Glaciares y minería: 15 años de inseguridad jurídica, por Eddy Lavandaio

El prestigioso geólogo da su certero punto de vista sobre un tema clave para el desarrollo minero argentino.

El geólogo explica cómo la inclusión del ambiguo "ambiente periglacial", impulsada por el ecologismo extremista, generó inseguridad jurídica y fue el "tiro de gracia" para detener el desarrollo de la minería en la Cordillera.

Esta historia comenzó en 2008 con la sanción de la Ley de Glaciares Nº 26.418 impulsada por políticos argentinos ideológicamente influenciados por el ecologismo internacional, con la cual se prohibía la actividad minera en un llamado "ambiente periglacial" definido de una manera que resultaba imposible su delimitación en el terreno.

Un detalle que pocos conocen es que esos mismos intereses internacionales impulsaron una ley similar en Chile pero, al revés de lo ocurrido acá, allá nunca llegó a aprobarse. Los chilenos eligieron proteger los glaciares mediante otro tipo de normas relacionadas con el uso de las aguas.

La Ley 26.418 fue vetada por el Poder Ejecutivo pero los intereses citados al principio insistieron y volvieron a presentar un proyecto similar. Como parte de la negociación política de ese momento, la Dirección del IANIGLA acercó un texto para que la idea de proteger a los glaciares fuera consistente con las definiciones científicas sobre el tema y que solo se restringiera a los cuerpos considerados como reservas de agua.

A la mayoría de los legisladores nacionales de ese momento no les importó la opinión de los científicos. Ya habían sido convencidos de que ese "ambiente periglacial" era un "recurso hídrico" y debía protegerse de la acción de los mineros.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2010, sancionaron la Ley Nº 26.639 "Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial".

Para proteger los glaciares no hacía falta incluir el "ambiente periglacial" porque es de una gran extensión y no es, en si mismo, un recurso hídrico. La insistencia en incluir la palabra "ambiente" tuvo la única finalidad de forzar el alcance del artículo 41º de la Constitución Nacional y justificar la sanción de una ley nacional para regular el uso o no uso de recursos hídricos que no son nacionales sino que pertenecen a las Provincias (Artículo 124º de la CN).

Además, la inclusión de definiciones de gran ambigüedad sobre el "ambiente periglacial", de alguna manera aseguraban generar una importante inseguridad jurídica para invertir en plena Cordillera.

Desde un primer momento la Asociación Geológica de Mendoza, integrada por profesionales universitarios idóneos, explicó públicamente su desacuerdo con la iniciativa (Diario UNO, 20/12/08 y Pregón Minero, 22/12/08).

Además, desde el Senado se hizo una convocatoria a exponer argumentos ante la Comisión de Ambiente y el autor de esta nota tuvo oportunidad de dictar una charla el día 28 de septiembre representando a la Asociación Geológica de Mendoza para apoyar el texto aportado por la Dirección del IANIGLA y explicar, entre otras cosas, que los objetos de protección debían ser los glaciares descubiertos y cubiertos, y los glaciares de escombros, dejando bien aclarada la incorrección y la ambigüedad que significaba incluir el denominado ambiente periglacial como objeto de protección ("Minería: Perón y después", Edit. DUNKEN, 2021).

Vale la pena aclarar que, aparte de una Legisladora que oficiaba de moderadora, ningún otro legislador se hizo presente ni se interesó por la opinión de los geólogos. Por otro lado, si hubo un denominador común en muchas de las charlas de esas jornadas, ese fue el ataque a la actividad minera..

Para entender estas actitudes debemos explicar que, a partir del año 2003 se instaló en el país una propaganda del extremismo ecologista que se ocupó de mostrar a la minería como el peor enemigo del ambiente.

La mayoría de los integrantes de esa generación de políticos fueron influenciados por esa propaganda, ideológicamente introducida por la por la sucursal argentina de la multinacional Greenpeace, por la Pastoral Social de la Iglesia Católica, y otras organizaciones ecologistas, poniéndose en evidencia que en ese momento había una ausencia de un poder y de una estrategia política en el ámbito oficial minero (Secretaría de Minería, COFEMIN y autoridades provinciales) para poner un freno razonable a los intereses del extremismo ecologista.

Recién en 2017, el Secretario de Minería, Daniel Meilán (geólogo de profesión) propuso al Ministro Aranguren tramitar una modificación a la Ley.

Eso provocó reacciones en gran parte de la generación política del momento y de las más poderosas organizaciones ecologistas. Por ejemplo, transcribimos el texto de una carta que la entonces famosa Diputada Elisa Carrió le envió al Secretario de Minería (Pregón Minero, 17/11/17),

..."Nos dirigimos a usted en virtud de los trascendidos públicos respecto de la iniciativa de la Secretaría a su cargo tendiente a modificar la ley de glaciares para favorecer la actividad minera. Está de más decir que desde siempre nos hemos opuesto al escandaloso e histórico lobby minero.

..."La Coalición Cívica ARI ha sido impulsora de la ley de glaciares que defiende intereses vitales para la Argentina, ni más ni menos que el acceso y cuidado del agua de toda su población.

