El Rectorado designó al abogado Burgos como representante de sus intereses en el proceso de la Justicia Federal.
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) contrató a Rodolfo Tercero Burgos como nuevo abogado querellante en el proceso en trámite en la Justicia Federal por las irregularidades detectadas en el manejo de las utilidades mineras. La resolución que suscribieron el rector José García y el secretario general José Hugo Saab estipula que Burgos deberá representar los intereses de la institución educativa en la causa penal. En virtud de ese expediente, que está frenado por dos peritajes, serán juzgados el ex rector Juan Alberto Cerisola, y los coimputados Luis Sacca (ex diputado nacional de la UCR), Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.
El nombramiento de Burgos fue decidido como consecuencia de la renuncia de Diego Lammoglia a desarrollar la querella. Ese letrado hizo un paso al costado porque asumió como vocal de Sala VI de la Cámara Penal de esta ciudad y porque ese cargo resulta incompatible con el ejercicio profesional. La resolución del 12 de septiembre refiere que Lammoglia mismo sugirió nombres de colegas en condiciones de continuar la labor que él había empezado en virtud de una disposición del Consejo Superior. García y Saab manifestaron que entre esas recomendaciones estaba Burgos, que se desempeña como presidente de Canal 10 y que es docente de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. La resolución indica que Burgos será contratado por un año con la retribución que establezca el acuerdo de locación de servicios correspondiente.
Empezó hace una década
La reactivación de la querella acaece en un momento crítico para el proceso debido a la postergación del inicio del juzgamiento en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). A comienzos de este mes trascendió que, con viento a favor, el juicio oral comenzaría el primer semestre de 2020 debido a que el estrado había accedido a la práctica de dos peritajes, uno contable y otro de ingeniería civil, solicitados por los acusados. Se trata de operaciones arduas por la información voluminosa implicada. Las peritaciones habían sido aceptadas en mayo, pero el tribunal las activó en agosto. En el desarrollo de ambas medidas de prueba intervendrán peritos del Poder Judicial de la Nación.
Aunque la causa podía continuar sin querellante, la renuncia de Lammoglia había debilitado la posición de la institución que habría sido afectada -económica y moralmente- por los presuntos delitos atribuidos a los coimputados. Todos ellos han de rendir cuentas por la responsabilidad que, según la pesquisa, les cupo en el presunto manejo anómalo de las utilidades que la UNT recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Las denuncias calculan que ingresaron $ 340 millones o U$S 85,5 millones, según la cotización de hace una década. Se trata del primer enjuiciamiento de posibles hechos de corrupción asignados a la máxima autoridad de la casa de altos estudios que fundó Juan B. Terán en la historia centenaria de esa institución.
El trámite de esta causa en general fue lento y complejo. Su origen se remonta a la denuncia penal que el arquitecto Ramón Eudal presentó en 2010. A ella se sumaron presentaciones de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y del peronista disidente Oscar López. El fiscal federal N°1, Carlos Brito, llevó adelante la investigación y el juez N°2, Fernando Luis Poviña, la elevó a juicio. En el TOF, la acusación está en manos de Pablo Camuña mientras que integran el estrado los jueces Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Jorge Abelardo Basbus (subrogante).
La Gaceta
