En Salta sospechan sobre el registro federal de proveedores mineros

Nación implementó un padrón de empresas prestadoras a mineras. Cámaras salteñas sostienen que la medida no tiene ninguna utilidad.

Por Pablo Ferrer

La reciente creación de un registro federal de proveedores mineros levantó suspicacias en distintos referentes de ese rubro en Salta. Las dudas surgen por la primera pregunta lógica que surge sobre esa iniciativa: ¿para qué se hizo? o, mejor, ¿para quiénes?

El instrumento fue presentado el martes pasado en Capital Federal por la Secretaría de Minería de la Nación, a la par de la realización de la primera reunión de la Mesa Federal de Proveedores Mineros, a la que asistieron empresarios y representantes de cámaras de la actividad de distintos puntos del país.

En la oportunidad se aclaró que el flamante registro no interferirá con las competencias de las provincias mineras, que ya tienen sus propios listados de proveedores de bienes y servicios. En el caso de Salta, como ocurre en otros distritos, está regulado por la ley provincial de promoción minera, que establece la obligatoriedad para los inversores extranjeros de contratar, en determinados porcentajes, a empresas locales para desarrollar un yacimiento. Esas firmas, que son pymes en la mayoría de los casos, están inscriptas en un padrón oficial a cargo de la Secretaría de Minería de la Provincia.

Es por eso que no se entiende la utilidad de un registro nacional sobre algo que ya existe en las provincias.

"No tiene ningún sentido", señaló el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Diego Pestaña, en diálogo con El Tribuno.

Fue más allá: "Esto no fue un pedido del sector, las cámaras locales no pidieron este registro. Esto es un lobby que se hizo en Buenos Aires entre una cámara que se autotitula nacional, pero no está reconocida por las cámaras provinciales, con la cual no tenemos ningún problema, pero se está buscando la forma de poder saltear los obstáculos para sus afiliados", afirmó el dirigente empresarial.

Pestaña hace referencia a la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, con sede en Buenos Aires.

"Hay un lobby permanente de esta cámara, que es de empresas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y provincias que no adhieren a la minería metalífera, pero sí quieren participar del negocio", insistió.

Hay coincidencia con la postura del otro lado del mostrador de parte de las compañías mineras.

"No lo veo útil en esta instancia", dijo a este diario el titular de la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos, consultado sobre el registro federal de proveedores.

"Los registros provinciales, como el nuestro, son diferentes porque están relacionados con una ley específica que es de aplicación obligatoria para que las empresas contraten proveedores locales en cierto porcentaje. Ahora, a nivel nacional, salvo que a posteriori quieran hacer una ley al respecto, hoy no tiene una aplicación concreta ese registro", dijo el directivo.

Con otra mirada, el vicepresidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (Caprosemitp), Luis Vacazur, consideró que el nuevo registro representa una oportunidad para acercar beneficios nacionales, como créditos blandos, a las pequeñas empresas y abrir el juego a potenciales clientes.

"Para nosotros estar en ese registro es una gran ventaja para poder estar presentes a nivel nacional", dijo el dirigente consultado para esta nota.

Vacazur estuvo en la Mesa Federal de Proveedores. Allí planteó que la ingeniería y estructuras de los proyectos mineros se diseñen en Argentina y no vengan envasados desde el exterior. "De esa manera potenciamos la industria local", afirmó.

Uno de los argumentos que se usaron desde Minería de la Nación para justificar la implementación de un registro central es que las compañías mineras internacionales suelen consultar primero en ese estamento al momento de decidir sobre sus inversiones.

"El argumento no tiene mucho sustento porque con que la Nación le diga a las mineras que se contacten con el registro de Salta o de donde sea, ya está, no hace falta crear un registro para eso. Es un argumento que tiene poco peso", dijo al respecto el titular de Capemisa.

Federalismo de verdad

El inesperado registro fue tratado con preocupación en la reunión del jueves pasado del Consejo Federal de Minería (Cofemin), que integran las provincias.

La secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, quien forma parte de la comisión directiva del Cofemin, fue clara sobre los límites que debe tener el instrumento nacional.

"De ningún modo esto debe ni puede afectar nuestro registro provincial, porque está avalado y normado por la ley de promoción minera en Salta, que es la que ordena la creación del registro de proveedores locales y que además establece que somos la autoridad de aplicación para llevarlo adelante y controlarlo", afirmó la funcionaria a El Tribuno.

El padrón local de proveedores mineros se puso en funcionamiento hace poco más de un año y ya cuenta con 236 empresas de bienes y servicios inscriptas.

"Los porcentajes de contratación local son desde el 40 al 70 por ciento de empleo por un lado y de igual manera para bienes, insumos y servicios de acuerdo a la etapa y a la magnitud de los proyectos. Eso está determinado en cada día, en cada declaración de impacto ambiental que se aprueba a las mineras", explicó Sassarini.

Bajo un programa que ya no existe

Llamó la atención que en la resolución 84/2022 con la que se crea el registro federal de proveedores se haya invocado al Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (Pedma). Ese programa había sido trabajado desde 2020 por el anterior secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, con distintos sectores de la actividad, pero nunca llegó a oficializarse. Luego de que a fines de 2021 el sanjuanino fuera reemplazado por la actual titular de la cartera minera, Fernanda Ávila, nunca más se habló del Pedma, hasta el martes pasado.

En la presentación del registro federal de proveedores se dijo que se "encolumna bajo el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero, iniciativa elaborada a través de una mesa nacional que busca la construcción, a través del diálogo, de una visión compartida para el desarrollo de la actividad".

Es más, se destacó el trabajo realizado con el Pedma: desarrollado tras "reuniones en las cuales han participado más de 100 instituciones de todo el país, entre organismos gubernamentales, sindicatos, instituciones científicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil".

Sin embargo, a pesar de lo que se dijo, está claro que la creación del flamante registro fue una medida unilateral o por lo menos no consultada con las provincias.

Fuente; El Tribuno

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