El letargo minero de Tucumán

Una provincia que tiene mucho para darle al país y al sector

Desde el primer arribo del geólogo alemán Ludwig Brackebusch en tren desde Córdoba, allá por 1880, para luego seguir viaje en carretas hasta las postas en Trancas, Yatasto y demás sitios que luego serían de relevancia histórica para la minería de nuestro país, Tucumán tuvo un rol protagónico.

Esta historia continúa por muchos años, con otros tantos pioneros de la geología como lo fue también el doctor Abel Peirano. Este notable profesional dedicó gran parte de su vida a la geología y muy especialmente a la minería del NOA, siendo su segundo hogar el llamado Jardín de la República.

Tucumán también albergó como sede al Plan NOA Minero del Segemar (Servicio Geológico y Minero Argentino), que sin lugar a dudas fue un potente motor de avance en la minería. Esta provincia, a través de su Universidad Nacional, forma parte del consorcio de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD). Así, en un rápido repaso, podemos ver que la minería de primera categoría tuvo su pisada fuerte por esas latitudes.

Lamentablemente para quienes valoramos esta actividad, tan antigua que acompaña al hombre en toda su historia evolutiva, Tucumán sufrió un duro golpe socioeconómico el año 2007 mediante ley provincial 7.879, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera. Es decir que quedó prohibida la minería de primera categoría en todo el ámbito provincial.

Con esto sobrevino un ocaso que no solo dejaría a la provincia fuera de las ligas mayores en cuanto a minería se refiere, sino que también llegaría el letargo a los profesionales e instituciones que alguna vez marcaron como objetivo estas tierras.

Afortunadamente, no hay mal que dure mil años, como dice el refrán. La Dirección de Minas de Tucumán, a través del Ministerio de Producción, recibió en 2021 a su nuevo director, el contador Sergio Geria. Por lo general todo cambio de autoridades conlleva un proceso de adaptación, que por supuesto es la búsqueda permanente de mejorar el desempeño del organismo regulador. Sin lugar a dudas, a casi dos años desde el inicio de su gestión, se notan transformaciones sustanciales en la repartición y sin miedo a comparaciones con otras provincias creo que se están alcanzando poco a poco, los estándares que la actividad minera demanda; como, por ejemplo, la actualización minero catastral casi en tiempo real, el control permanente y conjunto por parte de la Unidad de Gestión Ambiental Minera y Policía Minera de las explotaciones vigentes como clandestinas, siempre en referencia a los minerales de tercera categoría.

Aún así, siempre estuvo latente el deseo de salir del letargo que causó la ley 7879. Para eso surgen, entre varios aspectos legales, cuestiones discriminatorias que difícilmente puedan ser defendidas a la luz de nuestra Constitución Nacional, como por ejemplo que prohiben la utilización del cianuro únicamente en procesos mineros. Ante todo, solo el 18% de la producción total de cianuro es utilizada en procesos mineros, es decir que la legislación aprueba su utilización fuera de la minería, sin ir más lejos en la joyería, vulnerando así el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución. Argumentos como estos son explicaciones básicas sobre lo infundada que puede ser esta ley, sin embargo tópicos más profundos hoy son llevados a la Legislatura a través de la gestión de Geria. Esto es producto mancomunado de las distintas áreas que conforman la Dirección de Minería de Tucumán y profesionales independientes, entre otros, cuyo objetivo próximo es derogar esta ley, para que Tucumán vuelva a ser una provincia que puja por sus recursos naturales, como las del resto de la región.

El Tribuno