Mendoza: Minería, petróleo y arraigo: las disputas de intereses que revivieron en el Sur de la provincia
- 29 de octubre, 2024
Revivieron los conflictos por la ocupación, la propiedad y los usos de la tierra en el Sur de Mendoza. Puesteros, terratenientes, el Estado y la zona en la que está puesta la esperanza productiva.
Pablo Icardi
Los puesteros saben de qué se trata cuando les hablan de clima hostil. Lo mismo los trabajadores petroleros, que recorren las picadas aún con temperaturas bajo cero y suelos congelados. Ahí, en el extremo sur de Malargüe, en la cuña que mete la Patagonia en Mendoza, y en la cordillera de San Rafael se guarda parte de la riqueza en la que muchos ven el futuro de Mendoza. Gran parte de ese valor está en el subsuelo, con el petróleo y la esperanza de Vaca Muerta, a más de 1500 metros bajo el subsuelo y también en el cobre que, creen, puede tener la cordillera. No es el único valor: el turismo, las reservas de agua y el arraigo de los pobladores de la zona son parte de una de las zonas de mayor riqueza de Mendoza que se transformó en la "tierra prometida".
Las disputas y cruces de intereses por el lugar revivieron. El impulso a la minería de parte del Gobierno de Mendoza, particularmente en Mendoza. La reivindicación y los reclamos de los crianceros de Malargüe y San Rafael. Y la defensa de la propiedad de parte de los propietarios de las grandes extensiones de tierras donde se concentran esos intereses. En el medio, el Estado como titular de los recursos naturales que buscan explotarse y como gran regulador.
La "tierra prometida" de Mendoza está habitada por puesteros.
La semana pasada el INAI, organismo que regula a los pueblos originarios, accedió a revisar las resoluciones que le dieron a organizaciones indígenas de Mendoza el reconocimiento de posesión ancestral de tierras en el Sur y que le permite mantenerse en el lugar y, a futuro, pedir alguna expropiación de parte de la provincia. El gobernador Alfredo Cornejo celebró esa medida porque aseguró que allí hay intereses petroleros y mineros que podían verse afectados. “Deben darnos la debida participación al Ejecutivo provincial, tal como lo establece la ley, y no como hizo el Gobierno nacional anterior, que les dieron tierras que están ubicadas en lugares estratégicos con factibilidad de petróleo y de minería, entre otras bondades”, dijo Cornejo.
Mendoza presentó reclamos administrativos y las empresas fueron a la Justicia Federal para que se declare la nulidad de las resoluciones del INAI. La nueva gestión no revirtió, por ahora, esas normas, Pero sí reabrió los expedientes e hizo parte a la Provincia, algo que no había ocurrido antes. "Si nos abren el expediente en la sede administrativa, podemos lograr que el INAI revierta esa entrega de tierras”, agregó Cornejo.
Hay tres resoluciones que generaron polémica. Dos de ellas involucran a tierras de SOMINAR y una a Nieves de Mendoza. E incluyen familias de crianceros que viven en esas tierras y en su mayoría se dedican a la cría de ganado y al turismo. "En tan extensa superficie existe una variada gama de minerales, pero la existencia de las áreas protegidas hace que no existan explotaciones dentro de las mismas. En el resto de la propiedad existen enormes disponibilidades de piedra caliza (carbonato de calcio) y yeso, granitos negro y rojo y lajas de diversos tipos, formas y colores. Cabe destacar también los depósitos de esquistos bituminosos, cuyo valor aumenta en relación directa con el agotamiento de las reservas petrolíferas. Actualmente hay un arrendamiento de una cantera de yeso en explotación. En el Sudeste del territorio de la Estancia se encuentran los yacimientos petrolíferos en explotación por empresas del sector, con más de 120 pozos activos en la actualidad", describe la propia empresa.
En la zona también hay proyectos petroleros.
Las resoluciones del INAI no implican entrega, titularización o expropiaciones de tierras. Pero sí un reconocimiento de ocupación ancestral que habilita otros derechos. Las comunidades que viven en la zona se sintieron afectadas por la decisión del INAI, pero más por la forma en la que el Gobierno enfocó discursivamente el tema. "Son las formas y los términos despectivos el problema real. Si el dijera que hay irregularidades y que afectan a la seguridad jurídica pasaría otra cosa. Pero la adjetivación y discriminación constantes rozan lo delictivo", dijo Gabriel Jofré, weren (representante) de la de la organización territorial Malalweche, que nuclea a las comunidades mapuches de Malargüe . "Dicen tierras usurpadas, eso es mentira. Es una figura penal y ningún juicio actual es penal; son del fuero civil y decir que hay usurpación no se ajusta a la verdad", agregó Jofré. Esa organización tiene vínculos comerciales, sociales y legales con distintas reparticiones y se manejan por vía institucional. Defienden, además, el arraigo de los puesteros.
