El objetivo es controlar la evolución de los remanentes de la actividad. El proyecto establece que del plan de garantía que presenten las empresas, el Estado destinará un 30% de ese monto para hacer el monitoreo.
Gabriela Varas
El proyecto de ley de cierre de minas, que analiza la Cámara de Diputados de San Juan, tiene entre sus objetivos principales asegurar la rehabilitación del sitio donde se realizó la actividad minera, y sobre todo hacer un seguimiento. Este punto es de gran importancia, ya que el Estado considera que se debe proyectar un monitoreo de por lo menos 100 años luego de culminada la etapa de exploración. A raíz de ésto es que del plan de garantías del cierre que deberán presentar las mineras, según lo establecerá la ley, un 30% será destinado por el Estado para esta tarea.
Alberto Hensel, ministro de Minería de la provincia, explicó que la mina produce y que esto tiene un impacto que luego deber ser subsanado. Actualmente, cada vez que se presenta un informe de impacto ambiental, se debe dar respuesta a cómo se va a cuidar el lugar donde se emplazará la mina. Esto se hacía de manera potencial. Ahora con la ley de cierre de minas lo que se busca es que se haga de manera concreta.
En esta ley de cierre y post cierre de minas, que de sancionarse será la primera y única en el país, tiene como uno de sus puntos fuertes el fondo de garantías. Éste se presenta de manera conjunta con el de impacto ambiental. Allí se deberá especificar y explicar cómo se implementará dicho plan, el presupuesto, los costos la manera restaurar los pasivos ambientales que deja la actividad en las zonas explotadas y la manera de rehabilitar el ecosistema donde se trabajó. El mismo será analizado por una comisión interdisciplinaria, que podrá expresar su conformidad o no a dicho plan. El monto del mismo se calcula sobre la vida útil del proyecto.
"De ese fondo, el Estado se quedará con el 30%, porque tenemos que llevar adelante acciones de monitoreo que lo debe seguir la empresa y que lo realizará el Estado por lo menos durante 100 años después de concluida la explotación", especificó Hensel, quien puso como ejemplo proyectos como Hualilán o Las Piedritas que no fueron debidamente controlados en el tiempo en el que se realizaron.
Al respecto de los proyectos que están operando y a los cuales les queda un tiempo perentorio en actividad, como en el caso de Casposo o Gualcamayo, el funcionario especificó que deberán adecuarse a las normas vigentes. "Todos deben presentar un informe ambiental cada dos años. Cada vez que pasa eso, lo deben hacer bajo la ley vigente. Si esto se aprueba, en la próxima presentación deberán incorporar el plan de cierre correspondiente", sostuvo el ministro.
Este proyecto viene a responder y a dar certezas a un reclamo que existía de parte de quienes promueven el desarrollo de la actividad minera de manera responsable y segura. Además, coloca a la provincia en un lugar de jerarquía con respecto a otras provincias mineras, ya que de esta manera cumple con estándares de nivel internacional.
Para el Hensel la actividad minera es una oportunidad muy importante para el desarrollo de la provincia. Siempre realizándola bajo las exigencias del cuidado del medio ambiente. "Sabemos que donde hay glaciares no vamos hacer minería, porque tenemos muy bien definido que donde hay un fuente de agua y eso hay que protegerlo. Pero la cordillera es inmensa y hay mucho potencial en donde no se pone en peligro nada. Hay que incentivar la exploración. Tenemos presentados 19 proyectos, con una inversión de 25 mil millones de dólares, pero que pueden dejar recursos por 600 mil millones de dólares, estas son las cosas que brinda la minería para el crecimiento y el desarrollo", sostuvo el ministro.
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