Catamarca: Para Monti la concesión en el Proyecto Fénix refleja "improvisación institucional"

Polémica por la 'cláusula anticorrupción' del nuevo contrato

El diputado advirtió que la posibilidad de que la empresa condicione sus aportes no se dio con ningún otro proyecto minero. "No hay reglas generales ni ley que ordene el conjunto", reparó.

El diputado provincial Francisco Monti (LLA) advirtió que la adenda del contrato del Proyecto Fénix y la incorporación de la conocida como "claúsula anticorrupción" demuestran que el Gobierno "no tiene reglas generales" y que "cada negociación es diferente y desconectada del conjunto", ya que no se implementaron cosas similares con otros proyectos. "Es improvisación institucional", reparó, en diálogo con El Ancasti.

"La adenda del Proyecto Fénix no es un trámite técnico ni una corrección menor de un contrato histórico. Es una señal política grave. En ese texto, la Provincia de Catamarca acepta que la empresa que desarrolla el proyecto Fénix condicione sus aportes al juicio que ella misma haga sobre cómo el Estado utiliza los recursos públicos. Dicho sin eufemismos, el Gobierno avala que la empresa se reserve la facultad de decidir si sigue pagando o no, según su propia interpretación de eventuales desvíos, irregularidades o sospechas", explicó Monti, con relación al nuevo contrato que eventualmente el bloque de LLA rechazó en la Legislatura.

"Lo más preocupante no es solo el contenido de la cláusula, sino su carácter excepcional. Este estándar no existe en los convenios con otros proyectos de litio de la Provincia, como Tres Quebradas o Sal de Oro. Allí no hay aportes condicionados, ni potestades privadas para evaluar la conducta estatal. Entonces la pregunta es directa y política: ¿por qué en Fénix sí y en los demás no? ¿Quién decidió que una empresa tenga más poder que otras para condicionar recursos públicos? ¿Con qué criterio?", se preguntó el legislador.

Para Monti, la respuesta está en que "no hay reglas generales". "Hay contratos negociados uno por uno, sin marco común, sin política minera integral y sin ley que ordene el conjunto. Cada proyecto implica una negociación diferente y desconectada del conjunto. Eso no es seguridad jurídica. Es improvisación institucional", cuestionó.

En este sentido, insistió en que la adenda del Proyecto Fénix "deja al desnudo una vez más otra debilidad estructural del Gobierno Provincial". "Desde la sanción de la Ley de Regalías Mineras, Catamarca está obligada a invertir esos recursos conforme a un plan estratégico. Ese plan nunca existió. Nunca se discutió. Nunca se presentó. Sin planificación, los fideicomisos se multiplican, pero no construyen desarrollo. Se convierten en cajas opacas, sin prioridades claras, sin control político real y sin rendición suficiente", argumentó.

Monti recordó que por esos motivos el bloque rechazó la adenda en el tratamiento de la Cámara de Diputados: "Porque consolida ese modelo, porque naturaliza que cada empresa tenga su propio régimen, porque habilita controles privados sobre decisiones públicas y porque profundiza una lógica en la que la renta de recursos no renovables se administra sin plan, sin estrategia y sin horizonte intergeneracional", señaló. Además de los diputados libertarios, el proyecto fue rechazado por los diputados de Generación del Cambio, el PRO y el MID. Sin embargo, se convirtió en ley por los votos del oficialismo, con el respaldo de la UCR (Luis Fadel y Alicia Paz) y Fuerza Catamarca (Sonia Nabarro).

"Raúl Jalil y su entorno están más preocupados por ejercer lobby para negocios particulares, como ocurrió en la transferencia de Cerro Atajo a su amigo y socio, que en planificar una inversión pública que mejore la vida de los catamarqueños. Catamarca necesita reglas claras, iguales para todos, y un Estado que gobierne la renta minera con autoridad, planificación y responsabilidad histórica. Todo lo demás es administrar la riqueza como si fuera infinita", señaló Monti.

La cláusula

La modificación al contrato del Proyecto Fénix incorporó una particular cláusula anticorrupción que, según advirtió el oficialismo, está diseñada para "proteger los fondos públicos provinciales derivados de la actividad minera". Lo llamativo de esta disposición, que fue cuestionada por la oposición en sesión de la Cámara de Diputados, es que otorga a la empresa que explota el proyecto (Minera del Altiplano-Rio Tinto) la facultad de suspender pagos ante indicios de irregularidades en el manejo de los fondos públicos. La adenda, presentada por el oficialismo, además de unificar el fideicomiso Salar del Hombre Muerto en el Fondo Fiduciario de Regalías Mineras, introduce mecanismos de control sobre el uso de los recursos.

Según se explicó por parte del oficialismo, la cláusula faculta a Minera del Altiplano a suspender los pagos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras ante tres escenarios: si los fondos se usan para fines distintos a los previstos en la Ley 5.642; si surgen pruebas de uso en beneficio personal de funcionarios o actores políticos; o si existe investigación legal por incumplimiento de normas anticorrupción.

El mecanismo establece 60 días para que la Provincia regularice la situación. Si no se resuelve, la empresa queda liberada de realizar aportes, eliminando cualquier obligación de transferir fondos que pudieran ser objeto de desvíos.

Durante la sesión donde se aprobó la adenda, el diputado Juan Pablo Sánchez, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas y miembro del bloque oficialista, destacó la cláusula como "clara, concreta y operativa". "Fortalece los mecanismos de control y transparencia", dijo

El Ancasti