Ley de litio riojana: las dos miradas contrapuestas sobre el debate de explotación

La declaración por parte de la provincia al mineral como "recurso estratégico" despertó críticas desde el sector privado y desde la oposición que sostienen que la medida ahuyenta las inversiones.

Santiago Escobar

El pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados de La Rioja declaró al litio como recurso estratégico suspendiendo los permisos ya otorgados para la exploración y las concesiones relacionadas con ese metal y sus derivados.

Fuentes cercanas al Gobierno provincial señalaron a PERFIL que, lo que se busca con la Ley 10.608 es posicionarse desde la condición que la provincia es dueña de los recursos naturales, en este caso el litio, y desarrollarlo en coordinación con el sector privado en la medida que “ese desarrollo sea de beneficio para los intereses de nuestra población”.

Las palabras de la fuente que pidió no ser identificada, fueron ratificadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quíntela, quien señaló en una entrevista para el programa La Mañana con Victor Hugo: “Lo que hicimos fue que caducaran todas las licencias y vuelva a la propiedad de la provincia que, está en condiciones de hacer la exploración y luego invitar a quien quiera invertir, siempre que le convenga a La Rioja, a los riojanos y al país; y a las empresas también, pero las condiciones las tiene que poner la provincia y Nación”.

 “Al declarar el litio como recurso estratégico se va a tener una fuerte presencia en la negociación de cómo se va a industrializar la materia prima del litio en nuestro país a los efectos de que no se lleven la riqueza a otro lado y vuelva acá como producto terminado y que nos cueste 100 veces más”, mencionó Quíntela.

Y agregó: “En este momento la porción de la torta se la llevan las empresas. No puedo opinar sobre las otras provincias porque no conozco en qué condiciones están, pero con la legislación vigente, naturalmente, las que se benefician son las empresas que vienen a invertir porque nadie viene a regalar la plata, no vienen por solidaridad. Entonces si nosotros estamos en condiciones de sacar riqueza en beneficio de nuestra gente vamos a imponer las reglas porque es nuestro litio, de los argentinos, no de ellos”.

El debate sobre la explotación

Distintas entidades como la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Industrial Argentina (UIA) y referentes de la oposición como Patricia Bullrich salieron al cruce de la disposición riojana al considerar que generaría un grave perjuicio para la industria minera local; “va en sentido opuesto a las oportunidades que representa para Argentina en el sector energético” y desalientan las inversiones.

El debate sobre la gestión de este metal para el desarrollo económico de la Argentina es muy amplio. Hay quienes consideran que debería ser como el modelo boliviano en donde la explotación es totalmente estatal y del otro lado, quienes ven el modelo chileno, totalmente privado, el camino para el recurso argentino.

Litio

Víctor Delbuono, economista e investigador del área de Recursos Naturales del centro de estudios FUNDAR, señaló en diálogo con PERFIL algunas máximas que se deberían tener en cuenta a la hora de discutir cómo se va a administrar un recurso que generó US$ 700 millones el año pasado y se estiman inversiones por US$ 5.000 millones en el futuro.

“En el caso riojano se abre un interrogante, ya que la empresa provincial (EMSE) requiere recursos financieros y técnicos para poner en marcha un proyecto de litio que implica importantes niveles de inversión. La pregunta es si dentro de la planificación y visión para este sector se podrían haber alcanzado acuerdos con los actuales concesionarios de las propiedades o si YPF Litio, que cuenta con una mayor espalda financiera y recursos, podría haber sido socia en el proceso”, plantea Delbuono.

“Hay que ver la forma en la que la provincia va a llevar esto adelante y si cuenta con los recursos necesarios porque la cantidad de inversión que necesitan estos proyectos para su desarrollo son muy elevados. A lo que hay que sumarle que son inversiones de riesgo, puesto que el resultado no siempre es el esperado. Eso se puede observar en la cantidad de proyectos de litio argentino que no han empezado a producir. Son muchos años de inversión que en algunos casos no tiene el resultado esperado”, advirtió el investigador.

“Creo que la experiencia de provincias vecinas donde la actividad ya tiene un importante grado de desarrollo (Jujuy, Salta y Catamarca) podía ser una voz a escuchar en la sanción de la ley”, agregó.

¿Modelo de explotación chileno o boliviano?

“La experiencia en Bolivia está despertando muchos interrogantes. La producción en el país vecino todavía no alcanzó una escala comercial y ya son muchos años de inversión en el proyecto de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y hasta el momento la producción es bastante magra. Eso en muchos sectores, incluido el Comité Cívico Potosino, ha impartido presión por empezar a ver el resultado de esa inversión”, explicó Delbuono.

“En Chile, es distinto, casi que no se podría comparar, porque ellos tienen explotación desde los años 80, las operaciones son mucho más grandes que incluso las de Argentina”, comenzó explicando.

“Hoy Chile casi que sextuplica la producción de acá y le ha dado muchos ingresos fiscales al Estado por los términos de negociación que han tenido las operaciones, Atacama es la operación más rentable del mundo en cuanto al litio, ellos tienen la mejor concentración mineral, las condiciones climáticas. Los costos de Chile son muy bajos y los términos de negociación muy buenos, entonces la operación privada reporta muchos ingresos fiscales al estado chileno”, concluyó.

El debate sobre la explotación del litio será amplio y muy largo, para algunos sería un pecado modificar el marco regulatorio argentino que, resulta muy atractivo para las codiciadas inversiones y tocarlo impediría el ingreso de dólares y se estaría desaprovechando la gran oportunidad que tiene Argentina en cuanto al metal. Sin embargo, se puede debatir como regular la actividad para que tanto las provincias como Nación recauden y las empresas se lleven sus ganancias.

LR

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