Tucumán/"Van todos presos": Patricia Bullrich nacionalizó el escándalo por el Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT

La ministra de Seguridad de la Nación rompió el blindaje mediático anoche en una entrevista en TN del Grupo Clarín

Allí  contó que en su reciente visita a Tucumán se enteró del contubernio por el que tres rectores radicales, junto a funcionarios como José Hugo "el gordo" Saab, "se comieron" el campus en el cerro San Javier y vaticinó cárcel para la mafia saabista que gobierna el rectorado desde hace 40 años, con el silencio y complicidad del diario La Gaceta y sectores de la Justicia Federal de Tucumán.

Patricia Bullrich habló de la Ciudad Universitaria.-

"Ayer (por el lunes) estuve en Tucumán. En Tucumán, la notable Universidad de Tucumán que sacó grandes personas, grandes figuras, hizo un convenio con la Alumbrera, la mina de Catamarca. Con ese convenio hicieron un fondo fiduciario con un solo objetivo que era que iban a hacer una nueva Ciudad Universitaria. Se comieron la plata, están todos procesados a punto de un juicio oral. Van todos presos. Toda la plata que la Alumbrera le pasó al fondo fiduciario para hacer una nueva Ciudad... ¿Dónde están los estudiantes estudiando en Tucumán? En la vieja universidad de toda la vida porque se comieron la plata".

Con estas palabras, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, rompió el blindaje de los medios nacionales en una entrevista en TN del Grupo Clarín, donde habló sobre la causa del Robo de la Ciudad Universitaria, en dos oportunidades durante la jornada de ayer martes y haciendo referencia a la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.

La primera referencia de Bullrich al robo del mega campus fue durante su exposición en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del debate y los cruces por las auditorias universitarias. Allí, la excandidata presidencial contó que la UNT realizó un convenio con la mina catamarqueña Bajo La Alumbrera y que tenía como sentido conformar un fondo fiduciario para la construcción de una Ciudad Universidad: "Saben lo que pasó hoy con la Ciudad Universitaria? Nada. Se lo comieron todo. Están todos procesados, a punto de ir a un juicio oral. ¡Se comieron la Ciudad Universitaria, el Rector y toda la plana mayor! Entonces vamos a poner las cosas en orden", les contó la ministra a los parlamentarios presentes, con un claro desconocimiento de la causa y de la investigación realizada por eltucumano.com, quedando expuesta al expresar que el juicio aún no comenzó, cuando inició el pasado mayo.

La vigente Ley 14.771 de creación de YMAD ordena construir la Ciudad Universitaria de San Javier "conforme a los planos ya aprobados" con el 40% de las utilidades de la minera nacional. Su construcción fue falsificada en documentos y el campus se declaró "terminado"; así los fondos para la UNT pasaban a ser de "libre disponibilidad" del Rectorado y se reducían a la mitad, mientras que el otro 20% se distribuía desde ese momento en el sistema universitario nacional, según el artículo 18 de la citada ley, promulgada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 1959, durante la presidencia del radical Arturo Frondizi.

La Ciudad Universitaria de San Javier fue "reemplazada" por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades de la UNT, que devinieron en una denuncia del arquitecto Ramón Eudal –ya fallecido- en el año 2010 que devino en una investigación por los sobreprecios en esas obras y la malversación de los fondos en colocaciones financieras. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Brito, quien no hizo mucho énfasis en el presunto delito de fondo: la no-construcción de la Ciudad, una mega obra para la que Juan Domingo Perón ordenó expropiar 18.000 hectáreas en los cerros tucumanos y que llevó a Frondizi a resolver el litigio entre la UNT y Catamarca mediante la Ley de YMAD, que determinó el destino único de esos fondos, legados a la Universidad por Abel Peirano, el descubridor de la enorme mina de oro, cobre y plata.

