Tucumán/ "El mayor truco del diablo": empezó el juicio por el Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT

Arrancó el juicio "histórico" por el desfalco de los fondos de YMAD que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de San Javier por Ley 14.771.

Ya se vislumbra que el quid del debate oral y público será el origen de los fondos y el derecho de la UNT a construir el campus, los antecedentes del acta que firmó Cerisola y sus atribuciones para hacerlo, como el contexto de fervientes internas radicales en la Universidad. La UNT y los imputados muestran sus cartas.

Por Santiago Sibaja

Tras años de maniobras dilatorias, especulaciones y hasta el temor de la prescripción de la causa, comenzó finalmente el debate oral y público del juicio por el llamado Robo de la Ciudad Universitaria a la Universidad Nacional de Tucumán que ordena construir la Ley 14.771 en el cerro San Javier y “conforme a los planos aprobados” con el 40% de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).

Catorce años después de iniciado el expediente y seis años después de la elevación a juicio, comenzó finalmente el juicio por el desfalco de los fondos de YMAD que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria y el desmanejo de unos U$S 85 millones durante la administración del ex Rector Juan Alberto Cerisola, el principal imputado.

Las partes coincidieron en calificar como "histórico" el inicio del proceso, al tratarse probablemente de la causa por corrupción más importante de la historia de Tucumán. Se juzga en este caso a Cerisola y tres exfuncionarios de su Gabinete por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Por primera vez, Cerisola y los imputados Olga Cudmani –titular de la Dirección de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –Director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- mostraron sus cartas ante la Justicia y ante la Universidad, querellante en querellante en la causa.

Ya se vislumbra que más allá de las colocaciones financieras o el precio de las obras realizadas, el quid del debate será el origen de los fondos malversados, las atribuciones que tenía –o no- el Rector Cerisola para firmar el acta que declaró “satisfecha” a la UNT en su derecho a recibir el 40% de las utilidades de YMAD para construir la Ciudad Universitaria, ratificando que estaba “terminada” al ser reemplazada por un plan de obras y reduciendo así esos fondos a la mitad, para que sean de libre disponibilidad.

También se deberá dilucidar los antecedentes de aquella acta firmada el 2 de enero de 2008: a esa acta que la UNT calificó años después como lasciva la antecede la rubricada el 27 de diciembre de 2007 por el directorio de YMAD, donde la UNT estaba representada por los ex Rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos dirigentes de fuste de la Unión Cívica Radical de Tucumán. Allí se redactó de puño y letra la que firmaría el imputado Rector días después.

Más de un lustro después, hasta la querella de la UNT calificó la investigación como "limitada", y el accionar de Carlos Brito fue muy cuestionado por las partes. En 2018, le dedicó apenas un párrafo al origen de los fondos y 35 páginas a los presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones financieras con ese dinero, pero nunca su proveniencia, la potestad para tomar tal decisión y reducir los fondos a la mitad, pasando a ser los mismos de libre disponibilidad.

Los jueces Dr. Abelardo Jorge Basbús, Dra. Ana Carina Farías y Dr. Enrique Lilljedah deberán dilucidar si en la Casa de Altos Estudios se montó un sistema paralelo ilegal para administrar de forma fraudulenta los dineros de la minería en el plan de obras que Cerisola llamó La Ciudad Universitaria del Siglo XXI como en las colocaciones financieras realizadas con esos fondos, con el supuesto objetivo de resguardarlos.

Las internas de la UCR en la propia Universidad fueron uno de los temas centrales y más repetidos en la primera jornada de audiencias, donde expuso –de forma pública- por primera vez la querella a cargo de Rodolfo Tercero Burgos, como las defensas de todos los imputados, que ya comenzaron a mostrar sus cartas y delinear sus respectivas estrategias.

1. Pablo Camuña, fiscal subrogante: “Los hechos consisten en la creación de un sistema paralelo e ilegal dentro de la UNT”

El fiscal federal subrogante Pablo Camuña fue el primero en hacer uso de la palabra en el inicio del debate para plantear que "los hechos se dieron en un determinado contexto y consisten en la creación, implementación, aplicación de un sistema paralelo e ilegal dentro de la Universidad Nacional de Tucumán que alteró el funcionamiento ordinario de esa Casa de Altos Estudios" y que el mismo "fue creado específicamente para canalizar una extraordinaria cantidad de fondos públicos que venían de YMAD".

