Quién cuida el ambiente en Mendoza: los rostros del control ambiental, las inspecciones y la prevención

Cómo funciona el sistema de control ambiental en Mendoza, quiénes lo ejecutan y qué cambió tras la unificación de Energía y Ambiente.

Por Cecilia Zabala

Cómo funciona el control ambiental en la Mendoza, qué políticas aplica el Estado provincial para el cuidado del ambiente, qué organismos intervienen y qué cambió en los últimos años son algunas de las preguntas que reaparecen cada vez que se discute el impacto de la minería, la industria, el agro o los hidrocarburos en el territorio. En una provincia atravesada por la escasez hídrica, los eventos climáticos extremos y un debate constante sobre la protección de los recursos naturales, la política ambiental dejó de ser un tema técnico para convertirse en una discusión pública central.

En ese contexto, cuando Alfredo Cornejo asumió su segunda gobernación y creó el Ministerio de Energía y Ambiente (que dejó a cargo de Jimena Latorre), la decisión generó dudas y polémicas. ¿Puede un mismo organismo promover actividades productivas y, al mismo tiempo, controlarlas? La pregunta se instaló con fuerza en ámbitos sociales, ambientales y políticos, y sigue vigente como marco para evaluar resultados.

No hay una única respuesta. Mientras algunos sectores destacan los cambios implementados en los últimos dos años y los consideran una actualización acorde a estándares internacionales y a nuevas demandas ciudadanas, otros cuestionan el modelo y ponen en duda su eficacia. En esta nota, Sitio Andino repasa el balance que hacen quiénes están detrás de los controles, las inspecciones y la prevención ambiental, y cómo funciona hoy el sistema.

Analizamos cómo se controla el ambiente en el territorio, con qué herramientas y bajo qué reglas. Para el Gobierno provincial, la respuesta estuvo en reforzar los controles de base, profesionalizar la fiscalización y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. La legitimidad del modelo, dicen, está en las inspecciones, sanciones, trazabilidad y acceso a la información.

Sitio Andino mantuvo una entrevista con Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente; Jerónimo Shantal, director de Minería; Lucas Erio, director de Hidrocarburos; y Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, para reconstruir cómo funciona hoy ese sistema y cuáles son las herramientas que, según los funcionarios, se fortalecieron en los últimos años.

Del debate político a la gestión cotidiana del ambiente

A más de dos años de funcionamiento del esquema que unificó Energía y Ambiente, desde el Gobierno provincial aseguran que el desafío principal fue construir un sistema de control ambiental que funcione de manera permanente, más allá de coyunturas puntuales o discusiones sectoriales. La idea, explican, fue pasar de una lógica fragmentada a un esquema integral, con controles de base durante todo el año, reforzados según las distintas temporadas.

Ese enfoque combina auditorías, inspecciones, trazabilidad de procesos y mecanismos de participación ciudadana. Pero las propias autoridades reconocen que la validez del modelo no se mide en el diseño institucional, sino en la práctica: presencia en territorio, respuestas a denuncias, sanciones efectivas y acceso a la información pública.

“La gestión nos lleva de una manera integral a establecer qué demandas específicas teníamos en todo lo que es la provincia y cómo estamos de ahora en adelante en función de las diferentes temporadas”, explicó Ojeda.

Otro de los ejes que el Gobierno provincial busca fortalecer es la capacitación permanente de los inspectores ambientales, un aspecto que consideran clave para sostener el sistema de control en el tiempo. Según explicaron los funcionarios, se prevén instancias de formación continua en normativa ambiental, procedimientos de inspección, auditorías, gestión de residuos, seguridad operativa y nuevas tecnologías aplicadas al control. El objetivo es unificar criterios técnicos entre las distintas áreas, profesionalizar la tarea inspectiva y garantizar que quienes intervienen en territorio cuenten con herramientas actualizadas frente a escenarios cada vez más complejos.

Un territorio con múltiples frentes ambientales

Uno de los conceptos que se destacó es el de la gestión por temporalidades. Mendoza, explicaron, no enfrenta un solo pico ambiental en el año, sino varios que se superponen.

