El proyecto de ley que establece el marco jurídico para el cierre y postcierre de minas en la provincia se trataría en la sesión a realizarse el próximo 7 de junio en la Legislatura. Se aprobaría con algunas modificaciones.
El proyecto de ley que establece el marco jurídico para el cierre y postcierre de minas en la provincia se trataría en la sesión a realizarse el próximo 7 de junio en la Legislatura. Se aprobaría con algunas modificaciones.
El texto enviado por el Ejecutivo provincial, que tomó estado parlamentario en la sesión desarrollada el jueves pasado, fue tratado esta semana por las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Turismo, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Minería, reunión que contó con la presencia del ministro de Minería, Alberto Hensel, que fue invitado por los legisladores para explicar algunos detalles del proyecto.
Si bien los legisladores coincidieron en la mayoría del artículado, hubo determinados temas, como el de la garantía financiera, en el que hubo algunos planteos. Por tal motivo decidieron volver a reunirse la próxima semana para acordar y darle despacho de Comisión, y así tratarlo en el recinto en la sesión del jueves 7 de junio. César Aguilar, uno de los integrantes de la Comisión de Minería, señaló que en general "estuvimos de acuerdo" con el proyecto enviado por el Ejecutivo, "pero hay algunos temas que debemos estudiar y profundizar, es un tema importante que necesita mucha dedicación, por dicha razón nos volveremos a juntar la próxima semana".
"Uno de los planteos que se hicieron en la reunión con el ministro Hensel, en cuanto a la garantía financiera más específicamente, es qué sucederá con la pequeña minería, con la minería no metalífera, ya que se trata de proyectos de poca envergadura a los que le estaríamos sumando un costo importante", explicó el diputado del bloque San Juan Federal.
La pretensión del Ejecutivo es que el proyecto se trate lo más rápido posible, atendiendo a que el proyecto Gualcamayo, ubicado en Jáchal, no está extrayendo mineral y actualmente está procesando el mineral que ya extrajo, procesamiento que terminaría en noviembre próximo. Además, Casposo, en Calingasta, está en la etapa final de su explotación, mientras que también se está definiendo el futuro de Pascua- Lama, futuro que puede desembocar en un cierre o que el proyecto en suelo iglesiano siga con otros inversores.
El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé una serie de obligaciones que los sujetos obligados deberán cumplimentar a fin de lograr los objetivos propuestos, entre ellos "la obligación de implementar un plan de cierre de minas desde el comienzo de la explotación o desde la entrada en vigencia de la presente ley, según se trate de proyectos mineros nuevos, proyectos mineros en operación o proyectos mineros temporalmente inactivos".
Según la normativa que están estudiando los diputados, "el titular del derecho minero y el operador deberán presentar conjuntamente con el Informe de Impacto Ambiental (IIA) un plan conceptual de cierre y post cierre que contemple la totalidad de las operaciones. El mismo será evaluado conjuntamente con el IIA y será aprobado por la Autoridad de Aplicación, que será la Autoridad Ambiental Minera, renovándose en forma bienal".
Por otra parte, el proyecto señala que se "deberá constituir una garantía financiera para cubrir los costos de prospección, exploración y explotación de las tareas, acciones, actividades y medidas técnicos- científicas y jurídico- administrativas necesarias para el cierre, rehabilitación del área y post cierre de la mina en cualquiera de sus etapas".
"El plazo para realizar la constitución de las garantías y ponerla a disposición de la Autoridad de Aplicación se determinará en función de la vida útil de la mina. Cuando la vida útil fuera estimada hasta 15 años, la garantía deberá estar puesta a disposición a mitad de su vida útil. Cuando la vida útil excediera de 15 años, el total de la garantía deberá estar puesta a disposición dentro de los 10 años", agrega el texto.
Diario EL Zonda