En ese sentido, sostuvo que ese sistema puso "esa cuantiosa cantidad de fondos públicos dentro del sistema oscuro, poco transparente, falto de control, discrecional, y lo saca de las normas que eran aplicables en su momento". y que el mismo "fue más proclive a actos de corrupción" que finalmente "generaron un daño a la UNT, a la comunidad universitaria y también a la comunidad en un sentido más general".

Luego, a pesar de que el fiscal consideró que implica “la muerte de la oralidad”, llegó la lectura de la elevación a juicio y a las 10:51 retumbó en la sala del TOF el único párrafo que el fiscal Brito le dedicó al delito de fondo en su escrito de 36 páginas, donde manifestó: "Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó".

2 - Rodolfo Tercero Burgos, abogado querellante contratado por la UNT: “El mayor truco del diablo consiste en hacernos creer que no existe”

"Este es un juicio histórico", sentenció el expresidente de Canal 10 contratado desde 2019 por la UNT para encabezar la querella en la causa contra un ex Rector y tres ex funcionarios universitarios. En ese sentido, recordó que en el año 2014 el Consejo Superior mediante Resolución 1769/14 resolvió constituirse como querellante al ser la Universidad "la persona jurídica afectada", mientras que luego declaró la "nulidad absoluta" del Convenio que firmó Cerisola con YMAD a través de la Resolución 2162/15.

"Al pasar del 40% de las utilidades a recibir solo el 20%, de libre disponibilidad, el ex Rector había dado por ciertos hechos inexistentes, en particular la conclusión de la Ciudad Universitaria, y que para resolver un acto de esas características carecía de facultades, atendiendo las disposiciones del estatuto universitario, que juró cumplir y hacer cumplir, y que establece que los actos de disposición sobre los bienes universitarios son materia de su Consejo Superior y no del Ejecutivo", afirmó.

Luego, la querella sostuvo que ya en 2010 "algo olía a podrido en Dinamarca" y que la denuncia de Ramón Eudal fue "concomitante al proceso de renovación de autoridades del 2010". En ese sentido, alegó que el abogado Oscar López “acostumbrado a las denuncias” denunció las resoluciones rectorales que crearon el "régimen especialísimo” para obras de construcción y refacción con los fondos de YMAD, pasando el área de Construcciones Universitarias "a la órbita del Rector".

El imputado Cerisola lo escuchaba de brazos cruzados y hablando con sus abogadas. Vale recordar que Burgos no es ajeno a la política universitaria: fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora; luego fue designado en el directorio de Canal 10 en representación de la UNT; desde 2019 fue contratado por la Universidad en el Rectorado de José García para ejercer la querella que estaba a cargo de Diego Lamoglia y fue ratificado en esa función y recontratado por Sergio Pagani. En 2022, apoyó públicamente la candidatura de González Navarro a Decano de Derecho.

"A partir de allí y con fundamento en una posición doctrinaria en el derecho administrativo que señala que no serían obras públicas las obras que se construyen cuando el dinero no proviene del Tesoro Nacional. Es una posición de la doctrina, no es unánime, al contrario, hay muchísimas posiciones que no concuerdan con esa doctrina", subrayó, lo que llamó la atención al referir a dictámenes del servicio de Asuntos Jurídicos que todavía hoy encabeza Augusto González Navarro, quien propuso -según relató La Gaceta- que la UNT debía constituirse como querellante.

Burgos añadió que a esas dos denuncias se sumó una tercera de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hasta llegar a este juicio contra ex funcionarios que tienen "grados de responsabilidad diferente según el caso" al afirmar que el Rector tenía "el dominio sobre la gestión y administración de la Universidad", y definir a Luis Sacca como "su secretario político" que "recibe por delegación del Rector las más importantes tareas que hacen a la gestión".

