San Juan: Una ley provincial que permite devolverle plata a las mineras quedó trabada por la transición

Regalías y obras de utilidad pública

La Legislatura aprobó cambios al uso de regalías, pero el Ejecutivo no estableció cómo debe aplicarse. Se suma a otras complicaciones de la macroeconomía que afecta a las mineras. 

 

Por Elizabeth Pérez

Fue sancionada en mayo del 2022, a instancias del Poder ejecutivo provincial, y pese a que surgió del Acuerdo San Juan, fue rechazada por el giogismo y la oposición. Ahora la norma que favorece a las mineras quedó atrapada por la transición, con lo cual su reglamentación es incierta.

Se trata de la ley que modificó el uso de las regalías mineras en San Juan, que permite a las mineras compensar el pago de esas obligaciones, con obras de infraestructura vial o energética que sean declaradas “de utilidad pública” para la provincia.

El tema volvió a cobrar actualidad ahora cuando el CEO de Josemaría, Alfredo Vitaller; se quejó de que no se reglamentó la norma. La minera Deprominsa, que timonea la futura mina de cobre; planea construir el camino de acceso a la mina y la línea eléctrica, bajo esa modalidad. Pero sin esa reglamentación, la minera que debe anticipar los fondos para la obra desconoce cómo va a recuperarlos en el futuro, lo que frena la decisión del inicio de las obras.

Este tema junto a las dificultades que la actual crisis económica le ocasiona a la economía, fueron debatidos en las reuniones que mantuvo en San Juan ayer la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

Al hablar de la infraestructura necesaria para desarrollos mineros, Vitaller comenzó reclamando competitividad y seguridad para alentar la llegada de inversiones para el desarrollo de proyectos mineros. En alusión directa a la mina de cobre sanjuanina agregó que “nosotros tenemos un cronograma de trabajo y si vamos a esperar que la Argentina haga la infraestructura, lo arrancaremos dentro de 30 años más. Estamos dispuestos a hacer la inversión, pero tenemos que tener algún tipo de garantía sentarnos con la provincia, o con la Nación, y acordar cosas”, dijo sugerente.

En ese punto, se le recordó que en san Juan se sancionó la modificación de la Ley de regalías mineras, y al declararse una obra minera “de utilidad pública”, se puede deducir el costo de la misma del pago de regalías. En ese momento Vitaller lanzó su reclamo: “es una ley que da certezas, pero no tiene definiciones. Te dicen, vos pones la plata que yo te la devuelvo, pero ¿cómo se va a devolver, ¿dónde, ¿cuándo, ¿quién, de qué manera?”, preguntó.

El directivo continuó explicando que la minera puede acordar poner el dinero para construir alguna de las obras, pero remarcó que existen 17 tipos de cambio en Argentina, y que, si el estado provincial lo va a devolver en 20 años, “ni yo ni el gobierno actual vamos a estar, entonces debemos tenerlo escrito en algún lado”.

Con el resultado electoral adverso para el uñaquismo, la tarea de reglamentar la norma quedó para el gobierno electo. El directivo agregó que ya han tenido algunos contactos con el orreguismo, “pero tampoco nos dan definiciones, nos dicen déjame que me tengo que hacer cargo primero”.

"Hay que tenerlo escrito en algún lado para cuando se vaya a cobrar, se acuerden que yo puse 500 millones de dólares que me tenían que devolver”, dijo Alfredo Vitaller.

En mayo de 2022 los diputados locales derogaron el texto del artículo 11º de la Ley Nº 1181-A, que oportunamente prohibió la compensación de las obras de infraestructura energética, con las regalías mineras. Un mes después, se sustituyó el artículo 19º de la Ley 716-M y se indicó que los proyectos mineros que desarrollen obras de infraestructura vial o energética, en beneficio de la provincia de San Juan, pueden compensar total o parcialmente su inversión con las regalías mineras. Para ello, las obras que realicen deben haber sido declaradas de utilidad pública por la Cámara de Diputados con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. Esa es la reglamentación que falta.

La economía no ayuda

Los CEOs de proyectos sanjuaninos reclamaron seguridad y estabilidad macroeconómica para desarrollar el sector.

Vitaller, por ejemplo recordó que Josemaría cumplió 20 años en San Juan desde que comenzó la exploración, y que la futura mina requiere de definiciones a largo plazo para poder arrancar. “Le faltan 4 años de construcción, y después le quedan 20, 25 o 30 años de explotación. Imagínense todos los periodos presidenciales y de Gobernador que pasarán en el medio. Por eso el proyecto necesita tener condiciones que se extienden en el tiempo y con estabilidad”, indicó el directivo.

También reclamó definiciones sobre las leyes de Glaciares y de Humedales. A esta ultimo, por ejemplo, la calificó de “contradictoria” porque se propone defender el ambiente, pero pone trabas a minerales como cobre o litio que son indispensables para los renovables o electro movilidad.

Por su parte, Michael Meding, Gerente General de McEwen Copper y del proyecto sanjuanino de cobre Los Azules; también reclamó definiciones a largo plazo. “En Los Azules estamos hablando de una generación o posiblemente dos de producción. Eso fácilmente son 7 u 8 gobiernos en el medio. Necesitamos que se respeten leyes y acuerdos a largo plazo porque la inversión que hacemos es a largo plazo”, reclamó Meding.

Como ejemplo indicó que actualmente un proyecto de cobre chico requiere de una inversión que ronde los 2.000 mil millones de dólares. Uno más grande, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. El directivo destacó lo difícil que convencer a inversores o bancos internacionales e hacer negocios en la Argentina actual, sobre todo en lo que hace a la recuperación de los fondos invertidos

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