Por qué el cobre argentino todavía no despega: infraestructura, plazos y reglas

Argentina no produce cobre a escala industrial desde 2018, pero concentra proyectos de clase mundial.

Los plazos mineros, la falta de infraestructura y la incertidumbre regulatoria explican por qué el potencial no se traduce en minas en operación. Un repaso técnico de los cuellos de botella, y de los casos que hoy aparecen más cerca de avanzar.

Por  Lucía Scorzelli

Redactora EO Argentina

Argentina no produce cobre a escala industrial desde el cierre de Bajo de la Alumbrera en 2018. Sin embargo, concentra una de las carteras de proyectos cupríferos más relevantes de la región, con desarrollos de clase mundial en distintas provincias cordilleranas. La pregunta, entonces, no es por qué el cobre importa, eso ya está claro, sino por qué ese potencial no logra transformarse en minas en operación.

Desde una mirada técnica, el problema no es geológico ni coyuntural. “En minería, los anuncios no equivalen a producción”, advierte Leonardo Pflüger, ex Director Nacional de Producción Minera Sustentable. El cuello de botella aparece en el tramo más complejo del proceso minero: el pasaje desde la exploración y la factibilidad hacia la ejecución efectiva.

La minería de cobre no funciona con lógica de corto plazo. Entre el descubrimiento de un yacimiento y la entrada en producción pueden transcurrir dos o tres décadas. Estudios geológicos, ingeniería, permisos ambientales, financiamiento y construcción conforman una secuencia larga y costosa.

La experiencia internacional indica que los proyectos mineros no se transforman rápidamente en producción. Según un análisis de S&P Global, en países como Estados Unidos, uno de los mercados más desarrollados y con amplia data histórica, el desarrollo de una mina desde el descubrimiento hasta la producción puede tomar casi 29 años, con casos específicos que superan 35 años. De manera similar, la International Energy Agency señala que el desarrollo tradicional de proyectos de minerales críticos suele llevar en promedio alrededor de 17 años desde el descubrimiento hasta la producción.

Ese rasgo estructural explica por qué proyectos que llevan años, o incluso décadas, en carpeta no necesariamente avanzan, aun cuando los precios internacionales son favorables o existen incentivos regulatorios. Las decisiones de inversión son irreversibles y requieren un nivel de certidumbre que excede cualquier anuncio puntual.

La producción de cobre crece, pero a un ritmo significativamente menor que el de los metales de baterías, según la IEA.

Infraestructura: el verdadero límite del cobre argentino

Desde la mirada técnica, el principal freno al desarrollo del cobre argentino no se explica por una sola variable, sino por una combinación de factores que inciden de manera distinta según cada proyecto. Entre ellos, la infraestructura aparece como un condicionante transversal.

Según explica Leonardo Pflüger, “hoy la competitividad fiscal o el precio internacional del cobre no son necesariamente el principal obstáculo. En términos tributarios, Argentina se encuentra relativamente alineada, especialmente tras la creación del RIGI, con países competidores como Chile o Perú. El problema surge cuando la ecuación de inversión incorpora el llamado 'factor país' “

En proyectos de gran escala, la decisión de invertir no se basa únicamente en la calidad del yacimiento. Las empresas evalúan si el país ofrece, o no, condiciones mínimas de soporte: redes ferroviarias, acceso a energía eléctrica, disponibilidad hídrica, rutas, puertos y logística integrada. En mercados competidores, buena parte de esa infraestructura es provista o facilitada por el Estado. En Argentina, en cambio, esos costos suelen recaer directamente sobre los proyectos.

Pflüger ilustra esta lógica con un ejemplo simple: “si una empresa enfrenta un proyecto de US$ 2.000 millones en Argentina y otro de igual magnitud en Chile, pero en el segundo caso ya existen rutas, puertos y acceso a energía, mientras que en el primero todo debe ser construido por el inversor, la comparación se vuelve evidente. Salvo que exista una ventaja competitiva extraordinaria, la decisión tiende a inclinarse hacia el país donde la infraestructura ya está resuelta”

Incluso proyectos sin conflictos ambientales relevantes pueden quedar detenidos por esta razón. Pflüger menciona el caso de Taca Taca, en Salta: un proyecto de cobre técnicamente avanzado, sin obstáculos vinculados a glaciares ni a restricciones regulatorias específicas, que permanece en estado de espera. La provincia, impulsada por el desarrollo del litio, presenta mejores condiciones relativas que otras regiones, pero aún así enfrenta déficits estructurales.

El transporte a granel, tanto de minerales como de insumos críticos como la soda ash, vuelve ineficiente una logística basada exclusivamente en camiones, especialmente en rutas extensas y de mantenimiento complejo. En ese contexto, el ferrocarril aparece como una pieza clave. Pflüger recuerda que, durante su paso por la Secretaría de Minería, se elaboró un estudio, que incluso estimaba la capacidad de carga del ramal prácticamente vendida de antemano, para reactivar un corredor ferroviario estratégico vinculado al desarrollo minero y litífero. Aun con demanda asegurada, la inversión nunca se concretó.