En 1991, YMAD convocó a concurso público para la explotación de la mina de Bajo de la Alumbrera. En el '93 Carlos Menem sancionó la Ley de Inversiones Mineras y en el '94 se concesionó la mina a Minera Alumbrera Ltd, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre YMAD y Minera Alumbrera. La inversión inicial habría ascendido a por lo menos U$S1.200 millones, aunque se ha insinuado que fueron muchos más. Hacia el '97 comenzó la extracción de oro y plata y se proyectaba que las utilidades llegarían a los socios de YMAD (Catamarca y la UNT) hacia el año 2012 o incluso para el 2014.

Sin embargo, en el año 2005 los directores de la UNT en YMAD Rodolfo Campero y Héctor Carlos Ostengo tomaron conocimiento de un cambio en la titularidad de acciones de Wheaton River Minerals Ltd, empresa integrante de Minera Alumbrera Ltd, por U$S 250 millones. Esta maniobra -que no habría sido informada- fue impugnada por la UNT, según reveló en diciembre de 2023 el abogado Carlos Benito Garzón, asesor de los directores de la UNT, en el diario La Gaceta. De acuerdo a lo que sostuvo Benito Garzón, Campero presentó una nota ante Minera Alumbrera y obtuvo el adelanto de un millón de dólares que el entonces Rector Marigliano destinó al Museo de la UNT -que ya estaba en marcha- y no a la Ciudad Universitaria como ordenaba la ley 14.771.

Ese acuerdo se consagró en el contrato que firmó Marigliano con Julián Patricio Rooney -gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de Minera Alumbrera- el 30 de noviembre de 2005, el primer millón de la minería que llegó a la UNT, destinado supuestamente a una obra que ya estaba proyectada y en curso. Rooney estuvo procesado y embargado por contaminación ambiental con metales pesados de la cuenca Salí-Dulce. En 2007, Marigliano fue candidato a gobernador por la Unión Cívica Radical, de la que era presidente en Tucumán.  Ese primer millón no figuraría en los balances de la Universidad, pero sí aparece en los expedientes donde Campero y Marigliano reclamaban desde YMAD por el destino de los fondos a Cerisola años después.

A partir de esta maniobra, el robo de la Ciudad Universitaria se consolida con el Acta Nº498 del directorio de YMAD (27 de diciembre de 2007) en la que Campero y Marigliano -ya fallecido- (directores en representaciòn de la UNT)  promovieron la falsificación de dicha obra. Así, los ex rectores redactaron y propusieron el pro forma y las condiciones del acta  que firmó días después, el 2 de enero de 2008, el por entonces Rector Juan Alberto Cerisola con YMAD declarando "terminada" la Ciudad Universitaria y la obligación de remitir el 40% de las utilidades de la empresa a la universidad: así, las regalías mineras para la UNT disminuyeron del 40% al 20% pero pasaban a ser de libre disponibilidad a favor del Rectorado. Con esto se puso en marcha el encubrimiento judicial, mediático e institucional de la mega estafa contra la UNT.

En la actualidad, la Justicia Federal de Tucumán, lleva adelante un lento juicio oral y público contra el exrector Juan Alberto Cerisola, y funcionarios de su gabinete, en el proceso por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia: allí se investiga el supuesto desmanejo de unos U$S 85 millones provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.

La Justicia Federal deberá determinar la responsabilidad de Cerisola y sus exfuncionarios, como también de los ex Rectores Campero y Marigliano por su rol en YMAD. A lo largo del proceso judicial, la causa que se fue dividiendo y estuvieron procesados más de 20 empresarios tucumanos por las obras del nuevo plan de obras de la UNT; además, el fiscal federal Antonio Gustavo Gómez requirió también la indagatoria y detención de la ex vicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y los históricos funcionarios José Hugo Saab y Augusto González Navarro (en ese momento y hoy aún secretario general y director de Asuntos Jurídicos de la UNT respectivamente), al considerar que “no fueron ajenos a las maniobras por las que resultaron procesados Cerisola, Cudmani, Venturino y Sacca”, pero el fiscal fue apartado de la causa por una presunta enemistad manifiesta denunciada por Brito.

Eltucumano.com