán.

Durante la gestión del exgobernador Ramón Ortega, el acusado Toledo se desempeñó como secretario de Relaciones Institucionales, como representante de la provincia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y como asesor del Poder Ejecutivo; este último entre julio de 1994 y octubre de 1995. "Hasta allí, que el abogado Toledo resulte ahora el apoderado de la Terminal implicaría un típico caso de puerta giratoria donde los funcionarios que integran gobiernos que otorgan concesiones terminan luego de empleados de esas mismas empresas al culminar la gestión. Esta conducta puede ser examinada moral y éticamente por la sociedad pero no configuraría, prima facie, delito alguno", explicó en una entrevista con La Gaceta el director judicial de la Fiscalía, Leonardo Francisco Debono, en 2018.

La Fiscalía de Estado entendió que la conducta del abogado "va mucho más allá". "El poder general judicial que él mismo (Toledo) acompaña en el proceso judicial fue otorgado por Terminal del Tucumán SA el 4 de agosto de 1994, en un registro notarial de Buenos Aires. Es decir, ese poder le fue otorgado por la empresa 10 días antes del decreto que lo designaba como asesor del PE, con rango de secretario", planteó.

Además, Debono señaló que "mientras el abogado Toledo revestía ese doble carácter (asesor del PE y apoderado de la empresa) la Provincia suscribió con Terminal del Tucumán SA, el 15 de diciembre de 1994, un convenio por el cual las partes acordaron específicamente modificar las pautas existentes en relación con el ?toque de andén?". Según el punto 5° del convenio al que se hace referencia, la Provincia dejó de percibir las tasas por "toque de andén". "Dicho convenio implicó para el Estado Provincial concedente la renuncia por todo el plazo del contrato a su participación en la recaudación de las tasas o tarifas por toque de andén", sintetizó el abogado.

La denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán, fue en respuesta a la demanda promovida por La Terminal por daños y perjuicios contra la Provincia para reclamar una indemnización varias veces millonaria. En ese juicio, la empresa exige la suma que surja del cálculo por los "toques de andén" no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados.

Eltucumano.com