San Juan/Monopolio autorizado: el ENRE otorga a Vicuña el control casi total del corredor energético y desata una crisis institucional
- 5 de marzo, 2026
La Resolución 79/2026 del ENRE desató una fuerte controversia en San Juan al otorgar a Vicuña el 90% de la capacidad remanente del corredor eléctrico Nueva San Juan?Rodeo por 25 años.
La medida es cuestionada por su desproporción técnica, la falta de transparencia en los estudios y el posible bloqueo a otros proyectos estratégicos, incluso aquellos aprobados bajo el RIGI, sobre una infraestructura financiada en gran parte con fondos públicos provinciales.
Desde la provincia el EPRE fue el primero en mostrar la posición legal del tema
La reciente publicación en el Boletín Oficial de la Resolución ENRE 79/2026 ha desatado una tormenta política y técnica en la provincia de San Juan. Lo que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad presenta como un paso para el desarrollo minero, es denunciado por actores locales y empresas competidoras como una "expropiación regulatoria" de la infraestructura pública en favor de Vicuña Argentina S.A. (operadora de Josemaría y Filo del Sol), otorgándole el control casi absoluto del corredor Nueva San Juan – Rodeo (500 kV) por los próximos 25 años.
El "Monopolio de Facto": Cifras de un reparto desigual
El núcleo del escándalo reside en el otorgamiento de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente del corredor. Según cálculos de CAMMESA citados en el expediente, la capacidad remanente de la línea es del 71% de 854 MVA, lo que equivale a unos 606,34 MVA. Al conceder el 90% de este margen, el ENRE le asegura a Vicuña Argentina aproximadamente 545,71 MVA de prioridad.
La desproporción es técnica y flagrante: la demanda máxima publicitada por Vicuña para sus proyectos es de 260 MW. Es decir, el ENRE ha decidido inmovilizar un volumen de potencia que duplica la necesidad real de la empresa, bloqueando el acceso a cualquier otro interesado durante un cuarto de siglo. Esta "exclusividad material" otorga a Vicuña el poder de control material sobre el acceso al corredor, permitiéndole decidir —o vetar— si otras obras públicas o privadas pueden sumarse a la estructura.
Las objeciones técnicas: Cálculos "idealizados" y falta de transparencia
Expertos y empresas afectadas han planteado objeciones técnicas de fondo que cuestionan la rigurosidad del ENRE:
Déficit de motivación y opacidad: La resolución remite a cálculos genéricos de CAMMESA sin publicar los supuestos técnicos, la topología utilizada, ni los criterios de contingencia (N-1/N-2). Esto impide un control contradictorio por parte de otros usuarios.
El supuesto de "Barra Infinita": Se acusa al ENRE de utilizar modelos estáticos y supuestos idealizados (como considerar el nodo Nueva San Juan como una "barra infinita"), lo que sobreestima la potencia máxima transferible y no refleja la realidad operativa del sistema.
Capacidad Remanente vs. Incremental: El marco regulatorio de prioridades está diseñado para "capacidad a construir" (ampliaciones nuevas). Sin embargo, aquí se está otorgando prioridad sobre capacidad remanente de una instalación troncal preexistente, lo que viola el principio de acceso abierto y no discriminatorio del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El conflicto con el RIGI y el caso "Los Azules"
La decisión del ENRE no solo afecta a la provincia, sino que entra en colisión directa con políticas del propio Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto Los Azules, con una inversión de 2.672 millones de dólares, ya fue aprobado bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Los Azules proyecta una demanda de 184,8 MW para el verano de 2031/2032 y considera este corredor un "eje imprescindible" para su viabilidad. Bajo el principio de "Unidad del Estado", resulta jurídicamente insostenible que el Ministerio de Economía apruebe metas de inversión vía RIGI mientras el ENRE dicta actos que vuelven imposible su cumplimiento al cerrarles la puerta energética.
Se supo que en este problema también están afectados el proyecto Pachón y las operaciones de Hualilán que harán sus opociones a la resolución del ENRE.
Una barbaridad: infraestructura pagada por San Juan, usufructuada por un privado
Uno de los puntos más sensibles es el origen de la infraestructura. La línea de 500 kV, denominada irónicamente "línea minera", fue financiada en un 50% por el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (CAF) y el otro 50% por recursos de los ciudadanos de San Juan a través de los fondos PIEDE y Fondo Línea 500 kV.
Críticos y particulares califican de "burrada" y de "rifar la soberanía" el hecho de que el ENRE ceda a una empresa privada la facultad de autorizar el suministro eléctrico a poblaciones del norte de San Juan o a otros emprendimientos, sobre una obra que la provincia aún está pagando.
El EPRE exige una Audiencia Pública vinculante
Ante lo que consideran una violación de leyes nacionales y provinciales, el EPRE San Juan ha tomado la iniciativa legal para frenar la resolución. El organismo provincial exige la convocatoria a una Audiencia Pública para que todos los actores (incluyendo otros proyectos como Hualilan, que ha pedido prórrogas para fijar posición) puedan exponer el impacto real de esta medida.
El reclamo del EPRE es categórico:
Planificación rigurosa: No se pueden otorgar prioridades sin estudios técnicos que aseguren que no se compromete el crecimiento proyectado de la provincia.
Esquema multiusuario: Se solicita un estudio integral que identifique a todos los beneficiarios potenciales y proponga reglas de asignación proporcional de costos y derechos, en lugar de un privilegio único.
Resarcimiento: Cualquier privado que use estas ampliaciones construidas con fondos públicos debe suscribir acuerdos con la provincia para resarcir equitativamente esos derechos.
La resolución del ENRE habría dejado el tablero inclinado desde el inicio en favor de la "fuerza de la billetera" de Vicuña Argentina. La soberanía energética de San Juan y la viabilidad de inversiones millonarias bajo el RIGI dependen ahora de que este proceso se abra a la transparencia de una audiencia pública y se abandone el modelo de exclusividad por uno de desarrollo compartido.
Diario El Zonda