La falsa disyuntiva entre ambientalismo y megaminería

Es vital para el desarrollo sustentable de la Argentina que se entienda que la actividad minera y el cuidado ambiental no son incompatibles

 

El presidente Alberto Fernández sufrió semanas atrás una agresión en Chubut por un grupo ambientalista opuesto a la minería. El hecho merece repudio como cualquier episodio de ese estilo. Pero, además, reitera una protesta irrazonable.

Chubut es una provincia con gran capacidad minera. Sin embargo, desde hace años, diversos grupos han pasado a la militancia abierta para resistir la presentación de nuevos proyectos extractivos, aprobados o en vías de aprobación, por parte de las autoridades competentes.

La defensa del ambiente se inspira en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional. Sin embargo, a menudo, a través de la radicalización de sus demandas y su acción, ciertos grupos adoptan un perfil fundamentalista que arremete sin distinciones contra todos los que tienen una opinión diferente, sean ciudadanos particulares, empresas o instituciones públicas, llegando a desafiar, en muchos casos, las resoluciones de las instancias políticas, legislativas y judiciales.

Es muy común dentro de instituciones constituidas para preservar el ambiente, que surjan grupos con una visión maximalista que combaten cualquier actividad o acción que tenga alguna incidencia, aunque mínima, sobre el ambiente. De ese modo se ignoran los beneficios de las actividades y la existencia de tecnologías de operación y tratamiento que permiten reducir los efectos ambientales a estándares aceptables.

Toda actividad del hombre es pasible de generar algún impacto contaminante. Lo esencial es que quede limitada a valores aceptables por la regulación vigente que sean compatibles con la vida.

Si miramos a nuestro alrededor, inevitablemente encontraremos la presencia y la necesidad de la minería. Está en los materiales de la construcción, en el teléfono celular, los electrodomésticos, el automóvil o la vajilla. Si pensamos en los metales más comunes, el hierro y el cobre, ambos provienen preponderantemente de la megaminería a cielo abierto, que es el procedimiento más eficiente y de menor costo. Es el aplicado en Chile y que le permite a ese país ser el gran exportador mundial de cobre. Todas esas empresas cumplen estrictos requerimientos ambientales. Si no lo hicieran, no podrían operar en los mercados bursátiles internacionales, ni con los bancos, como lo hacen. Esto no significa que estén exentas de accidentes

Siete provincias argentinas han prohibido la minería a cielo abierto. Son Mendoza, Chubut, Río Negro, Tucumán, La Pampa, San Luis y Córdoba. Entendiendo la preocupación de los legisladores por la preservación del ambiente y por los efectos contaminantes, la solución no es prohibir sino establecer normas estrictas para el cumplimiento de estándares internacionales.

De modo especial debe contemplarse la protección del agua y sus fuentes por constituir un recurso estratégico de especial relevancia si existe consumo humano o se presentan otras actividades productivas como la agricultura. Ello se complementa con un adecuado tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos; la preservación de flora y fauna; la seguridad de presas de relave y todo otro potencial impacto ambiental. Todo lo cual debe complementarse con un adecuado sistema de penalidades para el caso de incumplimiento de normas y requisitos de funcionamiento o por accidentes y derrames que pudieran ocurrir.

En esta materia la minería no es diferente de muchas actividades industriales que no reciben el mismo rechazo. Tampoco es diferente de la extracción de petróleo y gas, de esquistos (shale), también combatida pero perfectamente conciliable con el ambiente si se respetan las normas para que así sea.

La Academia Nacional de Ingeniería y el Centro Argentino de Ingenieros han elaborado un valioso documento orientado a establecer criterios para que el desarrollo minero sea compatible con objetivos medioambientales y de salud.

La preocupación internacional por el ambiente ha ido impulsando la tecnología para asegurar el cumplimiento de límites que antes no eran posibles. Un caso paradigmático es el de la industria celulósica, que ha logrado convertirse en respetuosa del ambiente.

El desconocimiento de ese avance tecnológico y la incredulidad de los vecinos respecto de los informes técnicos, llevó al equivocado y costoso conflicto con Uruguay por la moderna la planta pastera de Botnia, en Fray Bentos. Reacciones similares, alentadas además por efluvios ideológicos anticapitalistas, se presentan en nuestro país ante cada proyecto minero. Se debe poner equilibrio a esta deformada situación.

Nuestro país tiene un enorme potencial en minerales que deben ser más intensamente explotados, siempre respetando las normas de protección del ambiente. Es preciso, por eso, buscar acuerdos mínimos en pos de una visión compartida para el desarrollo sustentable.

LA NACION