Los extitulares de la cartera en democracia aparcan su ideología para alertar del riesgo que suponen las medidas adoptadas por el Gobierno en sus primeros cuatro meses
Los exministros de Medio Ambiente de Brasil Jose Carlos Carvalho, Carlos Minc, Marina Silva, Rubens Ricupero, Izabella Teixeira, Sarney Filho y Edson Duarte.
Naiara Galarraga Gortázar
Todos los ministros vivos de Medio Ambiente de Brasil desde el fin de la dictadura, menos el actual, han comparecido este miércoles en São Paulo para lanzar una alerta a sus compatriotas. Y al mundo. Los ocho han acusado al Gobierno que lidera Jair Bolsonaro de poner en marcha desde que asumió el poder, hace poco más de cuatro meses, una "política sistemática, constante y deliberada para desmontar las políticas medioambientales" implementadas desde principios de los noventa. La imagen de unidad que han ofrecido por encima de sus diferencias ideológicas, incluidos la perjudicada y el beneficiado por la dramática destitución de Dilma Rousseff, da idea de la gravedad de su denuncia.
El grupo acusa al presidente y a su sucesor al frente de la cartera de estar revirtiendo todos los logros de las últimas décadas. La excandidata presidencial Marina Silva (que dirigió la cartera de 2003 a 2008) y sus siete compañeros (de todo el espectro político) han recalcado que, contra lo que dice el discurso del Gabinete Bolsonaro, la defensa de la naturaleza, de la biodiversidad y el combate contra el cambio climático no son incompatibles con el desarrollo económico. Todo lo contrario. Silva ha afirmado que "Brasil depende del medio ambiente para ser la potencia agrícola y minera que es" para recordar cómo creció la economía cuando se frenó la deforestación. El ambientalista Edson Duarte, que dirigió el Ministerio en los últimos meses del gobierno derechista de Michel Temer, afirmó a su vez que las políticas ambientales "no son son solo importantes para preservar el mayor para patrimonio ambiental del mundo sino también para los negocios y la imagen exterior de Brasil".
Los antiguos ministros han dejado clara la desolación que les embarga al contemplar el panorama actual durante una comparecencia conjunta en la Universidad de São Paulo (USP). Todos han recalcado que cada uno de ellos asumió el legado de sus predecesores, mantuvo el rumbo de las políticas medioambientales y fue trabajando en nuevos avances para preservar la riqueza ecológica brasileña. Pero ahora asisten a lo que el decano Rubens Ricupero, de 82 años, ministro del Gobierno Itamar Franco entre 1993 y 1994, describió como "un esfuerzo malévolo y destructivo contra algo que Brasil ha construido con tanto esfuerzo". Además, han criticado "ese empeño de vincular las políticas medioambientales con el marxismo cultural".
Las medidas regresivas tomadas por el Gobierno Bolsonaro en este asunto son muchas y diversas: transferir al Ministerio de Agricultura la demarcación de tierras indígenas y el Servicio Forestal Brasileño, la pérdida de la Agencia Nacional del Aguas, la extinción de la Secretaría de Cambio Climático y las amenazas de desmantelar áreas protegidas, reducir el Consejo Nacional de Medio Ambiente y eliminar el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.
Todo ello compromete, según el documento que han suscrito, "el papel protagónico ejercido globalmente (por Brasil) y apunta a retrocesos en los esfuerzos realizados para reducir las emisiones de gases invernadero".
El ministro actual, Ricardo Salles, ha respondido punto por punto a las acusaciones de sus predecesores además de subrayar que "lo que daña la imagen de Brasil es la permanente y bien orquestada campaña de difamación por parte de ONG y supuestos expertos dentro y fuera de Brasil". "De hecho, [el Gobierno] ha creado y desarrollado una inédita agenda de calidad ambiental urbana, hasta ahora totalmente inexistente", ha asegurado en un comunicado.
Sin un cambio de rumbo, ha advertido Silva, "van a transformar nuestro país en un exterminador del futuro. Eso no lo podemos permitir". En un guiño a muchos jóvenes, Izabella Teixeira (2010-2016) ha recalcado que "Brasil no puede ser la reina mala del Juego de Tronos del medio ambiente". Las consecuencias de las acciones e inacciones del actual mandatario "serán dramáticas para la ecología, la economía y la sociedad", ha afirmado Silva, y serán irreversibles. Y quienes lo sufrirán de manera más intensa son los jóvenes actuales.
Los exministros han explicado que este es un primer paso. Quieren aprovechar la creciente sensibilización planetaria con la crisis climática y las huelgas de los adolescentes en Europa para establecer un diálogo con la sociedad civil que alumbre una resistencia frente a estas políticas regresivas. Y decir basta.
Silva ha apelado a la ciudadanía que, ha recordado, dio la victoria a un candidato que prometió durante la campaña electoral acabar con la gestión ambiental. "Ahora es el pueblo brasileño el que tiene que evaluar si quiere un país sin bosques". Los ministros han incluido al Gobierno en sus constantes apelaciones al diálogo y la unidad ante este tema crucial para el futuro y que podría tener consecuencias catastróficas.
Bolsonaro anunció en campaña que eliminaría el Ministerio de Medio Ambiente y, emulando al estadounidense Donald Trump, sacaría a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. El ultraderechista finalmente incumplió ambas promesas pero, con sus decisiones posteriores, ha vaciado de contenido el ministerio, según quienes lo ostentaron hasta diciembre: colocó al frente a Salles, que es más bien "un ministro antiMedio Ambiente", ha debilitado notablemente los sistemas de protección de los bosques tropicales, de los indígenas, que preservan la biodiversidad, de la fiscalización? Y por si eso fuera poco ha envalentonado a los que lo amenazan.
En palabras del ex ministro Carlos Minc (2008-2010, con Lula), "ha colocado una pistola en las manos de los agresores, a los contaminadores, los deforestadores", en referencia a un reciente decreto que flexibiliza la venta de armas, "y ha atado las manos de los defensores del medio ambiente". Minc ha advertido de que el actual Ejecutivo "está autorizando a diario nuevos pesticidas cencerígenos que, además, ya están prohibidos en Europa y en Estados Unidos y pueden acabar con las abejas, esenciales para mantener la biodiversidad".
El País (España)
