Retenciones a las exportaciones mineras: un debate complejo en la política comercial internacional de Argentina, por Favio Casarín

El contexto de las retenciones

El debate sobre las retenciones a las exportaciones, también conocidas como derechos de exportación, es uno de los temas más polémicos y críticos dentro del ámbito político y productivo en Argentina, especialmente en el siglo XXI. Este instrumento fiscal, que ha sido utilizado por diferentes gobiernos con la intención de maximizar la recaudación impositiva, plantea interrogantes sobre su efectividad y sus consecuencias en la economía nacional y en el desarrollo del sector exportador.

La política comercial internacional se define como el conjunto de acciones y decisiones que un gobierno implementa para regular el intercambio de bienes y servicios con otros países. Esta regulación no solo abarca la importación y exportación de productos, sino que también implica la gestión de las relaciones comerciales internacionales. Los objetivos de esta política son claros: maximizar el bienestar económico del país, asegurar condiciones equitativas en el comercio global, promover el crecimiento económico y el desarrollo, y resolver controversias comerciales que puedan surgir.

Sin embargo, la implementación de esos objetivos no es sencilla. Existen múltiples factores en juego, que incluyen las tendencias económicas globales, las negociaciones comerciales, las políticas internas y las fuerzas del mercado. En este contexto, los gobiernos utilizan una variedad de instrumentos, que se pueden clasificar en arancelarios y no arancelarios. Entre los instrumentos arancelarios, destacan los impuestos a las importaciones o exportaciones, siendo las retenciones a las exportaciones uno de los ejemplos más notorios.

Argentina, junto con algunos otros países, ha sido un pionero en la aplicación de derechos de exportación. De hecho, entre los cincuenta principales exportadores del mundo, solo nuestro país, junto con otros cuatro, recurre a estos gravámenes de manera significativa. Esta peculiaridad en la política comercial argentina nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de este impuesto. La retención puede parecer, a primera vista, una herramienta práctica y simple para recaudar, pero su delicadeza radica en los efectos nocivos que puede tener sobre la economía nacional y, en particular, sobre los pequeños y medianos productores, quienes suelen ser los más afectados por estas medidas.

La carga impositiva a las exportaciones no discrimina entre grandes y pequeños productores. Las empresas más pequeñas enfrentan mayores dificultades para ofrecer precios competitivos en el mercado internacional, dado que las retenciones pueden erosionar sus márgenes de ganancia. Esto a menudo resulta en la incapacidad de competir con empresas de otros países que no se encuentran sujetas a cargas fiscales similares. La situación se complica aún más cuando se considera que el entorno de inseguridad jurídica en Argentina también afecta las decisiones de inversión a largo plazo. Los constantes cambios en las alícuotas de retención generan incertidumbre, lo que desalienta a los inversores tanto nacionales como extranjeros y agrava un clima de negocio ya de por sí inestable.

Es esencial reflexionar sobre las razones detrás de la aplicación de derechos de exportación en el país. La historia reciente de Argentina ha estado marcada por un descalabro en diversas áreas, impulsado por excesos en el gasto público y una falta de planificación estratégica. A menudo, ante la presión del déficit fiscal, los gobernantes echan mano a la solución más rápida y tentadora: aumentar los impuestos a las exportaciones. Sin embargo, esta táctica, lejos de resolver los problemas económicos subyacentes, tiende a enmascararlos, creando un ciclo vicioso que puede resultar perjudicial para el desarrollo sostenible del país.

Un aspecto relevante en este análisis es la seguridad jurídica, un concepto que se ha vuelto casi mítico en el discurso político argentino. La falta de previsibilidad en las políticas fiscales, especialmente en aquellas relacionadas con el comercio exterior, produce un efecto paralizante en la toma de decisiones empresariales. Los inversores requieren estabilidad, no solo en las alícuotas de impuestos, sino también en las políticas comerciales generales. La erosión de la confianza en el marco regulatorio puede llevar a la fuga de capitales y al estancamiento de sectores que tienen el potencial de contribuir significativamente a la economía nacional.

La cuestión de las retenciones a las exportaciones es, sin lugar a dudas, compleja y multifacética. No podemos olvidar que el comercio internacional no se desarrolla en un vacío; está influenciado por un entramado de relaciones y acuerdos entre naciones. En este sentido, el compromiso de Argentina con acuerdos comerciales internacionales también se ve afectado por la existencia de derechos de exportación. Los socios comerciales pueden cuestionar la competitividad de los productos argentinos, lo que podría traducirse en sanciones o represalias, algo que el país no puede permitirse en un mundo cada vez más interconectado.

La clave está en buscar un equilibrio entre la necesidad de recaudación y la promoción de un entorno favorable para la producción y el comercio. Solo así se podrá fomentar un crecimiento sostenible y garantizar que Argentina no solo forme parte del selecto grupo de los principales exportadores del mundo, sino que lo haga de manera competitiva y justa.

