Obra Pública en Olavarría: posibles escenarios ante la desinversión nacional

Las primeras medidas del nuevo Ministro de Economía definieron que el Estado nacional no licitará obra pública nueva en el gobierno de Milei.

Previamente el presidente había anticipado que la “bajaría a cero”. Cómo afectará a la producción y economía de la ciudad cementera. Las visiones y expectativas de empresarios, sindicatos e instituciones locales.

Luego de su asunción, el presidente electo Javier Milei anticipó que impulsaría una política de ajuste en su gobierno. Bajo la consigna “No hay plata” uno de los ítems que prometió para contrarrestar el déficit es reducir toda la inversión de obra pública a cero. Días después, las medidas del nuevo Ministro de Economía Luis Caputo lo confirmaron.

Desde la cartera se informó mediante un comunicado grabado que el Estado Nacional no licitará nueva obra pública durante el gobierno de Milei. Y que, además, se verá afectado el Presupuesto de las Provincias y Municipios para los trabajos en infraestructura que actualmente se encuentran en desarrollo.

Desde diversos sectores de la sociedad se pronunciaron sobre la medida. En Olavarría, “la ciudad del cemento”, Central de Noticias consultó a los actores que representan diversos sectores que podrían verse directamente perjudicados con la política.

Bruno D´Amico, tesorero de AOMA, afirmó que en promedio más del 50 % de lo que se produce en los yacimientos mineros (caleras, canteras y cementeras) va destinado a la obra pública. En diálogo con Central de Noticias, el referente del sindicato además agregó que mucho del material de construcción que abastece las obras a lo largo del país se produce en Olavarría.

D´Amico mencionó que la medida perjudica a la economía en general porque “un recorte en el sector público afecta directa o indirectamente en el sector privado también”.

“Hoy lo que se dice es en contra de nuestra actividad. La productividad de Olavarría está marcada por las cementeras, las caleras y las canteras, además del campo. Si habrá menos plata para obra pública se va a vender menos piedra, menos cemento y nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestro salario, entonces vamos a tener menos salario para comprar en el sector privado. La obra pública es el dinamizador de la economía. Y si se para, la minería va a andar muy mal porque es el que la provee de materiales” aseguró.

El tesorero de la seccional olavarriense de AOMA explicó que parte del salario de un minero surge del “premio a la producción” incentivo económico que depende de la cantidad de material que se vende mensualmente. Según D´Amico ronda entre 70 y 80 millones de pesos en total y significa un 30 % aproximado del salario.

También el factor de la producción impacta en la recaudación por la alícuota por explotación de canteras, más conocido como Impuesto a la Piedra. Que la minería produzca menos implica menos ingresos para el Estado Municipal.

“Eso es plata que va a circular por Olavarría, por la obra pública. Y estamos hablando de un solo ítem que es la producción. También afecta a los puestos de trabajo, no sólo los directos sino los puestos indirectos que genera la minería, como los servicios de mantenimientos” agregó.

Con respecto al próximo mandato local, D´Amico afirmó que mantienen un buen vínculo con Wesner desde 2012, cuando asumieron la conducción de AOMA. “Es un compañero de gestión. Tenemos la expectativa que con él se nos abra una puerta que tuvimos cerrada” reconoció.

Marcos Cavilla, socio gerente en la empresa constructora local PECMA, coincidió en que “la obra pública es la madre de las industrias: cuando se activa aparecen infinidad de puestos de trabajo”.

“Cuanto más grande la obra más puestos generan, pero las obras chicas también dan empleo y eso genera movimiento de varias maneras: por la compra y venta de materiales y también por el consumo que hacen los trabadores con el pago de su trabajo. Las obras chicas son las que más repercuten en nuestra economía local, porque son las que las empresas pequeñas podemos hacer” reconoció.

Con respecto al trabajo de las Pymes en las localidades y ciudades pequeñas destacó que son las que “hacen escuelas, amplían hospitales, hacen redes de cloacas o de agua, hacen pavimento; son las obras que le cambian la vida a la gente y que no se tienen que detener”.

Cavilla aseguró que, previo al comunicado de Caputo, los dichos de Milei fueron causa de despidos en varias de las empresas grandes. El ingeniero afirmó que “sumado a un contexto de inflación, por supuesto que muchas empresas pusieron el freno de mano, pararon las obras y bajaron la dotación de personal”.

Con respecto a las construcciones que están en marcha, mencionó que para las obras con financiamiento de la Provincia de Buenos Aires corre otra suerte. “La construcción del Polo Judicial al momento sigue funcionando. La Casa de la Provincia también” agregó.

En el caso de las 100 viviendas del Barrio CECO III, en las que PECMA es una de las empresas a cargo, las obras continúan con normalidad, “ni se ha detenido ni ha sufrido ninguna modificación respecto a lo que venía planeado” detalló Cavilla.

Afirmó que la obra pública municipal está casi toda detenida, a la espera de que la nueva gestión se acomode y decida si reiniciarlas o no: “Hoy los plazos están ralentizados, por ende, también la cantidad de gente involucrada”.

La promesa de “Obra pública 0” fue planteada por el Presidente, en parte como una decisión que según él exige el escenario económico actual, pero además en concordancia a su programa de gobierno, marcado por el “recorte” al sector público. La opción que presentó fue que el financiamiento sea externo o privado.

En Olavarría puede ponerse de ejemplo el caso de las tareas de refacción y ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN. La obra posee financiamiento de la CAF, Confederación Andina de Fomento (hoy llamado Banco de Desarrollo de América Latina). Para Luciano Corres, Secretario General de la Universidad, este es un elemento importante para pensar que la obra continuaría, al respetarse el contrato firmado con un organismo internacional.

“La obra del nuevo edificio tiene un monto de 616 millones de pesos. El plazo original es de 14 meses, con una extensión otorgada de 5 meses más. El avance de obra a la fecha es del 38,5 %, sobre una superficie total de 4000 metros cuadrados” explicó Corres.

El decano de la Facultad, Héctor Trebucq, señaló que “el avance de la obra ha sido importante” con un primer piso para nuevas aulas, laboratorios y centros de simulación, una planta baja remodelada para aulas docentes, la ampliación del comedor y de los baños. “Un período de transición genera nuevas incertidumbres y algunas demoras que esperamos se destraben rápidamente para seguir con el desarrollo de la obra” declaró sobre el cambio de gobierno.

Las fuentes consultadas aseguran que en el gobierno de Mauricio Macri también hubo intentos de instalar el discurso de que la infraestructura no es prioridad. El modelo que se mencionaba y vuelve a aparecer en agenda es el conocido como Contratos de Participación Público-Privada (PPP).

Corres recordó que en el período 2015-2019 “las únicas obras de la Universidad que se llevaron adelante fueron justamente aquellas con financiamiento internacional y cuyos contratos ya se encontraban en ejecución”.

D´Amico señaló que “se hacen obras por PPP donde el mercado considere que son los lugares de mayor poder adquisitivo. En pueblos o en provincias chicas no se hace nada. Es un mercado más financiero que real, y lo real que se haga es el 20 % de la obra pública que necesitamos en Argentina”.

Por su parte, Cavilla concluyó que “en un contexto inflacionario el costo es altísimo por lo tanto hace inviable todos los proyectos, porque el privado no va a perder un peso. El Estado no sólo evalúa lo económico sino también el impacto en la sociedad y esa es la diferencia”.

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