Los impuestos en el desarrollo de la minería argentina

La explotación minera en la Argentina cuenta con una legislación donde abundan los beneficios. Sin embargo, para el litio no existe una legislación específica.

Por Guillermo Pérez. CEO del Grupo GNP

 Juan Elias Perez Bay. Socio y COO de Grupo GNP.

El sistema tributario aplicado a las empresas mineras en Argentina ha sido diseñado con el objetivo de impulsar la inversión y el desarrollo de esta industria clave en el país. Mediante una serie de beneficios fiscales y estímulos, se busca atraer inversiones y asegurar la estabilidad de los proyectos a largo plazo.

Uno de los principales beneficios del sistema tributario es la estabilidad fiscal. Los nuevos emprendimientos mineros, así como los proyectos existentes que aumenten su capacidad productiva, gozan de una estabilidad tributaria de 30 años en relación a los impuestos que estén vigentes en el momento de la presentación del estudio de factibilidad ante el Gobierno Nacional. Esto significa que la creación de nuevos impuestos o aumentos en las alícuotas, tasas o montos no pueden afectar a estos proyectos. La carga tributaria total se determina por separado para la jurisdicción nacional y para cada una de las jurisdicciones provinciales y municipales, según corresponda.

Otro beneficio importante es el esquema de amortización acelerada. Las empresas mineras tienen la opción de elegir entre el régimen general del impuesto a las ganancias o un régimen especial de amortización para sus inversiones de capital. Este sistema especial permite una amortización acelerada en un período de 3 años. En el caso de inversiones en equipos, obras civiles e infraestructura, se permite amortizar el 60% de la inversión en el primer año y el 40% restante en partes iguales durante los próximos 2 años. Para maquinaria, equipos, vehículos e instalaciones, se permite una amortización anual de un tercio de la inversión.

En cuanto a las importaciones, los proyectos mineros están exentos del pago de derechos de importación y otros impuestos por la importación de bienes de capital, equipos especiales, componentes e insumos necesarios para su operación. Sin embargo, es necesario solicitar una autorización a la autoridad competente para cada bien importado.

Además, se brinda una promoción a la exploración mediante la doble deducción del impuesto a las ganancias de los gastos de exploración hasta la etapa de factibilidad. Esto significa que las empresas pueden deducir hasta el 100% de los montos invertidos en prospección, exploración, estudios especiales y otras obras destinadas a determinar la factibilidad técnica y económica de un proyecto.

Por otro lado, se establece un tope del 3% a las Regalías Provinciales, lo que brinda certidumbre a las empresas mineras en relación a los pagos que deben realizar por el uso de los recursos minerales.

Finalmente, se permite la deducción de un porcentaje de los costos operativos de extracción y beneficio como previsión ambiental. Esto tiene como objetivo incentivar a las empresas a tomar medidas para mitigar posibles alteraciones en el medio ambiente, y dicho monto es deducible en la declaración del Impuesto a las Ganancias.

En resumen, el sistema tributario aplicado a las empresas mineras en Argentina ofrece una serie de beneficios fiscales que buscan fomentar la inversión y el desarrollo sostenible de la industria minera en el país.

El panorama del sistema tributario para las empresas mineras en Argentina se complejiza cuando se trata del litio, un recurso de vital importancia en la industria electrónica y que ha adquirido una relevancia significativa en los últimos años. Aunque Argentina cuenta con importantes reservas de litio y se proyecta como uno de los principales productores mundiales, no posee un marco regulatorio específico para su explotación.

Debido al carácter federal del país, las normas relacionadas con la minería y el litio provienen tanto del Estado Nacional como de las provincias, lo que genera una superposición de normas y regulaciones. En este sentido, las provincias son consideradas dueñas originarias de los recursos minerales dentro de su jurisdicción, pero se aplica el Código de Minería como norma jurídica de fondo para el litio. A su vez, las leyes federales promueven las inversiones, fijan los derechos de exportación y establecen presupuestos mínimos ambientales y de libre competencia.

Las provincias tienen la potestad de regular los aspectos procedimentales para el otorgamiento de permisos y concesiones, así como de establecer normas medioambientales específicas que complementan los presupuestos mínimos nacionales. En este sentido, la obtención de licencias sociales y permisos ambientales a nivel local se vuelve un aspecto crítico, tanto por el impacto social en las comunidades locales como por las características naturales de los yacimientos.

Uno de los principales desafíos ambientales relacionados con la extracción de litio en salares ubicados en zonas desérticas es el consumo de agua. Diversos grupos han expresado objeciones a los proyectos de litio, argumentando los posibles efectos adversos sobre los recursos hídricos. Incluso, se han presentado amparos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación exigiendo la consulta previa sobre proyectos extractivos en áreas como Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes.

Es importante destacar que algunas provincias han declarado las reservas minerales de litio como un recurso estratégico para su desarrollo provincial, lo que somete los proyectos de litio a una evaluación adicional por parte de un Comité de Expertos.

Además, existen debates en torno a la fijación del precio del litio y el cobro de regalías, ya que no hay un precio internacional de referencia debido a la falta de inclusión del litio en el London Metal Exchange. Actualmente, las mineras informan el precio de cada transacción y sobre ese valor se calcula el pago de las regalías. Sin embargo, se han planteado tratativas entre Argentina y Bolivia para establecer un precio del litio, lo que podría implicar un incremento impositivo si se vende a un precio menor al acordado en un eventual acuerdo binacional.

Por último, es importante mencionar que, a diferencia de otros países de la región, Argentina no establece restricciones en cuanto a la nacionalidad de quienes exploran y explotan recursos mineros, lo que marca una diferencia significativa en el panorama regulatorio. Países vecinos como Chile y Bolivia imponen numerosas restricciones y declaran al litio como un recurso nacional estratégico, mientras que en Argentina se ha mantenido la libertad en este aspecto.

En conclusión, el sistema tributario aplicado a las empresas mineras en Argentina ofrece beneficios fiscales específicos para fomentar la inversión y el desarrollo sostenible de la industria minera en el país. Estos beneficios incluyen la estabilidad fiscal, la amortización acelerada, la exención de impuestos a las importaciones, la promoción a la exploración y la previsión ambiental.

Sin embargo, la explotación del litio en Argentina presenta desafíos adicionales debido a la falta de un marco regulatorio específico. Las normas relacionadas con la minería y el litio provienen tanto del Estado Nacional como de las provincias, generando una superposición de normas y regulaciones. El acceso a permisos y licencias sociales, así como la gestión del impacto ambiental y el uso de recursos hídricos, son aspectos críticos que requieren una atención especial.

Asimismo, la fijación del precio del litio y el cobro de regalías son temas que aún se debaten y pueden tener implicaciones fiscales para las empresas mineras. La falta de un precio internacional de referencia para el litio y las negociaciones en curso entre Argentina y Bolivia para establecer un precio podrían afectar los pagos de regalías.

A pesar de estos desafíos, Argentina cuenta con importantes reservas de litio y se proyecta como uno de los principales productores mundiales. La industria minera y, en particular, la explotación del litio, tienen un papel estratégico en el desarrollo económico del país. Es importante seguir monitoreando la evolución de las normas y regulaciones relacionadas con la industria minera y el litio, así como promover un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente y las comunidades locales

Clarín