Catamarca: La ministra Regalado defendió la reforma a Glaciares

La titular de la cartera minera local argumentó que los cambios garantizan "el pleno respeto por la autonomía provincial en la gestión de nuestros recursos naturales".

Tras la última jornada de exposiciones de funcionarios nacionales y de provincias mineras donde Catamarca estuvo representada por la ministra de Minería, Teresita Regalado, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió ayer luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares -proyecto que, en líneas generales, busca reducir las áreas periglaciales hoy protegidas para instalar allí nuevos proyectos productivos- y apuesta a convertirla en ley en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados.

El dictamen de mayoría obtuvo 37 firmas de las 66 que integran el plenario de Ambiente y Asuntos Constitucionales. Acompañaron a La Libertad Avanza, diputados del PRO, la UCR y legisladores provinciales de Catamarca, San Juan y Misiones. Mientras tanto, Unión por la Patria (23 firmas), Provincias Unidas (5 firmas) y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica firmaron dictámenes propios, aunque los tres de rechazo.

Luego de dos jornadas de audiencias públicas, el oficialismo se cuidó de coronar el debate con voces a favor de la reforma: para ello convocó al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y una decena de funcionarios de provincias mineras, aunque por Catamarca expuso Regalado. A ellos se sumaron el secretario de Minería, Luis Lucero, y el subsecretario de Medio Ambiente, Fernando Brom.

Si bien LLA confía en que los números están, la apertura del recinto -con el escándalo de Manuel Adorni fresco- promete conflicto. Hay pedidos de interpelación al jefe de Gabinete presentados, aunque la oposición necesita mayoría suficiente para emplazar a las comisiones que deben tratarlos y Adorni ya tiene cita para el 29 de abril con el objetivo de brindar su informe de gestión en el Congreso.

La reforma propone que la protección que la ley actual confiere a todo el ambiente glaciar y periglacial se acote únicamente a aquellos cuya función hídrica esté científicamente comprobada. A su vez, conceden a los gobernadores la elaboración del inventario glaciar bajo el argumento de que la Constitución establece que los recursos naturales son de las provincias. A la par, con la reforma se busca habilitar inversiones productivas en las áreas que no cumplen con esa función estratégica. El Gobierno nacional y las provincias mineras esperan que, una vez aprobada esta reforma, se destraben alrededor de U$S 20.000 millones en inversiones.

Los detractores de la reforma están convencidos de que, de ser convertida en ley, esta será judicializada por inconstitucional y regresiva, pues viola los presupuestos mínimos de conservación del ambiente y pondrá en riesgo la provisión de agua para las cuencas hidrográficas. De hecho, la diputada Fernanda Ávila admitió que los cambios a la ley pueden llegar a ser judicializados, aunque más por las formas que por el contenido. Quienes están en contra argumentan, además, que la habilitación para actividades extractivas en las áreas hoy protegidas quedará supeditada a la decisión “discrecional” de las provincias –que tendrán la última palabra como autoridades de aplicación de la norma- en conjunción con las corporaciones mineras.

Exposición local

Durante su exposición en el plenario de ayer, la ministra de Minería catamarqueña manifestó la “conformidad” de la provincia con la propuesta de modificación. “Consideramos de suma relevancia consolidar y reafirmar el ejercicio de las competencias provinciales en el marco del Federalismo Ambiental consagrado por la Constitución Nacional, garantizando el pleno respeto por la autonomía provincial en la gestión de nuestros recursos naturales”, fundamentó. En ese sentido, consideró “fundamental fortalecer las atribuciones provinciales en lo relativo al perfeccionamiento y actualización del Inventario Nacional de Glaciares en su carácter de herramienta técnica de referencia para la toma de decisiones”.

La funcionaria también sostuvo que Catamarca no solo cuenta con profesionales calificados, sino también la capacidad técnica e institucional necesaria para asegurar la gestión sostenible y el control riguroso, lo que hace “factible desarrollar actividades vinculadas con ambientes glaciares y periglaciares bajo estándares adecuados de control, fiscalización y gestión ambiental”.

EL Esquiú