“Hoy estamos en temporada de emergencia aluvional, de emergencia por incendios y, además, en temporada alta de recepción de visitantes en las áreas naturales protegidas”, detalló la subsecretaria de Ambiente. Eso implica, según explicó, reforzar controles específicos sin descuidar la estructura permanente que funciona todo el año.

El sistema, sostuvo Ojeda, tiene una base estable de control administrativo e inspecciones, pero “se aumenta en temporada” según las condiciones climáticas y las características propias del territorio mendocino.

“La gestión ambiental tiene controles de base todo el año y refuerzos según la temporada.” Nuria Ojeda, subsecretaria de Ambiente.

Del escritorio al territorio: controles que no actúan solos

La fiscalización ambiental, coinciden los funcionarios, dejó de pensarse como una tarea aislada dentro de un área específica del Estado. Hoy se apoya en una articulación permanente con otros organismos provinciales.

“Tenemos inspectores de la Subsecretaría de Ambiente y todos los inspectores están integrados en esta revisión, no solamente con nuestro ministerio, sino también con otros”, explicó Ojeda, y enumeró al Ministerio de Seguridad, Infraestructura y Salud, según el tipo de situación.

Un ejemplo concreto son los operativos de guarda fauna, que se realizan en coordinación con la Policía Rural, Defensa Civil y las áreas de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas. “Eso es territorio”, resumió la funcionaria, para marcar que el control ambiental no se limita a expedientes, sino que se ejecuta en campo.

El ambiente no es solo minería

Uno de los puntos que las autoridades buscan subrayar es que el debate público suele concentrarse casi exclusivamente en la minería, cuando la política ambiental provincial abarca un abanico mucho más amplio de actividades.

Residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos, patogénicos, industria, agroindustria, hidrocarburos, obras de infraestructura y turismo forman parte del entramado que impacta sobre el ambiente y requiere control estatal.

Leonardo Fernández lo expresó con números: la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental controla hoy más de 1.300 empresas en distintos rubros.

En la misma línea, Ojeda explicó que cualquier actividad productiva debe contar con algún tipo de estudio ambiental. “Depende de la escala de la actividad es el formato del estudio ambiental que tiene”, señaló. Y ejemplificó: “El sector hidrocarburífero tiene un formato, el sector de minería tiene otro, una conservera de duraznos tiene otro”.

De proteger a gestionar: un cambio de enfoque

Uno de los cambios simbólicos —pero también operativos— fue la refuncionalización de la antigua Dirección de Protección Ambiental, que pasó a llamarse Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental.

Para Fernández, ese cambio buscó reflejar una mirada más amplia sobre el rol del Estado. “No solamente cuidamos y protegemos el medio ambiente, sino que también lo gestionamos y lo desarrollamos”, afirmó.

El funcionario lo vinculó directamente con el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Los ciudadanos tienen derecho a vivir en un ambiente sano y saludable, pero también apto para el desarrollo”.

“No alcanza con tener un ambiente sano si tenemos índices altísimos de pobreza y no tenemos desarrollo en la provincia”. Leonardo Fernández

 

Más inspecciones y un giro hacia la prevención

Desde el área de Fiscalización Ambiental, el balance que hacen es que hubo un salto significativo en la cantidad de controles. “Hemos triplicado las inspecciones este año con respecto a 2023”, aseguró Fernández.

Esas inspecciones, aclaró, no se limitan a un solo sector, sino que alcanzan a residuos, industrias, agro y otras actividades. En ese marco, se registraron casi 70 ceses de actividad en distintos puntos de la provincia, además de multas y requerimientos.

Para Ojeda, ese cambio resume un giro conceptual: “Dejar de ser reactivo y pasar a ser proactivo”.

Procesos estandarizados y control auditable

Otro de los ejes que destacan desde el Ministerio es la certificación de procesos bajo normas internacionales. Tanto la Dirección de Minería como la de Gestión y Fiscalización Ambiental certificaron ISO 9001, un sello de calidad.