Para Pflüger, este punto resume una diferencia estructural “en otros países, ese tipo de infraestructura es impulsada o facilitada por el Estado. En Argentina, la ausencia de ese soporte eleva los umbrales de inversión y termina restando competitividad, aun cuando los proyectos sean sólidos desde el punto de vista geológico y técnico”

La Ley de Glaciares como límite estructural

Entre los factores regulatorios, la Ley de Glaciares aparece como un condicionante relevante para buena parte de los proyectos de cobre. A diferencia de otros países con presencia de glaciares y actividad minera, el marco argentino establece una presunción de incompatibilidad automática en zonas periglaciares, lo que restringe el avance de proyectos incluso antes de una evaluación ambiental específica.

Según Leonardo Pflüger, el problema no radica en la protección en sí, una práctica común en países con actividad minera y presencia de glaciares, sino en el diseño del instrumento. “En otros sistemas, la Evaluación de Impacto Ambiental funciona como instancia central para determinar compatibilidades y mitigaciones. En Argentina, la ley introduce una presunción restrictiva previa que limita el desarrollo incluso antes de esa evaluación”, señala. A su vez, sostiene que este esquema “genera incertidumbre de largo plazo, aun cuando un proyecto pueda operar durante varios años sin conflicto, la posibilidad de ampliación queda condicionada, lo que afecta su valor económico y su atractivo para inversores de gran escala”.

Esta interpretación no es unánime dentro del sector ambiental y jurídico, pero ilustra uno de los puntos de debate que inciden en la percepción de riesgo regulatorio de largo plazo.

El mito del despegue inmediato

Cada anuncio de inversión o cambio regulatorio reactiva la idea de que el cobre argentino está “a punto de despegar”. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, esa lectura tiende a sobredimensionar señales de corto plazo. El cobre no se convierte en producción por acumulación de anuncios, sino cuando se alinean simultáneamente infraestructura, financiamiento, permisos, estabilidad normativa y condiciones sociales. Mientras ese conjunto no esté resuelto, el país seguirá exhibiendo una paradoja persistente: abundancia de recursos y ausencia de producción.

El problema del cobre argentino no es la falta de proyectos ni de demanda, sino la dificultad para construir las condiciones que permitan ejecutar inversiones de largo plazo. Infraestructura insuficiente, tiempos extensos y un marco regulatorio que introduce incertidumbre explican por qué el potencial aún no se materializa.

Entender estas limitaciones no implica negar la oportunidad, sino dimensionarla con mayor realismo. El cobre puede convertirse en un sector relevante para la Argentina, pero solo si se abordan los cuellos de botella estructurales que hoy impiden que los proyectos pasen del papel a la producción.

No todos los proyectos están en el mismo punto

Aunque suele hablarse del cobre argentino como un conjunto homogéneo, la cartera de proyectos muestra realidades muy distintas. Algunos proyectos presentan mayor avance integral, mientras otros permanecen condicionados por cuestiones logísticas, regulatorias o ambientales. Esta heterogeneidad refuerza una conclusión central: el freno no es único ni universal, sino el resultado de múltiples restricciones que operan de manera diferente en cada caso.

Un caso destacado es Los Azules, en la provincia de San Juan. Se trata de un proyecto que no presenta conflictos significativos con la Ley de Glaciares que presenta mayores avances en materia logística. Además, prevé producir cátodos de cobre en lugar de concentrado, lo que implica un mayor nivel de procesamiento y valor agregado en el país. Según Leonardo Pflüger, es el proyecto que hoy muestra mayores probabilidades de prosperar. Aplicó al RIGI, con una inversión estimada en unos US$2.672 millones, convirtiéndolo en una de las inversiones mineras más relevantes aprobadas en ese régimen y prevé iniciar su etapa de construcción el próximo año, lo que lo ubica como uno de los desarrollos más avanzados del portafolio argentino.

También en San Juan, el proyecto José María presenta un grado significativo de avance. Detrás de su desarrollo se encuentran dos actores globales de peso, BHP y Lundin Mining, que aportaron capital relevante y consolidaron una base de reservas que permitiría sostener una operación de larga duración. La participación de compañías de esta escala refuerza la idea de que el interés por el cobre argentino existe y que algunos proyectos cuentan con respaldo financiero y técnico de primer nivel.

La existencia de estos casos no contradice el diagnóstico estructural: lo matiza. Muestra que el problema no es uniforme ni definitivo, pero también confirma que, incluso en los proyectos más adelantados, los tiempos y requerimientos propios de la minería de gran escala siguen siendo determinantes.

En un contexto de reactivación impulsado por el RIGI y en medio de debates sobre eventuales modificaciones a la Ley de Glaciares, la pregunta de fondo permanece intacta: si Argentina logrará convertir esa oportunidad geopolítica en producción efectiva. El potencial está. El interés internacional existe. Pero sin infraestructura, previsibilidad regulatoria y condiciones de inversión compatibles con ciclos de largo plazo, el cobre seguirá siendo una promesa relevante en el tablero global, aunque todavía ausente en la escala productiva que el país necesita.

El Observador