San Juan: Conflicto en Iglesia por una ordenanza por la minería

El Concejo Deliberante, aprobó por unanimidad, una norma que va por encima de la legislación vigente.

El Concejo Deliberante de Iglesia presentó una ordenanza que se ubicaría por encima de la legislación vigente. La medida, que busca promover la inclusión de trabajadores del departamento en las actividades mineras que se desarrollan en el departamento, establece que las empresas mineras deberán contar con un 70% de mano de obra local. Cuando la normativa provincial indica que deberán contratar, trabajadores que tengan domicilio real en la provincia de San Juan, con una antigüedad no inferior a un (1) año, en una cantidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de toda su nómina de trabajadores.

Aunque la ordenanza fue aprobada por unanimidad, ahora será el Poder Ejecutivo municipal, liderado por Jorge Espejo, quien determine si se hace efectiva o no dicha ordenanza. En otros de los puntos, los concejales piden que las empresas mineras creen un sistema de becas privadas. Esta iniciativa, permitiría que estudiantes de nivel secundario de Iglesia puedan acceder a apoyos económicos para continuar con sus estudios en carreras universitarias o terciarias, como ingeniería en minas, técnico en minerales o enfermería. Las becas estarán sujetas a un reglamento específico que determinará los criterios de acceso.

Además, se solicita que la empresa madre y las compañías locales que participen en proyectos mineros entren en un proceso de licitación cada seis años, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la empresa. Esto busca garantizar la transparencia y la competitividad en la contratación de servicios. También, se exige que todas las empresas que realicen actividades mineras y complementarias en el departamento establezcan sus oficinas e instalaciones en Iglesia. Esta medida tiene como objetivo fomentar una comunicación más directa y efectiva entre las empresas, la comunidad y el municipio. La ordenanza N° 2059 despertó conflicto en todos los sectores vinculados a la minería que ven con polémica la determinación tomada por el Concejo Deliberante y que deberá ser analizada antes de su aplicación.

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