Con el encargo específico del gobernador Alfredo Cornejo de estudiar los proyectos de ley pro mineros presentados por exintendentes peronistas, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, participó esta mañana de una reunión a puerta cerrada con los senadores Juan Antonio Agulles (FpV-PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana). En la misma estuvieron también referentes gremiales vinculados con la actividad minera en la provincia. Lo que se habló y lo que se viene.
Por Jimena Catala
El Gobierno de Alfredo Cornejo está interesado en impulsar la actividad minera en la provincia para lograr diversificar y ampliar la matriz productiva.
Esto quedó efectivamente demostrado esta mañana, cuando el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú, bajo las órdenes directas de Cornejo, participó de una reunión a puerta cerrada con senadores peronistas que tienen entre manos proyectos de leyes que buscan reformar la Ley "antiminera" 7.722, la que, en líneas generales, prohíbe el uso de sustancias químicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y demás) en los procesos metalíferos.
El encuentro se armó en la oficina de Juan Antonio Agulles, exintendente de Malargüe y actual senador del PJ "ortodoxo", quien además es autor del proyecto de ley que busca impulsar la creación de "parques industriales mineros controlados" y que se puso sobre la mesa luego de que el senador camporista Alejandro Abraham, también presente en esta reunión, elevara por estos días una iniciativa más ambiciosa que busca reformar la 7.722 y entonces habilitar el desarrollo de la minería en Mendoza. Cabe recordar que a la fecha esta actividad está suspendida por esta norma, cuya constitucionalidad fue ratificada oportunamente por la Corte provincial.
Además de Agulles, Abraham y Guiñazú, marcaron tarjeta en el encuentro secreto referentes de distintos gremios metalúrgicos como la UOM, Aoma, Uocra, Asimra y Asijemin.
Tras poco más de una hora de debatir y analizar los proyectos en cuestión, Guiñazú salió del despacho de Agulles y confirmó que el Gobierno de Cornejo está interesado en dar la discusión seriamente y alejado de cualquier especulación política y electoral. Concretamente, dijo: "Hay una decisión clara del Gobierno de que necesitamos hacer algo con la economía provincial y dentro de eso todas las alternativas valen". No obstante, en la misma oración, se ocupó de aclarar que "todas las alternativas valen, siempre y cuando respeten el medio ambiente las diferentes idiosincrasias y culturas; pero no vamos a dejar ninguna alternativa sin analizar".
En relación al potencial de una actividad económica que hoy se encuentra suspendida por Ley en nuestra provincia y cuyo reimpulso podría significar empleo y oportunidades en un evidente contexto complicado a nivel social y económico, Guiñazú sostuvo: "La minería es un animal de largo plazo lo que pasa es que lo de largo plazo nunca arranca si no arranca. Es decir, si se generan las condiciones esto no implica una revolución para la provincia en el corto plazo pero sí un cambio sustancial en el mediano plazo". En ese sentido, señaló que los efectos positivos no se alcanzarían a ver en este Gobierno de Cambia Mendoza pero sí en el próximo.
Sobre el evidente beneficio de que estas iniciativas sean impulsadas por el partido opositor, en este caso el peronismo, y así no tener que acarrear con los costos políticos y sociales que ello tendría, teniendo en cuenta el fuerte rechazo de los ambientalistas a la posibilidad de reformar y/o derogar la 7.722, Guiñazú apuntó: "Es beneficioso que este tema se trabaje con seriedad. Cuando vos ves que todas las fuerzas políticas están dispuestas a tratar el tema con seriedad a uno le da una esperanza de que no se va a tratar en la coyuntura especulativa de estar cerca de un año electoral". Y siguió: "Que la oposición haya tomado la iniciativa nos parece bien y nos permite abordar el tema con mayor tranquilidad y objetividad".
Reconociendo que Cornejo le dio instrucciones claras de que estudie los proyectos de Agulles y de Abraham y a propósito de las dudas que generan tales negociaciones entre el oficialismo y la oposición, Guiñazú garantizó que más allá de que se decida reformar parcialmente o derogar la 7.722 o dar cabida a un proyecto de Ley nuevo que permita el desarrollo minero en Mendoza, el camino que se tome no pondrá en riesgo el recurso hídrico.
"Tenemos que estudiar los proyectos, entiendo que el objetivo de la 7.722 es proteger el agua y a nadie le cabe la menor duda que ese es el objetivo de la ley y ese es nuestro compromiso; la protección del recurso hídrico", aseguró el funcionario de Cornejo.
Insistió, en este marco, que bajo normativa vigente la minería continúa "amputada" resultando imposible diversificar la matriz productiva de la provincia: "La ley como está, tiene restricciones muy fuertes desde lo formal y político y los resultados están a la vista.. aquí la pregunta es ¿Mendoza está mejor que hace once años atrás?", dejó la duda el subsecretario de Energía de Cornejo.
10.000 puestos de trabajo directos
Luis Márquez, secretario general de la CGT regional, uno de los que estuvo en la reunión, dejó entrever cierta expectativa en torno a la posibilidad de impulsar la actividad minera, desde la perspectiva del desempleo y de la crisis económica que está afectando a más de un mendocino. "Hemos adherido a la fuente de trabajo que le hace un bien a la provincia. Se han dado algunos números y se dice que más o menos empezarían con 10.000 personas en general en la minería en el corto plazo como mano de obra directa", dijo Márquez al tiempo que indicó que "Guiñazú se pronunció a favor y ellos están detrás de esto".
Abraham descartó negociaciones político-partidarios
El senador camporista que también gobernó en su momento el departamento de Guaymallén Alejandro Abraham aseguró que lo que motiva reactivar el debate e impulsar una reforma de la 7.722 es el crítico escenario socio-económico mendocino. "Estamos en una situación crítica de la provincia por la macro económico como por problemas estructurales. Nuestra matriz es muy acotada, se nos está cayendo el comercio, la industria, el consumo, el empleo y tenemos índices de pobreza alarmantes más de 500 mil mendocinos bajo la línea de pobreza", finalizó, descartando en la misma línea que no hay ningún tipo de interés político y partidario en esto sino sólo que se plantee como una "política de estado"
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