En términos concretos, explicó Fernández, eso implica que cada inspección sigue un circuito definido: cómo se inicia —ya sea por denuncia, de oficio o planificación—, qué dictamen técnico y legal se emite y cómo se cierra el procedimiento. El objetivo, sostienen, es garantizar trazabilidad en cada intervención del Estado.

Estudios ambientales: distintos niveles de exigencia

Aunque todas las actividades deben presentar estudios ambientales, no todas enfrentan el mismo nivel de exigencia. Ojeda explicó que la diferencia está en la escala y el impacto potencial.

En minería, el procedimiento es el más robusto: estudios integrales, actualizaciones periódicas y ratificación legislativa. En otros sectores, el esquema se apoya en estudios base que luego se complementan con monitoreos y controles continuos.

Del expediente en papel a la participación abierta

Jerónimo Shantal puso el foco en uno de los cambios más visibles: la participación ciudadana.

Según explicó, muchas de las normas vigentes estaban pensadas para expedientes en papel y acceso restringido. “Antes eran expedientes que pocos podían ver”, recordó. Hoy, aseguró, “todo es público, todo es transparente y cualquier persona tiene acceso”.

Las audiencias públicas dejaron de realizarse exclusivamente en sedes administrativas y pasaron a desarrollarse en los territorios involucrados, con modalidad presencial y virtual. “Fuimos al proyecto para que la gente pueda dimensionar las circunstancias: flora, fauna, biodiversidad, logística, clima”, explicó.

Además, destacó la virtualidad como una herramienta clave: “Te acerca más transparencia y participación, porque podés participar desde cualquier lugar”.

“Hoy cualquier ciudadano puede acceder a los expedientes y participar de las audiencias.” Jerónimo Shantal, director de Minería.

Denuncias ciudadanas y respuesta estatal

La política ambiental también incorporó canales directos para que la ciudadanía denuncie impactos ambientales. Fernández explicó que existen números de teléfono y WhatsApp donde se pueden enviar mensajes y pruebas fotográficas.

Por resolución, el Estado tiene un plazo de 15 días para inspeccionar y responder, aunque aseguró que en muchos casos se actúa antes. También existe la posibilidad de denunciar a través de la web oficial del Ministerio.

Residuos peligrosos y trazabilidad digital

En materia de residuos peligrosos, el Ministerio avanza en el desarrollo de una aplicación que permita seguir todo el circuito: desde el generador hasta el tratamiento final.

“La idea es tener la trazabilidad correcta del residuo”, explicó Fernández. El sistema incluiría GPS en transportistas y básculas para verificar que lo retirado sea lo que efectivamente llega a destino.

Aceites, efluentes industriales, residuos de hidrocarburos, pinturas, combustibles y materiales contaminantes forman parte de ese universo.

Hidrocarburos, estándares y financiamiento

Desde el área de Hidrocarburos, el director Lucas Erio aportó otra mirada: muchas empresas del sector operan con estándares que superan la normativa local, en parte por las exigencias del financiamiento internacional.

“Para acceder a financiamiento externo se necesitan estándares altísimos de sostenibilidad, ambiente y gestión”, señaló. En ese esquema, la ley funciona como un piso mínimo, mientras que las certificaciones elevan la vara.

También mencionó el desafío de sostener equipos técnicos altamente capacitados: inspectores que requieren formación permanente en seguridad, integridad de ductos y ambiente.

“La ley es el piso; los estándares internacionales elevan la vara", Lucas Erio, director de Hidrocarburos

Seguimiento permanente de los proyectos

En minería, Shantal destacó el funcionamiento de las Unidades de Gestión Ambiental como espacios de seguimiento continuo. “Cada proyecto tiene su unidad”, explicó, y subrayó que son ámbitos abiertos a la participación de organismos públicos y actores sociales.

Algunos casos, como PSJ Cobre Mendocino o proyectos en Malargüe, reúnen a decenas de participantes y más de 20 organismos. “Está todo en la página, no hay nada que ocultar”, insistió

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