El Litio recurso estratégico: errores y certezas alrededor de esa categoría

Necesidad de superación del esquema primario de extracción:

 

Reconociendo el dominio originario provincial de la provincia sobre la explotación del mineral, el autor del artículo aborda la importancia de declararlo estratégico. Mitos y verdades sobre lo que eso implica.

Por Cristian López Traficando

Mucho se ha venido hablando en los últimos años acerca de la importancia del litio como un mineral fundamental para el desarrollo regional/nacional, la diversificación de la matriz energética y la generación de energías limpias, pero no cabe duda que en este último año, sobre todo con la especial mención dada por el Presidente Alberto Fernández en la apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación vinculado a la electromovilidad, el Litio se ha instalado en el discurso del común de las personas.

Ejemplo de ello son las publicidades en horarios centrales dirigidos al público en general en reconocidos canales de aire, en donde se invita a invertir en fondos comunes de inversión vinculados al desarrollo del Litio.

La región del Norte de Argentina (Salta/Catamarca y Jujuy) forma parte de lo que se conoce con el nombre de “Triángulo del Litio” junto a los países de Chile y Bolivia, los cuales concentran el más del 60% de las reservas mundiales identificadas de litio, y más del 80% del litio concentrado en salmueras. Y si a esto se le suma que el litio duplicó su demanda a nivel mundial en menos de una década desde comienzos del año 2000 y las proyecciones a futuro coinciden en que el incremento en la demanda será sostenido en el tiempo, no cabe lugar a duda que estamos hablando de un mineral estratégico para las tres provincias, para el país y para la región.

Tal vez los tiempos electoralistas o su creciente visibilidad e importancia, han encendido un caluroso debate sobre una supuesta nacionalización del Litio a través de supuestos proyectos de nacionalización del mineral, equiparando las palabras Recurso Estratégico a Nacionalización.

Lo cierto es que no cabe lugar a duda que conforme el art 124 de la C.N. “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.” Tan es así, que con otros recursos también considerados estratégicos como lo son los Recursos Hidrocarburíferos, la ley 26.197 ratificó lo consagrado por nuestra C.N. al disponer que …las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios…., por lo que para pretender nacionalizar un recurso, no bastaría con un simple proyecto de ley que le dé un tratamiento diferencial a este mineral.

El error en el que se incurre en considerar que la declaración del Litio como un Recurso Estratégico equivaldría o pretendería la nacionalización del mismo, tal vez sea por el error de considerar vigentes los art 410, 412, 431, 434 y 450 y todo el Titulo XIX del Ex Código de Minería Ley 22.259, derogado por el art. 15 de la Ley 24.498, que habilitaba la posibilidad que los minerales declarados como Recursos estratégicos en supuesto de minería a gran escala, puedan ser explotados por el ejecutivo nacional previo acuerdo y autorización concedida por el ejecutivo provincial en donde se encuentren estos recursos. Lo cierto es que actualmente este proceso no se encuentra vigente.

Cuando se habla en la actualidad acerca de porque el Litio es un Recurso Estratégico para nuestro país, esta declaración tiene un efecto eminentemente político tanto para la región como para el mundo.

En consonancia con diversos autores, un Recurso natural puede ser considerado estratégico cuando: a) es clave en el funcionamiento del modo de producción capitalista; b) y/o ser clave para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial c) y/o ser clave para el despliegue de una economía verde o de posdesarrollo; y en cuanto a su disponibilidad, ser: a) escaso –o relativamente escaso–; b) insustituible –o difícilmente sustituible–; c) desigualmente distribuido.

Su declaración como estratégico para el país, no implica la nacionalización o apropiación del mismo por parte del Ejecutivo nacional, pero sí implica la formulación por parte del Gobierno nacional, en conjunto con los gobiernos provinciales, de la construcción de políticas públicas tendientes a salir de la mera extracción primaria del recurso y fortalecer los esquemas de generación de valor agregado en origen, el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos nacionales, la generación de empleo ya no solo en la etapa extractiva y en definitiva, el desarrollo de condiciones para convertir al país y a la región en polos de industrialización del litio, trabajando mancomunadamente con las empresas privadas que aspiren a invertir en el sector y/o la generación de empresas mixtas.

En un plano internacional y en consonancia con la Republica de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, la declaración de Litio como Recurso Estratégico (siendo nuestro país el único integrante del Triángulo del Litio que aún no declaro al mismo como un RNE), implica poner de manifiesto que nuestro país también tomó real dimensión, y expresa frente al mundo (como lo ha hecho Chile y Bolivia) que ha decidido colocarse y asumir un rol hegemónico en la extracción del litio y en su generación de valor agregado en origen.

Eslabón sumamente importante y que no debe ser negociable por parte de nuestros Estados Provinciales como titulares del dominio originario de los recursos y por parte del Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas nacionales en la materia, es garantizar la sustentabilidad ambiental, conforme lo dispuesto por el art 41 de la C.N.-

Asimismo, atento a nuestra realidad provincial con la existencia de numerosas Comunidades Originarias en el territorio, es necesario e imperativo garantizar la participación de las mismas en los procesos de decisión de extracción de los recursos en el marco de lo ordenado por el protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada conforme lo señalado por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país por la ley 24.071.-

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