Las empresas que están en disputa creen que la resolución del INAI se quedó a mitad de camino, pues consideran que el organismo estatal debería haber anulado las resoluciones del INAI y, así, dejar en abstracto las causas judiciales. Según aseguran, consultados por MDZ, el riesgo es que la ley le otorga la responsabilidad de expropiar y entregar las tierras reconocidas por el INAI a los estados provinciales. En este caso hay 20 mil hectáreas en cuestión. Es el caso de las empresas Valle de las Leñas (Nieves de Mendoza) y Sominar, las dos sociedades que en conjunto tienen más de medio millón de hectáreas en la zona. Las dos tienen como abogado el exlegislador e intendente de San Rafael Ernesto Sanz. No es el único dirigente conocido. La familia Félix, por ejemplo, tiene extensiones de tierras y cateos mineros (el proyecto Yuma y la empresa Sierras del Nevado) y tienen una visión similar, de "preocupación por la entrega de tierras".
Un paraíso turístico, ambiental y con recursos minerales.
"Lo que el INAI hizo es poner en debate esto, pero se quedó a mitad de camino. Todo arranca de resoluciones del INAI de anteriores gestiones, a cargo de un dirigente de las comunidades y donde se armó el lío. Hubo tres resoluciones: dos respecto a SOMINAR y una respecto a Las Leñas. Le daban personería jurídica a las comunidades de manera irregular y le asignaban tierras, no significa que le daban el dominio, pero con algo grave: después de asignado un territorio, las provincias son las que tienen que expropiar y entregar. Eran 20 mil hectáreas", explicaron los demandantes.
SOMINAR tiene una propiedad de más de 300 mil hectáreas que llega al límite con Chile hacia el oeste, la ruta 40 al Este y los ríos Diamante y Atuel. Allí hay proyectos turísticos, mineros (con restricciones porque hay una reserva) y más de 100 pozos petroleros.
El Sosneado es una de las zonas que está en litigio. En los expedientes figura un croquis realizado por el INAI. La Suprema Corte de Mendoza rechazó este año una demanda del lof El Sosneado, que reclamaba la posesión ancestral de esas tierras que están en la zona de SOMINAR.
El sur, la tierra prometida
Las concesiones para explotar recursos naturales no implican titularidad de las tierras. La propiedad del campo es de quienes tienen la titularidad, pero los recursos (como el petróleo, los minerales y el agua) son del Estado, que puede concesionarlos. La convivencia de ambos derechos depende de acuerdos y la propia mediación del Estado. Se suma un tercer elemento en el Sur que es la ocupación y las actividades particulares que tienen los habitantes de esa zona: transhumancia, pastoreo extensivo y arraigo a una zona que no es densamente poblada.
El Malargüe Distrito Minero Occidental es el gran proyecto de impulso a la minería. En realidad no existe como tal, sino que es una figura política creada para darle un marco a la búsqueda de cobre en un área de 20 mil kilómetros cuadrados de superficie. En la primera etapa se enviaron 34 proyectos de exploración, pero podrían superar los 200 cuando se avance. El área tiene complejidades especiales por la presencia de más de 600 glaciares y también porque es habitado por crianceros.
Los puestos dentro del distrito minero.
En el Informe de Impacto Ambiental indica que hay casi 500 puestos relevados. En el distrito Malargüe hay registrados 82 puestos. El Distrito Río Grande es el más importante y hay 297 puestos. En el Distrito Barrancas se censaron 52 puestos y en Agua Escondida 15 puestos.
Entre los puesteros hay varias familias que son parte de la comunidad mapuche. En el IIA aseguran que hay 14 comunidades mapuches que iniciaron los trámites de reconocimiento legal, pero solo 2 están dentro del Distrito.. En el relevamiento figuran: Lof Kupan Kupalme, Lof Malal Pincheira, Lof Ranquil-ko, Comunidad Agua de la Vaca, Lof El Altepal, Lof Laguna Iberá, Lof Buta Mallin, Lof Poñi We, Lof Limay Kurref, Lof Yanten Florido, Lof Epu Leufú, Lof Suyai Levfv, Lof El Morro, Lof Bardas Bayas. “De las 14 comunidades que cuentan con los tramites presentados para ser reconocidas como tales en el Registro Nacional y Provincial, solo 2 se encuentran dentro del Área de Estudio DMMO: la comunidad Lof Malal Pincheira y la Comunidad Lof Buta Mallin”, aseguran.
En la zona también hay intereses petroleros. Según el informe sectorial de la Dirección de Hidrocarburos, en la superficie donde se encuentran los 34 proyectos de exploración dentro del MDMO, hay "distintas áreas petroleras del sur de la provincia. Dentro de estas, se encuentran las que están con Permisos de Exploración y con Concesiones de Explotación las cuales se deben tener en cuenta". Entre otras, se superponen las áreas petroleras Calmuco, Sierra Azul, Cajón de los Caballos, Cerro Manzano, La Brea, Malargüe y Las Leñas.
Mdzol.com