La reflexión sobre este tema es más necesaria que nunca, ya que no solo afecta a los actores del sector agroindustrial, sino que tiene repercusiones en la vida diaria de todos los argentinos. El futuro de nuestra economía dependerá de las decisiones que tomemos hoy en torno a las políticas comerciales que adoptemos, y las retenciones a las exportaciones son solo la punta del iceberg de un debate mucho más amplio que merece nuestra atención y análisis crítico.

El devenir de las retenciones mineras

La historia reciente de las retenciones a las exportaciones mineras en Argentina refleja un vaivén de decisiones políticas y económicas que han marcado el rumbo de este sector vital para el país. Desde su instauración por la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario en 2002, hasta las recientes modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei, las retenciones han suscitado debates acalorados y han dejado una huella profunda en la industria minera.

La ley N° 25.561, sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, estableció porcentajes de retención que iban del 5 al 10%. Sin embargo, no fue sino hasta 2007, en la administración de Néstor Kirchner, que estas medidas se hicieron efectivas, generando una fuerte oposición por parte del sector minero. Las empresas cuestionaron la legalidad de estas retenciones, argumentando que contravenían la estabilidad fiscal asegurada por la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) de 1993. Este enfrentamiento culminó en la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor del Gobierno Nacional en 2012, subrayando que la estabilidad fiscal no exime a las empresas de afrontar impuestos adicionales.

El escenario cambió drásticamente bajo la presidencia de Mauricio Macri. En febrero de 2016, el nuevo mandatario eliminó las retenciones, justificando la decisión por la necesidad de restaurar competitividad frente a países con desarrollos mineros más sólidos, como Perú y Chile. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado en 2018, cuando, en un acto percibido como improvisado, el gobierno volvió a imponer un derecho de exportación del 12% sobre todas las exportaciones mineras, al mismo tiempo que desmanteló la Secretaría de Minería, lo que generó una nueva ola de críticas.

El gobierno de Alberto Fernández, que asumió en 2019, también tuvo su impacto en este contexto fluctuante al reducir nuevamente las retenciones al 8% para plata y oro, y al 4,5% para otros metales, como el litio. Cada movimiento político parecía marcar un nuevo capítulo en la novela de las retenciones, con un trasfondo de incertidumbre que afectaba la planificación y la inversión en el sector.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia en 2025, las medidas parecieron desplazarse hacia un enfoque más radical. El anuncio realizado el 26 de julio sobre la reducción de retenciones para el sector agrícola ganadero fue solo el primer paso. En agosto, la eliminación de las retenciones de exportación a 231 productos mineros dejó al sector minero sorprendido y a otros, enardecido. La medida, que involucró a minerales utilizados en la construcción y otras categorías, pretende estimular un sector que se encontraba en la encrucijada. No obstante, el litio y la plata mantuvieron un porcentaje de retención del 4,5%, un punto que no pasó desapercibido.

Las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, enfatizaron que la eliminación de las retenciones busca impulsar las exportaciones del sector. Se hizo referencia a la presentación de proyectos vinculados al litio y otras industrias, sumando cifras astronómicas en términos de inversión. Sin embargo, este optimismo se vio empañado por críticas de la oposición, que cuestiona las prioridades del gobierno en un país donde los haberes jubilatorios y la asistencia a sectores vulnerables aún estaban en un estado precario.

La discusión sobre las retenciones a las exportaciones mineras ha revelado la complejidad de la política económica argentina. Si bien la idea de eliminar impuestos puede sonar atractiva para fomentar la inversión y mejorar la competitividad, la realidad es que el camino hacia la recuperación de la industria minera va más allá de decisiones aisladas. Los cortos períodos sin retenciones no lograron transformar significativamente la competitividad del sector ni aumentar las exportaciones, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de este enfoque.

Es esencial comprender que, en el ecosistema minero, la competitividad no se define únicamente por la carga impositiva. Países como Chile, Perú, Australia y Canadá han desarrollado políticas mineras integrales que van más allá de la ausencia de retenciones, invirtiendo en infraestructura, educación y tecnología. Estas naciones han sido capaces de crear entornos favorables que permiten un crecimiento sostenido en la actividad minera, mientras que Argentina parece haber centrado sus esfuerzos en soluciones temporales y volátiles.

Por ende, el reto que enfrenta la minería argentina es monumental. La cancelación y reinstauración de retenciones ha dejado una estela de incertidumbre sobre las inversiones futuras. El camino hacia una política minera sólida requiere una visión a mediano y largo plazo, que contemple no solo la carga tributaria, sino también la creación de un marco normativo simple, estable y predecible.

La clave estará en aprender de la errática trayectoria del pasado y construir un futuro que apueste por la estabilidad, la transparencia y el verdadero desarrollo sostenible. Solo así, Argentina podrá digerir y aprovechar el potencial inmenso de su sector minero, transformando sus riquezas en oportunidades reales para el pueblo argentino.

Por Favio Casarin - Geólogo y Abogado

Profesor de Derecho Minero

Prensa GeoMinera