La minería impulsa industrias como la automotriz o la tecnológica. ¿Tenemos las mismas condiciones vividas en la Colonia?
Por José Eduardo González Gómez Tagle*
Sin lugar a dudas, la minería no solo ha sido históricamente un pilar para el desarrollo económico, sino que también constituye una actividad de gran relevancia en las sociedades modernas.
No únicamente por el hecho de abastecer las materias primas para el desarrollo de otras industrias, como la construcción o la automotriz, sino por ser la piedra angular en la fabricación de tecnología. El silicio, el cobre y el oro son solo algunos de los elementos necesarios y fundamentales para la producción de algo tan común como un teléfono móvil o una computadora.
La tecnología no solo es impulsada a través de algunos minerales, sino que también es aplicada a los procesos de esta actividad, que enfrenta múltiples retos, como la lejanía de sus operaciones, la generación de acciones encaminadas a minimizar los impactos ambientales, la conservación de ecosistemas y el impulso a los pueblos originarios. Contrariamente a lo que ocurría en la época de la Colonia, la minería moderna buscar hacer un uso responsable de los recursos naturales para que se transformen en oportunidades de progreso de una manera sustentable.
En un ámbito de mitos y realidades de este sector, el cual está regulado por nueve Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 27 diferentes leyes y sus reglamentos, haciendo un balance sobre sus ganancias, en 2013 se estableció una carga impositiva adicional a los impuestos pagados por cualquier empresa, denominada "derechos extraordinario y especial", el cual grava el EBITDA en 7.5 y 0.5% adicional para el oro, plata y platino. El 80% de estos recursos han sido destinados a los estados y municipios donde se llevó a cabo la actividad extractiva.
Con base en información del Servicio Geológico de Estados Unidos correspondiente al año 2012, China, Australia, Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica fueron los principales productores de minerales a nivel mundial. Si se contemplan los primeros 12 mayores productores, encontramos que cinco de ellos pertenecen a Latinoamérica: Perú, México, Chile, Bolivia y Brasil.
Esto demuestra que este negocio no es exclusivo de los países desarrollados y que es ejercida en su mayoría por países en vías de desarrollo.
De acuerdo con datos de la consultora McKinsey & Company, América Latina comprende el 48% de la producción de cobre a nivel mundial, 37% de hierro, 26% de bauxita (piedra de aluminio), 20% de zinc y 16% de níquel.
Si hablamos concretamente de México, la minería contribuyó, en 2018, con casi el 5% al PIB (si se considera la producción de gas y la extracción de petróleo), generando salarios 35% arriba del promedio nacional. Nuestro país es el primer productor de plata a nivel mundial y uno de los 10 principales productores de 16 minerales, entre los que destacan: oro, cobre, zinc, sal, plomo, bismuto y grafito.
De acuerdo con el reporte emitido por el Fraser Institute, México ha perdido significativos lugares en materia de competitividad, al pasar del lugar 11 en 2013 al número 29 en 2018, siendo superado por sus competidores en América Latina (Chile en el lugar número ocho y Perú en el 19, debido a factores como la inseguridad y el régimen fiscal).
Sin embargo, el reporte publicado por SNL Metals & Mining en 2018 mostró que, aunque la participación en el presupuesto global de exploración cayó a 28% en 2018 del 30% obtenido en 2017, América Latina continuó siendo el destino más popular para la exploración a través de seis países: Perú, México, Chile, Brasil, Argentina y Ecuador, que representaron en conjunto cerca el 90% del presupuesto total de la región.
Aun con la importancia económica de esta industria, es imponderable que exista una regulación que garantice la sostenibilidad de las comunidades y el respeto a los derechos humanos. Podemos tomar ejemplos de mineras extranjeras que incluso en territorio nacional aplican sistemas como el TSM (Toward Sustainable Mining = hacia una minería sustentable) o la aplicación de los principios voluntarios. El Gobierno Federal debe establecer una política pública responsable en México, encaminada a las buenas prácticas, al mismo tiempo que fomente la minería responsable como fuente de desarrollo para regiones donde se ubican los yacimientos minerales del país.
De la misma manera, tiene que aplicarse al proyecto de la refinería de Dos Bocas, el cual ha dejado de lado las repercusiones financieras y ecológicas.
José Eduardo González Tagle es el primer secretario de la Federación Nacional de Economistas y catedrático de la Universidad Panamericana*
Twitter: @joseeduardoecon
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