¿Es compatible una agenda verde con el desarrollo de la megaminería?, por Eduardo Barrera

El desarrollo minero sustentable es posible en nuestro país con una nueva política minera basada en el conocimiento y la transparencia

 

Esta pregunta me ha sido formulada por algunos amigos luego de haber publicado algunas reflexiones sobre ambos temas, aparentemente contradictorias o incompatibles. Si pretendemos responder a esta pregunta desde posiciones extremas, excluyentes y a los gritos, la repuesta rápida y obvia es no. No es posible. 

De hecho, desde el comienzo de la Revolución Industrial el deterioro ecológico es la contracara del desarrollo económico, mantra al que se montan economistas y políticos por igual para enmascarar las desigualdades sociales crecientes. Esto es así porque las sociedades industriales, a diferencia de las que las precedieron, son sociedades de stocks, consumen activos que necesitan ser transformados de forma mas o menos irreversible (según la Segunda Ley de la Termodinámica, la reversión total no es posible y el deterioro ecológico, inevitable).

Pero si abordamos la pregunta de una manera razonada y basada en evidencia la repuesta tampoco seria un sí absoluto, sino más bien un sí, tan condicional como inevitable en la medida que represente el mal menor. En una sociedad abierta fluyen con pleno derecho opiniones poco fiables, autoridades contestadas, datos discutibles, miedos y esperanzas difícilmente objetivables.

La sociedad está formada por versiones que pugnan entre sí por movilizar, llamar la atención, inquietar, tranquilizar. Todo esto es legítimo. Nada de esto nos debe inquietar. Todo esto nos llama a actuar políticamente. La política es el contenedor natural para todas estas discusiones y el instrumento mediador natural con la sociedad.

Vamos a ver, la agenda verde no es una opción. Sin ella el planeta es inviable. De hecho ya estamos en una trayectoria de destrucción. Por tanto, ignorar esa realidad no es una alternativa. Por el contrario, lo que se impone es redoblar el esfuerzo descarbonizador. Si estas cuestiones se hubiesen abordado en los años '70 cuando las incompatibilidades empezaban a ser manifiestas, quizás hoy no tendríamos que tratar de arreglar el avión estando en pleno vuelo.

En efecto, el objetivo de limitar los aumentos de temperatura global a 1,5C demanda una profunda transformación del sistema energético hacia tecnologías de bajas emisiones, incluidas las energías renovables, los vehículos eléctricos, el hidrógeno y la captura de carbono, que son considerablemente más intensivas en metales que las basadas en combustibles fósiles. Por ejemplo, una potencia eléctrica de 1.000 MW (instalada con 200 aerogeneradores de 5 MW), necesita actualmente unas 160.000 toneladas de acero, 2.000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio. La misma potencia instalada con gas natural como combustible requiere unas 5.500 toneladas de acero, 750 toneladas de cobre y 750 de aluminio aproximadamente, es decir, unas 25 veces menos cantidad de metales que en el caso de la eólica (Valero, et al. 2018 a,b).

En la práctica esto implica un aumento vertiginoso de la demanda de metales en la próxima década (IMF Working Paper 21/243). Se estima que la demanda de litio y cobalto se multiplicaría por seis, la de nickel se cuadriplicaría y la de cobre se duplicaría (estas proyecciones incluyen la oferta secundaria proveniente del reciclaje, que excepto por el caso del cobre y  el aluminio, suele ser bajo y caro -como en el caso del litio y las tierras raras). El impacto sobre los precios podría ser aun mayor, lo que se traduciría a su vez en un superciclo para estos metales, dadas sus relativas inelasticidades de oferta (excepto por el litio, poner en operación una nueva mina puede llevar más de 10 años).

En términos de desarrollo minero los próximos años representan una considerable “ventana de oportunidad” para toda la minería metalífera, y en particular para el cobre y el litio. Por ejemplo, un coche eléctrico demanda 5 veces más de estos metales que uno de combustión.

Pero también un grave riesgo para el medioambiente si predomina la codicia empresarial y la impericia, irresponsabilidad e incluso la corrupción de nuestras autoridades mineras.

El lobby minero, completamente dominado por las grandes multinacionales operando en nuestro país, ya es muy intenso, incluso a nivel institucional, y lo será mas en los próximos años con el argumento central de aprovechar el potencial de la minería para generar divisas.

Las provincias acompañan ese lobby por su propia debilidad fiscal e impericia. El objetivo común es obtener las mayores exenciones fiscales del Gobierno federal por el máximo periodo de tiempo posible (se pretende 30 años de exenciones) y relativizar los problemas ambientales asimilando la minería a otras industrias, ignorando su especificidad.

Los grandes proyectos mineros van a encontrar sus propios límites en el balance energético neto (huella de carbono). Hoy la minería consume entre 8% y 10% de la energía a nivel global. En la medida en que se exploten yacimientos más profundos y/o con leyes más bajas esa intensidad energética se incrementará y demandará cambiar la fuente de fósiles a renovables, reiniciando un ciclo de rendimientos decrecientes. Las contradicciones van a estar a la orden del día.

“Todo parece imposible hasta que se hace” (Mandela). O, parafraseando a San Francisco de Asís, que decía: hagamos primero lo necesario, luego lo posible y finalmente nos encontraremos haciendo lo que parecía imposible. Lo necesario hoy es poner todas las cartas sobre la mesa con total transparencia, luego con posiciones razonadas basadas en evidencia, seleccionar las alternativas más favorables para el interés nacional. Y, finalmente retroalimentar ese proceso pragmáticamente con los resultados, en un proceso virtuoso que nos lleve a un desarrollo minero industrial importante, en términos de empleo, industrialización y generación de divisas, verdaderamente sustentable.

Habrá que ir caso por caso. Exigiendo transparencia y demandando competencia y responsabilidad en la defensa del interés nacional. Pero estando abierto a la posibilidad de que en algunos casos, entre ambiente y minería, esta ultima sea el mal menor.

El desarrollo minero sustentable es posible en nuestro país con una nueva política minera basada en el conocimiento y la transparencia. Pero aun así, deberá ser legitimada con la crítica permanente de una sociedad abierta. Una política minera sustentable no puede ser solo objeto de atención para unos técnicos especialistas sino que tiene que ser de interés para la sociedad en su conjunto, porque es esta y solo esta la que podrá validar las políticas que se implementen y definir en cada momento cuales son los riesgos que considera aceptables o no.

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