"El principal (hecho) que se efectúa al ex Rector Cerisola, es la disminución del porcentaje de utilidades que le correspondían a la UNT por "haber concluido" la Ciudad Universitaria", sentenció, y leyó el artículo 18 de la Ley 14.771.

"El mayor truco del diablo consiste en hacernos creer que no existe y eso es lo que vamos a presenciar, el esforzado trabajo de distinguidos colegas en la defensa tratando de señalar que la atribución de responsabilidades no es sólo de los imputados: 'fuimos todos' equivale a decir que no fue nadie'. Discutiremos si era factible la realización de una Ciudad Universitaria conforme la Ley 14.771 y si es posible que una Universidad pueda tener un régimen de contrataciones especiales, pero que en realidad lo que estamos discutiendo es el apartamiento de las previsiones legales y por eso el principio de ilegalidad pueden dar lugar a sistemas paralegales donde lo que se prioriza es la discreción, la desviación, la exposición de una institución universitaria a un perjuicio tremendo para su patrimonio", manifestó.

En ese marco, alertó que "existía una laguna jurídica" sobre los fondos que no venían del Tesoro de la Nación que no fueron considerados fondos públicos, y advirtió que en el marco de los hechos denunciados “confluye un modelo en el cual la Universidad estaba al servicio de una línea interna de un partido político, eso es lo que está en juicio y eso deben juzgar”.

“El régimen de contrataciones surge de la falacia de considerar que el dinero que ingresa a la Universidad de otra fuente que no es el Tesoro, en este caso de YMAD, no son fondos públicos”, arremetió, y consideró que “si cada particular puede interpretar lo que dice la Ley, entonces la Ley ya no tiene el valor que tiene para todos, sino que cada uno la puede interpretar a gusto personal”.

“La Universidad va a defender la legalidad de la investigación, es correcta y aunque quizás fue limitada tenemos la posibilidad en este juicio de que otras conductas puedan investigarse”, remató, sumando los cuestionamientos de la UNT a la supuestamente “limitada” investigación de Brito.

No hubo mención de parte de la querella de la UNT a los antecedentes del acta firmada por Cerisola en YMAD por los exrectores Campero y Marigliano, ni a la posibilidad de que haya otros implicados en el desfalco más allá de los imputados.

3. Alfredo Falú, abogado de Olga Cudmani: el “deber de obediencia” de una “funcionaria fiel”

“El fiscal Brito no buscó la verdad”, indicó Falú, y sostuvo que el fiscal que lideró la investigación “buscó congraciarse con la opinión pública” en sintonía con las “operaciones de prensa contra Cerisola y su gestión”. El abogado de la ex directora de Construcciones Universitarios subrayó que “la Universidad es un ámbito politizado” donde “pertenecer da prestigio”.

Sobre el contexto en que se produjeron los hechos, repasó que “la fórmula opositora eligió menoscabar la gestión con acusaciones en el Consejo” pero “nunca objetó las obras antes ni después en el Consejo Superior”. Además, apuntó contra funcionarios universitarios al alegar que la resolución que creó el nuevo régimen de contrataciones "se genera por nota del secretario general, José Hugo Saab", y que lleva la firma del Rector Cerisola y del fallecido Juan Carlos Reimundín.

En ese sentido, recordó que dichas resoluciones se basaban en el "meduloso análisis" de la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de González Navarro como del contador Sergio Manuel Méndez, auditor interno de la UNT. “Reimundín fue sobreseído por no tener facultades, pero ingeniera sigue acusada cuando tiene menos herramientas”, disparó, y subrayó que “es absurdo pretender que una ingiera civil vaya contra expertos en Derecho”.

Finalmente, insistió en que Cudmani cumplió en su carácter de funcionaria universitaria con su “deber de obediencia” y que fue siempre “una funcionaria fiel y eficaz”.

4. Silvia Peyracchia, abogada de Juan Alberto Cerisola: “La decisión la tomó YMAD” y “no hubo decisiones en soledad”

La abogada del principal imputado anticipó que desde la defensa del ex Rector “vamos a solicitar la absolución”, y “no nos vamos a amparar en el principio de inocencia ni orfandad probatoria” porque sostienen que “no cometió los delitos”, como también incluso que “su gestión está exenta de responsabilidad delictual”.

