Ley de Glaciares, para febrero y al Congreso: Milei apuesta a San Juan y los gobernadores mineros

El Gobierno nacional planea reabrir dentro de tres meses la discusión en el Congreso sobre la Ley de Glaciares, una demanda clave de las provincias mineras como San Juan.

Por Elizabeth Pérez

El Gobierno nacional definió de manera informal el temario desdoblado de las sesiones extraordinarias y anticipó que, en febrero, se debatirán reformas de peso, entre ellas la modificación de la Ley de Glaciares, según informó La Nación.

El futuro del cobre en San Juan depende de una definición sobre la Ley de Glaciares. El debate en la Nación mantiene en suspenso una norma clave para dar certidumbre a las inversiones mineras.

La iniciativa retoma un reclamo histórico de las provincias mineras, que piden redefinir el “área periglacial” para habilitar inversiones hoy paralizadas. Esta vez, la Casa Rosada decidió no avanzar con un decreto reglamentario y abrir el debate por una nueva ley, un paso que coloca a San Juan en el centro de la discusión legislativa.

Aseguran que la jugada del Presidente Javier Milei es acercarse a los gobernadores cordilleranos -entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego-, que en conjunto controlan 13 diputados y 4 senadores, un capital político decisivo para alcanzar mayorías legislativas sin comprometer recursos fiscales.

Contexto político

Milei ve en esta reforma técnica una oportunidad de alinearse con los mandatarios del oeste -especialmente San Juan y Mendoza- y del norte -Salta, Jujuy y Catamarca-, donde la minería promete fuertes ingresos y desarrollo local. El freno es la indefinición de la Ley de Glaciares, respecto a definiciones como “área periglacial” y “glaciares de roca”, entre otras. Sin una normativa clara, no llegaran los miles de millones de dólares de las mineras para poner en marcha esos jugosos proyectos.

En Buenos Aires dicen que el gobernador de San Juan fue uno de los primeros en celebrar que el tema esté nuevamente sobre la mesa. Tras reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Orrego destacó la necesidad de una nueva norma: “Pudimos tocar temas sobre nuestra jurisdicción, sobre todo con una nueva Ley de Glaciares a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”, señaló al salir del encuentro en Casa Rosada.

Desde el Gobierno nacional reconocen la lectura política detrás del movimiento: “Hay consenso para dar la discusión. Muchos gobernadores lo vienen pidiendo y están dadas las condiciones para hacerlo”, admitió una fuente oficial a La Nación.

Quién decide sobre glaciares

Las provincias mineras reclaman, además, que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución les otorga potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales. Esa superposición mantiene en suspenso inversiones de gran escala, ya que las empresas no saben si deben tramitar la aprobación de sus proyectos ante la Nación o ante las provincias.

San Juan es el caso más emblemático. Tiene la mayor cantidad de glaciares y áreas periglaciales del país, además de seis proyectos enormes de cobre en distintas etapas. Dos de ellos -Vicuña y Los Azules- ya cuentan con estudio de impacto ambiental aprobado; Altar está listo para iniciarlo; y Pachón permanece detenido porque un glaciar de roca fue inventariado en el centro del yacimiento.

Ley poco clara

“El problema no es el espíritu de la ley, sino su ambigüedad”, explicó Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan al medio nacional. Según precisó, muchas de las formaciones incluidas en el inventario “no cumplen una función hídrica relevante” y deberían diferenciarse. “Nadie quiere dejar de proteger los glaciares –aclaró-, pero necesitamos una definición más precisa para dar seguridad jurídica”.

El funcionario cuantificó el impacto potencial: los cuatro proyectos de cobre en San Juan podrían generar, entre 2026 y 2031, inversiones por US$30.000 millones y alrededor de 40.000 empleos directos.

“Hoy tenemos 84.000 trabajadores privados registrados -comparó Fernández-; este impulso podría duplicar el empleo formal en San Juan, una provincia de apenas 820.000 habitantes”.

Las provincias mineras

En el norte, las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca impulsan el mismo reclamo. La senadora electa salteña Flavia Royón, exsecretaria de Energía, resumió la posición regional: “Hace falta una norma que aclare que el objeto protegido son los glaciares con función hídrica efectiva y relevante, y se defina qué se entiende por ambiente periglacial”.

El Ianigla, organismo científico que elaboró el inventario de glaciares, confirma que la mayor concentración de glaciares de escombros –periglaciales- se encuentra justamente entre San Juan y Mendoza. Hasta el momento, el instituto no recibió ninguna notificación oficial sobre cambios en la ley, aseguró el diario nacional.

El antecedente inmediato está en el borrador original de la Ley Bases, que proponía modificar la norma 26.639 para habilitar la actividad económica en el ambiente periglacial bajo control ambiental y devolver autonomía a las provincias. Ese artículo fue eliminado del texto final, pero se supo que ahora el Gobierno planea insistir con la reforma en el próximo período legislativo.

La jugada política

Para Milei, el movimiento tiene una lectura doble, técnica y política. La redefinición de la Ley de Glaciares podría convertirse en una herramienta para afianzar alianzas estratégicas con los gobernadores cordilleranos, fracturar a la oposición y ampliar su base de apoyo sin costo fiscal.

En el Pro, Jorge Macri exigió esta semana que en el Presupuesto 2026 incluya la coparticipación automática dispuesta por la Corte Suprema y el pago de los $6000 millones que la Nación adeuda a la Ciudad. En contraste, los gobernadores del oeste se muestran más “baratos” y dispuestos a colaborar.

La estrategia, además, serviría para fisurar cuatro espacios distintos: el PJ, la UCR, Provincias Unidas y las fuerzas provinciales no alineadas. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical pese a su acuerdo con LLA en su provincia; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) es un peronista independiente; y Orrego (San Juan) conserva un bloque propio con identidad provincial.

Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, todo indica que el eje será una nueva definición del área periglacial, un tema que ya había aparecido en el texto original de la primera Ley Bases. Las provincias mineras insisten en ese punto: sin precisiones, las empresas no invierten.

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