Minería sostenible, el desafío para Mendoza, por hablo Livio Cazabán

El trasfondo del debate por la minería en la provincia. Qué tipo de actividad debe contemplarse en Mendoza.

En los últimos 12 años Mendoza se ha convertido en una provincia más pobre, más desigual, más injusta, menos democrática y menos republicana. Los tres últimos gobiernos tuvieron un saldo groseramente negativo en términos sociales, económicos y financieros, éticos y republicanos.

Mendoza ha perdido la capacidad de innovación, de agregado de valor, de liderazgo y crecimiento, no solo con relación a las otras provincias sino en términos comparativos históricos.

En ese marco, en estos días dos acciones del gobierno de Mendoza han reinstalado el tema de la actividad minera en nuestra provincia. La gira de Alfredo Cornejo a Canadá en procura de inversores foráneos y el envió de un proyecto de Código Minero son dos acciones concatenadas que abonan esa reinstalación. Al mismo son, surgen voces de distinto tenor a favor y en contra de la actividad minera.

Entendemos que la disyuntiva entre minería si o no es falsa; la minería es una actividad imprescindible para la vida moderna, ante lo cual su existencia no puede ser objetada seriamente.

Ahora bien, entendemos que sí admite una discusión a fondo (sin prejuicios y con ideas, conceptos y presupuestos claros)  es respecto a que tipo de minería debe desarrollarse sin repetir los fracasos del pasado reciente y procurando romper la espiral descendente de los últimos tres períodos gubernamentales.

Existen, a nuestro juicio, una serie de principios, estándares y presupuestos que son ineludibles para cualquier actividad productiva-económica y política, que deben ser respetados o que dichas actividades deben ajustarse para que la misma sea sostenible.

Tal vez este último concepto de sostenibilidad es el que nos permita abordar de manera más completa la cuestión de la minería y permita responder interrogantes centrales que podemos resumir en: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Uno de los principales, no el único, parámetros para resolver la cuestión están delineados y desarrollados en los ODS propuestos por la ONU, más allá que nuestro actual Presidente y otros líderes mundiales de dudosa ética lo desprecien.

En materia de industrias extractivas existen iniciativas globales que uniforman de políticas de sostenibilidad a la actividad; solo a modo de ejemplo podemos mencionar la EITI, Protocolos de calidad y control como los previstos en la HMS (Hacia una minería sustentable) adoptados por la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y que elevan el piso de exigencias a niveles de los países con los máximos  niveles de calidad.

En igual sentido se puede decir respecto a otros estándares de control y calidad de procesos, como es el caso de las normas ISO,  Implementación de sistemas de prevención autoregulados (Programas de Integridad y estándares de calidad y control de procesos), controles concomitantes gubernamentales y de la sociedad, audiencias públicas previas, elaboración participada de normas y pliegos, audiencia públicas previstas en la etapa de evaluación de los proyecto mineros metalíferos, sistema de impacto social positivo con la implementación participada de aplicación específica de parte de los fondos obtenidos por la explotación, solo para mencionar muchos de los mecanismos y acciones que concretan la sostenibilidad.

De igual modo se pueden implementar por ley, al igual que en Bolivia o Jujuy, la obligación que el proceso de transformación y agregado de valor a la materia prima se realice en la provincia y que el poder concedente (Estado provincial) tenga participación en el paquete accionario de la concesionaria, con poder de participación efectiva en el management.

En ese Norte de ideas, debemos aprender de los groseros errores que se cometieron en el pasado, tales como estigmatizar la actividad, intentar ignorar la opinión social tal como hicieran Cornejo/Suarez con la anuencia de casi la totalidad de las fuerzas políticas a fines del 2019 (seguramente por millones de razones), entre otros tantos.

La actividad minera debe ser sostenible, al igual que toda las otras, y para ello debemos partir de una caracterización mínima de lo que entendemos por actividad sostenible.

Desde la óptica del Compliance, en su acepción más amplia, entendemos que cualquier política pública debe apoyarse en al menos seis ejes fundantes para que la misma sea sostenible.

Cada uno de estos ejes centrales están compuestos, a su vez, por distintos principios que deben estar reflejados en normas y acciones específicas para que esta sostenibilidad no solo sea declamada, sino por el contrario, efectiva y práctica.

Los seis ejes de la sostenibilidad pueden agruparse en lo social, ambiental, económico-financiero, ético, cultural y político ; a ello animamos agregar el eje electoral .

En el eje social se debe basar en la participación, inclusión, democracia, diversidad, igualdad y cooperación.

El eje ambiental se debe desarrollar en valores de preservación, equilibro, promoción de la diversidad, promoción de la calidad de vida, participación, de uso racional, información, formación y restauración.

En lo que respecta a lo económico-financiero, se debe procurar generar riqueza, crear trabajo, tener equidad tributaria, establecer mecanismo de financiamiento productivo, respecto por la defensa de la competencia y evitación de monopolios.

El eje ético debe desarrollar  mecanismo efectivos de transparencia, rendición de cuentas internas y externas, acceso a la información real, cierta, efectiva, ordenada y libre; procesos de integridad, legitimidad y legalidad, con procesos de toma de decisión basados en integridad.

El eje cultural se basa en la cooperación, solidaridad, la inclusión, la tolerancia, diversidad, colaboración y trabajo en equipo

En lo político debe ser respetuoso del idearos republicano, democrático, federal y representativo, con participación ciudadana en todas las etapas del proceso

En definitiva, el próximo Código Minero debe responder y contener cada uno de estos ejes, al igual que los procesos licitatorios o de concesión. De no ser así, el fracaso está asegurado. Es obligación de los legisladores asegurar esos estándares.

Puede y debe haber actividad minera, pero con la condición que sea sostenible en su más amplia acepción.

*Por Pablo Livio Cazaban, director Instituto de Ética y Transparencia (ACEP).

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