La Oficina Anticorrupción informó que 46 de los 218 funcionarios nacionales con asiento en Tucumán omitieron informar bienes. El 82,6% de ellos pertenece a la UNT y se expone a una quita salarial y a una denuncia penal.
El listado actualizado de funcionarios nacionales incumplidores de la obligación de presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) incluye a 46 agentes que prestan servicios en la provincia. El 82,6% de los casos (38) corresponde a cargos jerárquicos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Los restantes funcionarios jerárquicos incluidos en la nómina publicada el 14 de junio por el organismo a cargo de Laura Alonso pertenecen a los registros seccionales de la propiedad automotor; al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjyp); al Correo Oficial de la República Argentina SA; a la Gendarmería Nacional Argentina y a la Dirección Nacional de Migraciones.
El listado analizado por este diario refleja la situación de observancia del deber de presentar los estados patrimoniales sobre la base de la información enviada por las áreas de recursos humanos de 218 agencias estatales nacionales. La nómina que confeccionó la OA no incluye al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los ministerios públicos nacionales. En total, la organización de Alonso detectó a 2.700 incumplidores en un universo de casi 55.000 sujetos obligados a exponer sus bienes en virtud de la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (21.588) -ver listados en argentina.gob.ar/anticorrupcion-.
La OA considera incumplidores a quienes omitieron la presentación de las declaraciones juradas anual o de baja de 2017, y la inicial de 2018. La declaración jurada inicial o de alta es la que hay que enviar dentro de los 30 días hábiles de asumir en el cargo; la anual es la que debe ser remitida periódicamente mientras el cargo es ejercido (en 2019 el plazo para hacerlo vence el 31 de julio), y la de baja es la correspondiente al cese en el cargo y que ha de ser formalizada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de la baja.
¿Cuál es la consecuencia de transgredir la Ley 25.188? La OA impulsa que el incumplimiento del deber de presentar declaraciones juradas origine la retención del 20% de los haberes. La persistencia de la falta habilita al organismo encargado de velar por la ética de los integrantes del Estado nacional para interponer una denuncia penal. Pero estas reacciones todavía son insignificantes en función del número de infracciones. La institución de Alonso informó que desde enero de 2018 al 30 de abril de 2019 hubo, en total, 205 denuncias por incumplimiento del deber de presentación de declaraciones juradas y recibió la notificación de la aplicación de la retención salarial respecto de 42 funcionarios.
La mayoría de los funcionarios de Tucumán (25 sobre 46) quedaron encuadrados en la categoría de incumplidores por no mandar a la OA las manifestaciones de bienes anuales relativas a 2017, que vencía a mediados del año pasado. Doce sujetos obligados de la provincial no observaron las tareas de la Ley Nacional de Ética Pública al tomar posesión de sus cargos mientras que 10 entraron en el listado atinentes a los incumplimientos por omitir la entrega de la declaración jurada al dejar el puesto. En estas últimas dos categorías aparece un funcionario universitario, el secretario Carlos Hernán Romano.
Diferentes funciones
En el subconjunto de la UNT hay funcionarios con diferentes cargos: desde directores y secretarios de unidades académicas hasta el ex decano de la Facultad de Medicina, Ricardo Zelaya. La Oficina Anticorrupción incluyó también a Olga Graciela Cudmani, una de las integrantes del Rectorado más cuestionadas por su participación en el esquema de administración de las utilidades de la minería durante la gestión de Juan Alberto Cerisola, y que está imputada junto al ex rector y otros ex funcionarios en una causa penal en condiciones de ser juzgada. Fuera de la UNT, se destaca la inclusión en el listado de Alfredo Neme Scheij, dirigente radical hoy a cargo de la dirección de la sede provincial del Inssjyp. Zelaya, Cudmani y Neme Scheij adeudan la declaración jurada de 2017, según la Oficina Anticorrupción.
Se analizarán los casos, dijo García
"Dentro del esquema actual de disposiciones, tal situación puede constituir una falta grave, pero antes es necesario analizar los casos detectados". De esa manera se refirió el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), José García, cuando LA GACETA le consultó acerca del informe elaborado por la Oficina Anticorrupción y que constató la falta de presentación de declaraciones juradas de bienes en 38 funcionarios de la casa de altos estudios. Llegado el caso, García indicó que estaría en línea disponer la baja salarial prevista por aquellos casos en que se incumpla la obligación de presentar la documentación. Acerca de la inclusión de Olga Cudmani en el listado, el rector indicó que no depende de la UNT, ya que manda la información que se pide, y que ella aún figura hasta tanto la Justicia defina su situación.
La Gaceta