Peyracchia consideró la elevación a juicio de Brito "una construcción artificiosa" y que el régimen de contrataciones aprobado mediante resoluciones rectorales "son actos lícitos dictados por el Rector en sus facultades".

Luego, se despachó contra la querella al asegurar que "los fondos (de YMAD) no son del Tesoro de la Nación" por lo que la UNT pudo en su momento administrarlos como fondos privados, y recordó que hay "testimonios de funcionarios de primera línea" que respaldan esa afirmación, en alusión a los dictámenes de González Navarro.

“No hubo decisiones en soledad del Rector”, manifestó, y repasó que “los dictámenes aconsejaron” para la posterior toma de decisiones.

Además, la defensa de Cerisola insistió en el contexto en que se produjeron los hechos y aseveró que “la Universidad estaba en una emergencia edilicia enorme” y “se estaba cayendo a pedazos”. Respecto a la decisión de poner bajo su órbita Construcciones Escolares, justificó que al inicio de su gestión “no conocía que iba a tener fondos”.

En lo que respecta a las acusaciones por las colocaciones financieras con fondos de YMAD, Peyracchia reprochó que el fiscal Brito actuó con "mala fe", ya que “siempre tuvo en sus manos las pruebas de que no faltaba un peso en UNT”.

La abogada de Cerisola insistió en que “el dinero se coloca para evitar desvalorización mientras se tramitaba plan de obras”, y que así “no hubo perjuicio, hubo beneficio para Universidad”.

En otro pasaje de su alocución, diferenció que “administración desprolija no es administración fraudulenta”, y se refirió específicamente a la “disminución de fondos” en favor de la UNT una vez declarada ‘terminada’ la Ciudad Universitaria.

“El Ministerio Público Fiscal ni la querella dicen cuál sería el antecedente” al que –insistió- ambas partes refieren, en alusión al acta N°498 del directorio de YMAD de diciembre de 2007. “Quisieron tapar el sol con el dedo”, arremetió, y negó que Cerisola haya “dado por satisfecha la obligación de YMAD”, a la vez que recalcó que a su criterio el acta que firmó el 2 de enero “el hecho en sí mismo no constituye delito”.

“Es acto final de recibimiento de fondos. Fue la última (regalía) del 40% (de las utilidades líquidas de YMAD a favor de la UNT) porque ya habían aprobado plan de obras”, enfatizó, y subrayó que “la distribución quedaba resuelta” en el acta del directorio.

“Las manifestaciones vertidas por Rector el 2 de enero que rubrica Cerisola con Salmuni plasma una decisión anterior absolutamente legitima autosuficiente definitiva y básicamente ejecutoria en seno de directorio de YMAD. Fue la primera prueba que (Cerisola) aportó al proceso”, disparó.

Para la defensa del ex Rector, “no quedan dudas” que la decisión de declarar ‘terminada la Ciudad Universitaria y reducir los fondos para la UNT “la toma YMAD”, y cuestionó que aquella acta “fue ocultada por la UNT”, que “la hizo desaparecer y desnaturalizó”.

Para Peyracchia, ello constituye un “ocultamiento malicioso y deslealtad procesal”, y sostuvo que en ese marco “la decisión de YMAD fue legítima” ya que aprobado el plan de obras “ya no correspondía a UNT continuar percibiendo el 40% de utilidades”. “Ya era de cumplimiento imposible” el inciso C del artículo 18.

Respecto de los planos de la Ciudad Universitaria, manifestó que en su momento “no fueron habidos” pero consideró que la “conclusión” del proyecto Ciudad Universitaria la determinó el ex Rector Eugenio Flavio Virla al erigir la hoy llamada Quinta Agronómica mientras que “la Ciudad Universitaria se fue desarrollando en otros lugares”.

“Cerisola hace otra Ciudad Universitaria por la inviabilidad de hacerla en el cerro. YMAD le dice a la UNT que ‘no es un derecho eterno’, se tasan y aprueban las obras y ese fue el último reparto. Estaban dadas las condiciones para hacer operativo el Inciso C y repartir con Universidades del país”, observó.

