Por Guillermo Locane, Contador. Tributarista. Especialista Pyme. Autor de Saturados de Impuestos - Qué hacer. Editorial Lajouane.
Un escenario de mediano plazo con tasas de interés astronómicas y reducción de acceso al crédito, podría significar el certificado de defunción para miles de pequeñas y medianas empresas.
Un escenario de mediano plazo con tasas de interés astronómicas y reducción de acceso al crédito, podría significar el certificado de defunción para miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y con ello el agravamiento del desempleo y de la vulnerabilidad social.
Castigo. A ello se agrega el castigo que significa una AFIP que se ha convertido en un verdadero instrumento de tortura para el pequeño y mediano contribuyente, con embargos, suspensiones, exclusiones y una completa batería de medidas que en definitiva limitan o directamente impiden el derecho a trabajar. Hay que empezar a considerar en forma urgente un plan de amplia moratoria fiscal para el sector. Hay que diseñar un verdadero plan de Simplificación Tributaria. No queda otra. ¿Estamos a tiempo? ¿Será suficiente? Las pequeñas y medianas empresas destinan, en promedio, el 42% de sus ventas a pagar impuestos, de acuerdo a un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre 250 empresas de diferentes sectores económicos.
La mochila impositiva. En algunos productos la incidencia de los tributos sobre el precio final supera el 50%. Entre los sectores que más porcentaje destinan de su facturación al pago de impuestos figuran minerales no metálicos (54%), madera y muebles (46%) y calzado y marroquinería (44%). Según CAME, esta situación de agobio fiscal ya produce que "entre 35% y 40% de la economía Pyme hoy se mueve en el incumplimiento". En el caso de impuestos como Ganancias, la evasión ronda el 50% y en impuestos al trabajo supera el 30%. Desde este punto de vista, una amplia moratoria no implicaría resignación de recursos por parte del Estado sino, antes bien, la posibilidad de formalizar a empresas que ahora no logran cumplir con sus compromisos fiscales y, por ende, son recursos que no entran al Tesoro.
Un listado incompleto de problemas necesariamente incluye. Por la estampida del dólar en muchos sectores la venta se paralizó por falta de precios de referencia. La industria nacional tiene un alto componente de insumos importados. Al no tener una cotización estable, muchas empresas decidieron suspender las entregas. Las grandes empresas extendieron los plazos de pago a proveedores con cheque a noventa días o más. Colocan ese dinero en el sector financiero y logran una ganancia adicional. El problema es que el proveedor no puede esperar a cobrar el cheque porque necesita hacer frente a distintos pagos. Si lo sale a vender puede tener una quita de más del 60% del capital. Girar en descubierto tiene, estos días, un costo de más del 50%. A esto se suma que el Banco Nación suspendió la operatoria de cheques diferidos y subió los costos de financiamiento productivo.
Baja Natalidad/Alta Mortandad. Hoy, la Argentina presenta los peores indicadores regionales en materia de natalidad de empresas pequeñas y medianas. Mientras en el país se computan 14 Pymes (con ocho a 11 empleados) cada mil habitantes, en Chile son 58. Adicionalmente, la natalidad empresarial es sumamente baja: según el Banco Mundial, en Argentina se contabilizan 2.326 habitantes (de la población económicamente activa) por cada empresa formal naciente, mientras que el promedio de América Latina arroja 505, y en los países OCDE nace ?en promedio ? una empresa formal cada 185 habitantes. Obviamente es alta la mortalidad en el sector.
Quienes son, hoy, Pymes. Según la reciente Resolución 154/2018 del Ministerio de Producción, se aumentó de $ 3 a $ 3,8 millones el límite de ventas totales anuales para ser considerada una microempresa en el sector agropecuario; de $ 3,5 a $ 4,6 millones en servicios; de $ 4,7 a $ 5,9 millones en constru-cción; de $ 10,5 a $ 13,4 millones en industria y minería, y de $ 12,5 a $ 15,8 millones en comercio. En el caso de las pequeñas empresas, para ser consideradas como tales el tope se incrementó de $ 19 a $ 23,9 millones en el sector agropecuario; de $ 21 a $ 27,6 millones en servicios; de $ 30 a $ 37,7 millones en construcción; de $ 64 a $ 81,4 millones en industria y minería, y de $ 75 a $ 95 millones en comercio. Para el segmento que incluye a las medianas, se establecieron dos tramos para cada sector, dependiendo siempre de su facturación. En el tramo uno, el límite pasó de $ 145 a $ 182,4 millones en el sector agropecuario; de $ 175 a $ 230,3 millones en servicios; de $ 240 a $ 301,9 millones en construcción; de $ 520 a $ 661,2 millones para industria y minería, y de $ 630 a 798,2 millones. En el tramo dos, el tope aumentó de $ 230 a $ 289,3 millones en el agro; de $ 250 a $ 328,9 millones en servicios; de $ 360 a $ 452,8 millones en construcción; de $ 760 a $ 966,3 millones en industria y minería y de $ 900 a $ 1.140,3 millones en comercio.
También se estableció un límite al personal ocupado para cada categoría y sector.
Para las microempresas el límite de personal ocupado alcanza a cinco personas para el sector agropecuario; siete para el comercio y los servicios; 12 para la construcción y 15 para industria y minería. En las pequeñas, el tope es de diez para el agro; treinta para los servicios; 35 para el comercio; 45 para la construcción y sesenta para industria y minería.
En las medianas del tramo uno, el máximo es de cincuenta para el sector agropecuario; 125 para el comercio; 165 para los servicios; 200 para la construcción y 235 para industria y minería.
En el tramo dos, el límite quedó en 215 para el agro; 345 para el comercio; 535 para los servicios; 590 para la construcción y 655 para industria y minería.
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