..."Las iniciativas que usted propone como Secretario de Minería implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos. No cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que, lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la Nación.

Semejante amenaza hecha por una coalición de políticos nos motivó a publicar una carta abierta en medios de Buenos Aires (21/11/!7) y de San Juan (24/11/17) dirigida a la Diputada a raíz de su flagrante demostración de fidelidad al ecologismo internacional y su significativa mención a los acuerdos políticos relacionados con el tema.

Nuestra carta era extensa, porque quisimos hacer docencia y nos extendimos en explicaciones detalladas, como hacemos los profesionales idóneos en la materia, y le expresamos que ..."se nota que usted no sabe absolutamente nada sobre nuestro trabajo, como si nunca hubiera estado en una mina ni hubiera hablado jamás con los mineros, con sus familias o con algún profesional idóneo".

Salvo el caso aislado del mencionado Daniel Meilán, la mayoría de los integrantes de esa misma generación política ya se había encargado de imponer nuevos impuestos a la minería, poner trabas al manejo de sus ganancias, a generar demoras en ciertos trámites de la AFIP, y de sancionar leyes antimineras provinciales en Chubut, Río Negro, Mendoza, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego.

Así, la inclusión del Ambiente Periglacial y la prohibición a la minería contenida en el artículo 6º de la Ley de Glaciares sancionada aparecía como el tiro de gracia contra las posibilidades de invertir y crear nuevas fuentes de producción y trabajo en la gran minería de la Cordillera.

Y para que quede claro que la ideología introducida y adoptada por los políticos era "contra el desarrollo minero", la idea de Meilán provocó la reacción de la Pastoral Social, alineada desde el 2004 con la Multinacional Greenpeace y autora de la consigna "si a la vida, no a la mineria", que también se hizo presente en esa lucha. En efecto, el diario La Nación publicó el 13/03/18 lo siguiente

..."Queja de la Iglesia a Aranguren por querer cambiar la ley de glaciares.

La Iglesia transmitió al Gobierno su preocupación por el intento de modificar la ley de glaciares "con el fin de promover una mayor explotación minera en el área cordillerana". Así lo expresó la Comisión de Pastoral Social, que encabeza el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, en una carta abierta dirigida al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Alertados por la iniciativa, que según los obispos de la comisión contaría con el aval, incluso, del gremio minero, del Ministerio de Trabajo y de sectores industriales, Lugones advierte que "llama la atención que en un tema de tamaña incidencia no se mencionen los necesarios estudios y aprobación previas, por parte de las instituciones encargadas de velar por el adecuado manejo del ambiente".

No hay ninguna duda de que los obispos no querían que se promueva una mayor explotación minera en el área cordillerana.

Por su parte, y a raíz de un esperado pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia por la constitucionalidad de la Ley (algo que no ocurrió), el vocero de la multinacional Greenpeace, Gonzalo Strano, expresaba en el diario INFOBAE (27/05/19) que

..."El fallo es importantísimo. Si asegura la constitucionalidad de la ley de Glaciares pondría un freno definitivo a la actividad minera''.

Está muy claro. Poner un freno definitivo a la actividad minera era el verdadero objetivo de la Ley.

Desde la Asociación Geológica de Mendoza, a partir del año 2008, hemos publicado decenas de notas explicando la inseguridad jurídica que esa Ley significa para cualquier inversor que quiera concretar un proyecto minero en la Cordillera. Sin embargo, ya pasaron 15 años desde la sanción de la Ley 26.639 y aún sigue vigente.

¿Y ahora qué pasó?

Parte de los políticos de la actual generación tomaron conocimiento del potencial minero del país y, además, se dieron cuenta de que, junto con los hidrocarburos, es la gran posibilidad de crear nuevas fuentes de producción, de proveedores, de empleo, de exportaciones y de ingreso de divisas.

Con ese convencimiento salieron a buscar inversores interesados en construir y poner en producción proyectos mineros en nuestra Cordillera. En ese contexto, los interesados han expuesto sus dudas y plantearon algunos inconvenientes que la política debería resolver.

Entre los inconvenientes citados se encuentra la Ley de Glaciares debido a que, según esos inversores, la inclusión del ambiente periglacial sumado a las prohibiciones generan inseguridad jurídica. A raíz de eso ahora comenzaron a movilizarse gobiernos y grupos de políticos interesados en modificar esa Ley.

Se darán cuenta que lo que expresaron los inversores es exactamente lo mismo que venimos diciendo los geólogos desde el año 2008 aunque nuestras opiniones nunca fueron tenidas en cuenta.

La conclusión de esta pequeña historia es que celebramos que la actual generación de políticos por fin se decida a modificar una Ley mal hecha a propósito. Además, así como aprendieron a diferenciar a los médicos de los curanderos, sería muy positivo que nuestros políticos también se acostumbren a consultar y a respetar las opiniones de los profesionales idóneos en cada materia en la que haya que imponer o modificar las normas regulatorias

Eddy Lavandaio

Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.

Memo