Catamarca/Cara y Cruz: Lejos de la licencia social

La empresa Livent, cuestionada por su política de sustentabilidad ambiental y por sus maniobras de subfacturación.

Las dificultades evidentes que tiene la actividad minera en Catamarca para lograr la necesaria licencia social, podrían incrementarse si las dudas planteadas respecto del manejo y tratamiento de los residuos peligrosos por parte de las empresas litíferas no se despejan con prontitud.

Las sospechas surgieron de grupos antimineros, que desde hace bastante tiempo cuestionan la sustentabilidad ambiental de este tipo de emprendimientos, con denuncias contra las firmas Galaxy lithium, minera Posco y minera Livent. Las imputaciones se refieren a la extracción de más de tres millones de litros por día de agua del río Los Patos a través de un acueducto cuya construcción fue cuestionada por los pobladores del lugar, pero también al mal manejo de residuos químicos, que estarían contaminando el suelo y el agua, con el consiguiente riesgo para la salud humana y de los animales de la zona.

Pero tales denuncias obtuvieron soporte institucional cuando el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, le solicitó a su par catamarqueño, Santos Reynoso, que ponga en marcha las actuaciones preliminares por posible infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos. Como respuesta al requerimiento de Gómez, Reynoso envió oficios al Ministerio de Minería de la provincia para que informe cuáles son las empresas mineras que se encuentran explotando la región del Salar del Hombre Muerto, que se detalle la fecha desde la cual iniciaron operaciones, que se acompañe la evaluación de impacto ambiental “con expresa indicación de la actividad declarada, tipo de material que se extrae, contaminación generada en la zona y ocupación de territorio”, que se informe el tipo de tratamiento que reciben los residuos de la actividad sobre el suelo, aire y cursos de agua; y por último pide que se informen cuáles son los cursos de agua de los cuales se toma el recurso para utilizarlo en la actividad minera.

La investigación se enfocará en la empresa estadounidense Livent, la única en la actualidad que explota y comercializa el mineral en el departamento Antofagasta de la Sierra. Los otros proyectos se encuentran en la actualidad en etapas previas a la explotación. Livent tiene antecedentes negativos de data reciente en materia ambiental. Como se recordará, en el mes de febrero un camión contratista de la empresa volcó y produjo un derrame de ácido clorhídrico, una sustancia muy peligrosa que se usa para la disolución de metales. El Ministerio provincial investiga ese incidente que supone un incumplimiento de la normativa vigente a través de un sumario administrativo ambiental.

Además, la firma estadounidense que opera el proyecto Fénix también ha sido investigada por la AFIP y fuertemente sancionada por maniobras de subfacturación en la exportación de litio.

Las imputaciones contra la gestión ambiental de Livent son graves y ameritan una respuesta rápida y muy completa del órgano gubernamental con competencia en el tema. Los datos disponibles son todavía muy escasos, tanto respecto del incidente del camión que transportaba el ácido clorhídrico como en el resto de las denuncias del mismo tenor promovidas por grupos ambientalistas.

La actividad minera, que implica, desde el punto de vista productivo, un potencial de desarrollo clave para la provincia, necesita del apoyo de la comunidad local. Y ésta solo se logra con transparencia, sustentabilidad ambiental y beneficios económicos para el Estado y para los habitantes de la zona donde se encuentra el emprendimiento. En ese contexto de análisis, urge que la Justicia disponga de información precisa para evaluar el desempeño de Livent y el resto de las firmas mineras. Cualquier demora generará suspicacias y postergará el logro de la licencia social que la actividad necesita y que aún está lejos.

El Ancasti