Luego, reprochó que el Consejo Superior “cambió de parecer” y tras convalidar los actos se constituyó como querellante, y cuestionó que el juicio que se lleva adelante en Catamarca está “suspendido hace años” y los fondos de la UNT reposan “con semejante emergencia están en cuenta judicial”.

“Éste juicio es histórico porque vamos a demostrar que la Universidad incumplió su deber legal y moral de repartir la riqueza minera”, anticipó, y remarcó que es “autosuficiente” la decisión del directorio de YMAD” ya que “YMAD toma decisión de repartir el 20% de las utilidades y la UNT carecía de legitimación para impedir ese acto”.

Finalmente, disparó: “La interna universitaria es el origen de la denuncia”; “después de seis años la querella decide actuar”; “hubo fraude procesal en la comisión especial”; “pedir la acción de nulidad (del acta firmada por Cerisola el 2 de enero) sin recuperar los fondos es un acto de hipocresía política”.}

Víctor Hugo Taleb, abogado defensor del ex subsecretario y exdiputado nacional radical Luis Sacca, insistió enfáticamente en la “absoluta inocencia” de su cliente, a quien llama “su pupilo”, y ametralló volátilmente que “el ocultamiento de pruebas es un acto de corrupción”.

“No se ha logrado acreditar el perjuicio patrimonial en los hechos que se imputan a Sacca, y se desató una persecución judicial sin asidero jurídico o fáctico”, fustigó Taleb, quien retrucó que “la UNT y Fiscalía desde el día 1 sabían que no tenían pruebas contra Sacca por las colocaciones”.

Taleb atribuyó las acusaciones contra Sacca a la interna radical: “Tuvo la osadía de ganarle a (Rodolfo Martín) Campero la interna radical”; “Había que cancelar políticamente a Sacca”.

Sobre su lugar en el Gabinete de Cerisola, valoró que “no era el secretario político (cómo habían planteado en el marco del debate), era subsecretario”, mientras que “el secretario político se llamó José Hugo Saab y hoy se sigue llamando José Hugo Saab”.

“Pedimos que (Saab) preste declaración”, subrayó, y agregó que también “que los consejeros vengan” para recordarles cuando repetían –según indicó-  que "eran las más brillantes operaciones financieras".

“Había intencionalidad política en contra de Sacca. Hay dictamen jurídico donde se manifestaba la legalidad de operatoria. Vamos a pedir la absolución y sanciones a Brito y la querella”, remató.

Mariano Galleta, abogado de Osvaldo Venturino

El abogado del ex director de inversiones y contrataciones de la UNT dijo en primer lugar que en el juicio “hay un vicio procesal” por lo que requerirá la “nulidad absoluta” de las actuaciones.

“Mi asistido era cuarta línea (de funcionarios), tiene 77 años y no tuvo sumario. Cobra una jubilación miserable, no tiene bienes y es la primera vez que enfrenta proceso penal”, manifestó.

Luego, remarcó que la Resolución 365/08 “no es dada ni consentida por Venturino” quién “como nodocente se rige por la 366/06” que establece que tiene el “deber de obedecer toda orden del superior jerárquico”, según detalló.

En ese sentido, despegó a Venturino de todas las acusaciones como de todo tipo de organizaciones dentro de la Universidad ya que respondía al “deber de fidelidad” con sus superiores y “cumplía órdenes legítimas”.

A la salida de la primera jornada del juicio oral y público, eltucumano esperó a Cerisola en las puertas del TOF para preguntarle si estaba obligado a firmar el acta del 2 de enero del 2008 que declaró ‘terminada’ la Ciudad Universitaria y redujo del 40% al 20% los fondos de YMAD que llegaban a la UNT. El Rector respondió: “Hoy hemos empezado el juicio y estamos satisfechos porque me da la oportunidad de poder contestar todas las imputaciones que se me ha hecho en su momento y demostrar que son falsas. En función de eso está su pregunta también, cuando tengamos el juicio va a salir eso también”. La próxima audiencia será el martes 4 de junio a las 9:30 en la sede del TOF.

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