Defensa de la Competencia: investigan a las cementeras por presuntos sobrecargos

Las cementeras son investigadas por aplicar sobrecostos que perjudican a sus clientes directos e indirectos

Alfredo Sainz

El gobierno argentino puso la mira sobre la industria del cemento y avanza con una investigación para determinar si las empresas del sector están aplicando sobrecargos a sus precios que terminan perjudicando a los clientes directos e indirectos.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dispuso a través de una resolución que la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) “se abstenga de solicitar a las empresas asociadas, recibir de estas, y/o distribuir información de despacho y/o producción de cemento portland de dichas empresas con nivel de apertura por provincia de manera de evitar maniobras de cartelización”.

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Concretamente, la CNDC busca determinar si los cuatro principales jugadores del mercado del cemento -las multinacionales Loma Negra (controlada por el grupo brasileño Camargo Correa), Holcim (ex Minetti y actual filial de una compañía suiza) y Cementos Avellaneda (que tiene como accionistas a la española Molins y la brasileña Votorantim), y la argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia (de la familia Brandi)- utilizan la información que aporta cada empresa a la cámara sectorial para aumentar sus precios.

De acuerdo con la investigación, las empresas podrían estar fijando sus valores de venta del cemento a partir de las estadísticas de despacho en cada provincia, aprovechándose del hecho de que, debido a los altos costos de los fletes, la ubicación de las plantas les otorga a las productoras una ventaja competitiva.

“El mercado de cemento presenta ciertas características que facilitan la cartelización o la coordinación tácita. En efecto, se trata de un mercado concentrado, con altas barreras a la entrada, de un producto homogéneo, con demanda relativamente inelástica y con una tecnología de producción estándar”, precisó la investigación a la que tuvo acceso LA NACION.

En el organismo -que ahora está bajo la órbita del secretario de Comercio, Matías Tombolini- destacan que este tipo de problemas no es exclusivo del mercado local, pero precisa que su alcance en el país es amplio. “Se observa que el mercado del cemento en la Argentina cuenta con una estructura altamente concentrada, tanto a nivel nacional como regional, con altas barreras a la entrada y una reducida dinámica competitiva. Este marco, sumado al elevado costo del flete, habría facilitado una discriminación de precios que generó, al menos en el período estudiado, un ‘sobrecargo’ para sus clientes directos e indirectos”.

Recomendación oficial

Desde las empresas negaron cualquier tipo de cartelización o maniobra para aplicar sobrecargos. “Ante la investigación de mercado que llevó a cabo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), vinculada a la situación de competencia del sector cementero, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), que agrupa a las cuatro empresas productoras de cemento en la Argentina, desea señalar que todos sus miembros, sin excepción, cumplen de manera estricta, autónoma e independiente con las normas de defensa de la competencia, sin incurrir en ningún caso en prácticas que puedan ser consideradas violatorias del marco legal de la ley 27.442 (ley de Defensa de la Competencia)”, señaló Damián Altgelt, director ejecutivo de la AFCP.

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En la entidad empresaria además destacaron que ya están dando cumplimento al pedido de Defensa de la Competencia para no compartir información considerada sensible. “Estamos siempre a plena disposición de las autoridades nacionales para fortalecer la transparencia e integridad en el sector cementero. En particular, la AFCP ya ha dado cumplimiento a la recomendación efectuada por la CNDC, de abstenerse de solicitar y publicar estadísticas desagregadas a nivel provincial, que tengan una antigüedad menor a los 12 meses”.

Antecedente

No es la primera vez que las cementeras son sometidas a una investigación por parte de Defensa de la Competencia por la aplicación de presuntos sobrecostos. En 2013, las empresas del sector fueron condenadas por la Corte Suprema a pagar $310 millones (en ese momento US$60 millones) por pactar precios y concertar cuotas de mercado.

En este caso, la investigación se había iniciado de oficio en 1999 y se había extendido hasta 2005, cuando las empresas fueron encontradas culpables, aunque el fallo fue apelado. Según ese trabajo, a lo largo de 18 años, desde 1981 a 1999, el porcentaje de participación de cada empresa se mantuvo casi inalterable.

La Nación